Judiciales bonaerenses: el reclamo escala y un plenario puede definir medidas de fuerza
El malestar entre los trabajadores del Poder Judicial bonaerense tendrá este viernes 28 de agosto una instancia decisiva. La Seccional N.º 13 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) reunirá a sus congresales en San Justo para discutir cómo continúa un reclamo que abarca salarios, falta de personal, movilidad, cobertura médica y condiciones de trabajo. Si no aparecen respuestas, la organización anticipó que podría avanzar con medidas de acción directa.
La advertencia llega después de dos comunicados y de una presentación formal ante el presidente de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres. Los documentos llevan las firmas del secretario general de la seccional, Rubén Neira, y del secretario gremial, Nahuel Lucas Neira. La nueva conducción busca instalarse como interlocutora en un terreno donde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reivindica la representación mayoritaria, por lo que el conflicto laboral también alimenta una disputa sindical.
El reclamo que llegó a la Corte
El 21 de agosto, la UEJN pidió al titular del máximo tribunal una audiencia urgente y la apertura de una mesa permanente para discutir ingresos, prestaciones sanitarias y condiciones laborales. El sindicato sostuvo que una parte de los empleados quedó por debajo de la línea de pobreza y vinculó ese deterioro con el endeudamiento para pagar alquileres, alimentos y gastos corrientes. “Tenemos sueldos que están bajo la línea de la pobreza, y no quiero decir que bajo la indigencia”, había advertido Neira en una entrevista reciente.
La organización reclama una equiparación del 100% con la Justicia Nacional bajo el principio de “igual remuneración por igual tarea”. En placas que difundió a través de las redes sociales, comparó básicos iniciales de julio de 2026: para un secretario de juzgado nivel 19 consignó $1.416.501,94 en la Provincia frente a $5.237.797,32 en el ámbito nacional o federal. Para un auxiliar letrado bonaerense informó $1.416.501, contra $4.091.280 para un prosecretario administrativo federal.
El petitorio también incluyó cuestionamientos al funcionamiento de IOMA. La seccional denunció restricciones de cobertura, demoras en autorizaciones y reintegros, cobros adicionales y dificultades para sostener medicamentos o tratamientos. A la vez, incorporó a su campaña de afiliación el pedido de libertad para que cada empleado pueda elegir adónde derivar sus aportes de obra social.
Menos personal y más recorridos
La otra parte del conflicto se concentra en las oficinas de Mandamientos y Notificaciones. La UEJN cuestionó las rezonificaciones aplicadas en Mar del Plata y Morón porque, según afirmó, amplían zonas y recorridos para distribuir más tareas entre planteles reducidos. También sostuvo que la modificación territorial elimina zonas vacantes y evita el reconocimiento de gastos de traslado.
El gremio pidió dejar sin efecto la Resolución N.º 15/2024, a la que atribuye restricciones sobre la movilidad por diligencias realizadas en días y horarios inhábiles. También objetó el Acuerdo N.º 4238, que, según el comunicado, fija ese concepto en 0,40 JUS, y mantuvo su propuesta de garantizar el equivalente a 15 litros de nafta súper por día. Su argumento es que la movilidad no constituye un adicional salarial, sino el reintegro de un gasto necesario para prestar el servicio.
El pliego incluye la cobertura de vacantes, la universalización del cargo de Oficial Primero, un plus por función, el reconocimiento de tareas consideradas peligrosas, el pago del trabajo fuera del horario habitual y el cese de sumarios por demoras que la organización atribuye a la escasez de personal y recursos.
La Matanza aparece como el caso más delicado. Los planteos elevados el 5 de agosto a la Dirección General seguían, según el sindicato, sin contestación. Neira, que trabaja como oficial de justicia en esa dependencia, aseguró que faltan 14 personas y que sólo quedan cinco oficiales para cumplir la tarea.
La UEJN también respaldó la designación definitiva de Juan Manuel Molina, actual responsable de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, cuya continuidad habría sido solicitada por una amplia mayoría del personal.
Dos gremios y una misma Corte
La ofensiva se desarrolla sobre una interna sindical que ya tuvo protestas separadas en abril. La AJB, conducida por Hugo Russo, había reclamado a la Corte avances en la carrera judicial, la subcategoría E, adicionales por permanencia, cobertura de vacantes y aplicación del Acuerdo 4093 para jubilados y pensionados. También cuestionó que el tribunal no participara de la mesa del 19 de marzo, en la que se acordó un aumento del 9% para febrero-abril.
La UEJN, organización nacional conducida por Julio Piumato, calificó aquel esquema como una “falsa paritaria” y ahora acusó a la AJB de exhibir como avances decisiones que, a su entender, no resuelven los problemas estructurales. Desde la asociación mayoritaria respondieron que existiría una “maniobra de pinzas” entre sectores de la Corte y la nueva seccional.
El dirigente de la AJB Julián Villarreal atribuyó parte del cuadro al ajuste de Javier Milei y a $15 billones que, según sostuvo, Nación no giró a la Provincia: “El enemigo central de los trabajadores del Poder Judicial está en la Casa Rosada, no en La Plata”.
El próximo capítulo será el viernes, desde las 16, en la sede de SE.O.C.A., ubicada en Hipólito Yrigoyen 2731 de San Justo. Allí la UEJN entregará diplomas a sus congresales y debatirá el curso del reclamo. La convocatoria fijó el objetivo: “Nos encontramos para celebrar, debatir los pasos a seguir y definir las medidas a adoptar”.