Legislativas Por: Mariana Portilla28 de agosto de 2026

El Papa rompió la grieta y las pantallas abrieron otra agenda: qué dejó la sesión de Diputados

Fuerza Patria y LLA coincidieron frente al FIT, mientras el recinto sancionó tres leyes y envió al Senado reformas sobre violencia digital, imágenes escolares y discriminación.
El cuerpo convirtió tres propuestas en ley, otorgó media sanción a la denominada Ley Ema y avanzó con regulaciones sobre el uso de imágenes de menores en las escuelas y la lucha contra la discriminación.

El dato más llamativo de la jornada no estuvo únicamente en la cantidad de expedientes aprobados, sino en una postal difícil de anticipar: peronistas y libertarios cerraron filas para defender la figura de Francisco frente a las críticas del Frente de Izquierda.

Más allá de los homenajes, las chicanas y el cruce religioso, Diputados dejó decisiones con efectos concretos. El cuerpo convirtió tres propuestas en ley, otorgó media sanción a la denominada Ley Ema y avanzó con regulaciones sobre el uso de imágenes de menores en las escuelas y la lucha contra la discriminación. Además, expresó su apoyo a la iniciativa vecinal que busca bautizar con el nombre del pontífice una zona de La Matanza.

Tres proyectos se convirtieron en ley

Las sanciones definitivas más importantes estuvieron vinculadas con la discapacidad y la asistencia a las personas que viven en la calle. Diputados aprobó la adhesión bonaerense a la Ley Nacional 26.816, que establece el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. El sistema contempla Talleres Protegidos Especiales para el Empleo, Talleres Protegidos de Producción y Grupos Laborales Protegidos.

El objetivo es facilitar el acceso a trabajos registrados, desarrollar capacidades y acompañar la incorporación progresiva al mercado laboral. Durante el debate, la diputada de Fuerza Patria Margarita Recalde señaló que apenas el 5% de las personas con discapacidad en edad de trabajar accede a una ocupación formal.

La segunda adhesión corresponde a la Ley Nacional 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral. La norma procura garantizar en el territorio bonaerense servicios educativos, terapéuticos, asistenciales y de rehabilitación, y crea un comité encargado de seguir su cumplimiento.

Ambos proyectos habían sido aprobados previamente por el Senado. Por eso, la votación de Diputados completó la sanción legislativa y los textos quedaron en condiciones de ser enviados al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El consenso se produjo en medio de una fuerte discusión nacional sobre las políticas dirigidas al sector. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la crisis en discapacidad ya había llevado a diputados nacionales a reclamar explicaciones y promover un juicio político contra las autoridades del área.

Christian Castillo, del Frente de Izquierda, vinculó las adhesiones con ese escenario y cuestionó el ajuste nacional. Desde la Coalición Cívica, Andrés De Leo recordó que había presentado una propuesta similar en 2016, pero que el debate había quedado paralizado por objeciones presupuestarias. “Diez años pasaron”, lamentó.

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La tercera sanción definitiva fue el proyecto del senador Federico Fagioli, de Patria Grande, destinado a garantizar los derechos de las personas en situación de calle o en riesgo de quedar sin vivienda.

La ley encomienda al Ejecutivo provincial la implementación de políticas de protección y asistencia, con intervención de los municipios y un abordaje que deberá contemplar alimentación, salud, documentación, acceso a servicios y acompañamiento social.

El expediente también tuvo un trasfondo político. Su tratamiento había quedado asociado a la negociación que permitió destrabar el recambio de autoridades dentro de La Libertad Avanza.

Fuerza Patria reclamaba que el proyecto fuera incorporado al temario, mientras los libertarios necesitaban completar el enroque entre Agustín Romo y Juan Osaba. Finalmente, la iniciativa llegó al recinto, Romo asumió la Vicepresidencia 3° de la Cámara y Osaba quedó al frente de la bancada violeta.

Uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Laura Sánchez, la madre de Ema, quien siguió el debate desde uno de los palcos. Ema era una adolescente bonaerense que se quitó la vida en agosto de 2024 después de sufrir la difusión y viralización de imágenes íntimas sin su consentimiento dentro de la comunidad educativa a la que pertenecía.

A partir de ese caso, su familia y distintas organizaciones comenzaron a impulsar una regulación específica para prevenir y abordar las violencias digitales contra niñas, niños y adolescentes.

El proyecto presentado por la diputada de Fuerza Patria Mayra Mendoza obtuvo media sanción. La propuesta define la violencia digital como cualquier acción, omisión o conducta realizada, instigada o agravada mediante tecnologías que provoque daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos, patrimoniales o morales.

La definición incluye la difusión no autorizada de contenidos íntimos, el hostigamiento, la extorsión y la suplantación de identidad.

Además, incorpora la formación en ciudadanía digital dentro del sistema educativo provincial y establece protocolos para detener la vulneración, preservar pruebas y activar el acompañamiento de los Equipos de Orientación Escolar.

El personal de las escuelas también deberá recibir capacitación específica para detectar los casos y saber cómo intervenir.

“Vivimos mediados por las pantallas”, advirtió Mendoza durante su intervención. La legisladora sostuvo que la política debe generar respuestas frente a problemas que ya forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes.

La Cámara también aprobó un proyecto de Luciana Padulo que regula el uso de fotografías, videos, voces y otros elementos identificatorios de niños, niñas y adolescentes por parte de los establecimientos educativos.

La propuesta obliga a las instituciones a contar con formularios específicos de autorización. Allí deberá ofrecerse expresamente la posibilidad de pixelar los rostros, distorsionar las voces u ocultar cualquier información que permita identificar a los estudiantes.

El cambio alcanza especialmente a las publicaciones en redes sociales de escuelas y jardines. Según Padulo, más de 15.000 establecimientos bonaerenses administran perfiles o espacios digitales sin que exista hasta ahora un marco uniforme para gestionar las autorizaciones.

El proyecto intenta modificar una práctica extendida: que una autorización general permita publicar imágenes sin precisar en qué plataforma aparecerán, durante cuánto tiempo estarán disponibles o qué medidas de resguardo serán utilizadas.

La preocupación no es abstracta. Un relevamiento difundido anteriormente por GRUPOLAPROVINCIA.COM mostró que uno de cada cuatro menores había recibido imágenes íntimas a través de internet, dentro de un escenario marcado por el crecimiento del acoso y la captación digital.

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Otra de las medias sanciones fue el proyecto impulsado por el vicepresidente de la Cámara, Alexis Guerrera, para promover y garantizar el principio de no discriminación en la provincia de Buenos Aires.

El texto establece herramientas de protección, sanción y reparación frente a conductas discriminatorias. También plantea políticas públicas destinadas a combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de exclusión, además de facilitar el acceso a la Justicia.

Guerrera sostuvo que la igualdad constitucional puede quedar reducida a una declaración si las personas afectadas no cuentan con procedimientos concretos para reclamar.

La discusión se trasladó además al terreno digital. El diputado cuestionó las campañas de hostigamiento, las etiquetas negativas y la intervención de las denominadas granjas de trolls en el debate público.

La localidad Papa Francisco todavía no fue creada

La parte más simbólica de la sesión giró alrededor de Jorge Bergoglio y la llegada prevista al país del Papa León XIV. Diputados declaró de interés legislativo una iniciativa impulsada por vecinos, comunidades religiosas y organizaciones de La Matanza para crear una localidad denominada Papa Francisco.

La propuesta comprende barrios ubicados entre la Ruta Nacional 3, el Camino de Cintura, la avenida Cristianía, la Ruta Provincial 21 y la avenida Crovara. Allí se encuentran Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo, Villegas, 22 de Enero, Villa Palito y otras comunidades vinculadas con la Obra de San José, encabezada por el padre Nicolás “Tano” Angelotti.

El proyecto fue llevado a la Legislatura por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria, quien destacó el vínculo de Bergoglio con el oeste del Conurbano y su trabajo pastoral sobre la inclusión y la dignidad humana.

La Cámara aprobó además otros homenajes a Francisco, impulsados por Soledad Alonso, Ricardo Lissalde y Fernando Rovello, y declaraciones vinculadas con la llegada de León XIV, presentadas por Nahuel Sotelo y Mariano Cascallares.

El homenaje religioso terminó produciendo la escena política más inesperada de la jornada. La diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer cuestionó el respaldo institucional a la Iglesia Católica, reclamó una separación efectiva entre Iglesia y Estado y pidió que no se destine “ni un peso” de fondos públicos a la visita de León XIV.

También vinculó a la institución con la persecución histórica de las mujeres, la oposición al aborto y el encubrimiento de abusos sexuales. Sus declaraciones provocaron las respuestas de Tignanelli y Sotelo, dos legisladores ubicados en extremos políticos opuestos.

El jefe del bloque peronista recordó que el justicialismo se define como un movimiento “profundamente cristiano y humanista”. Además, comparó las expresiones de Schlotthauer con las descalificaciones que Javier Milei había dirigido contra Francisco antes de asumir la Presidencia.

Sotelo, identificado con Las Fuerzas del Cielo, calificó los dichos de la izquierda como “estupideces” y reivindicó el papel histórico de la Iglesia. También celebró que todos los bloques, con excepción del FIT, acompañaran las iniciativas sobre León XIV.

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