Crisis en discapacidad: familias y prestadores marchan al Congreso contra el ajuste de Milei
La disputa por la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad llegará al recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 9 de septiembre, en una sesión especial convocada para las 12. Mientras la oposición busca avanzar con la extensión de la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027, el Gobierno de Javier Milei comenzó a trabajar en una iniciativa propia para regularizar el sistema y busca desactivar el tratamiento impulsado por los bloques opositores.
La discusión ocurre mientras organizaciones de personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores reclaman que la situación del sector continúa siendo crítica. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió extender la emergencia y convocó a una movilización frente al Congreso entre las 11 y las 13 del mismo miércoles.
El reclamo se concentra en el valor de las prestaciones, las pensiones y las compensaciones destinadas a los prestadores. Desde el Foro sostienen que los aranceles continúan por debajo de los costos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema y cuestionan que todavía no se haya realizado el estudio de costos previsto por la normativa.
La sesión del 9 de septiembre
La convocatoria fue formalizada por un amplio grupo de bloques opositores después de que la Cámara de Diputados no pudiera incorporar el tema al tratamiento sobre tablas en una sesión anterior. El pedido para el miércoles 9 incluye tanto la emergencia en discapacidad como distintas iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar.
Entre los firmantes aparecen Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Germán Martínez, de Unión por la Patria; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca; Marcela Pagano, de Coherencia; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda; y Miguel Pichetto, de Encuentro Federal.
El objetivo opositor no se limita a expresar el reclamo del sector. La iniciativa busca que el Congreso avance formalmente con el tratamiento de la prórroga de la emergencia, que actualmente tiene vigencia hasta fines de 2026.
El proyecto que figura en el trámite parlamentario como expediente 4018-D-2026 fue presentado el 14 de agosto y propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre sus firmantes se encuentran, entre otros, Juan Marino, Natalia De la Sota, Gisela Scaglia, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás del Caño, Pablo Juliano, Yolanda Vega, María Inés Zigarán, Victoria Tolosa Paz y Maximiliano Ferraro.
La Ley 27.793 fue sancionada en 2025 después de que el Congreso insistiera con la iniciativa pese al veto presidencial. Su artículo primero declaró la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció que puede ser prorrogada por un año más.
La norma tiene como objetivo garantizar derechos vinculados con salud, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad. También contempla medidas relacionadas con el sistema de prestaciones básicas establecido por la Ley 24.901.
Por eso, la discusión actual no pasa solamente por extender una fecha. En el Congreso se debate qué instrumentos continuarán vigentes, cómo se actualizarán los valores de las prestaciones y de qué manera se financiará un sistema que incluye a personas con discapacidad, instituciones, profesionales y trabajadores.
El Gobierno prepara una alternativa
La estrategia oficial comenzó a tomar forma esta semana, cuando el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, concurrió a la Comisión de Discapacidad de Diputados para responder preguntas de los legisladores.
Durante la reunión, Vilches expuso las medidas adoptadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad y defendió la política implementada por el Gobierno. Según informó oficialmente el Ministerio de Salud, el funcionario destacó las actualizaciones aplicadas al nomenclador de prestaciones y las medidas vinculadas con el sistema de pensiones y los mecanismos de control.
El Gobierno informó que durante 2026 se realizaron actualizaciones arancelarias en febrero, abril, mayo, julio y agosto. La última actualización para agosto fue del 2,10%, de acuerdo con la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
La administración de Milei sostiene que el objetivo es ordenar el sistema, mejorar la identificación de beneficiarios y fortalecer los mecanismos de control. La exposición oficial también puso el foco en la sostenibilidad del esquema de prestaciones.
Sin embargo, la presentación no despejó la principal incógnita política: qué ocurrirá después del 31 de diciembre con la emergencia y con las herramientas específicas que contempla la ley.
Las dudas que quedaron en Diputados
Durante la reunión de comisión, uno de los principales puntos de tensión fue justamente la continuidad de la emergencia. El diputado Eduardo Valdés consultó a Vilches sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto de la posibilidad de prorrogar la norma. El funcionario evitó dar una definición concreta, en un escenario en el que el oficialismo ya trabaja sobre una propuesta propia.
La discusión también alcanzó las pensiones no contributivas, los pagos a prestadores y el cumplimiento de las distintas herramientas previstas en la legislación vigente.
La Comisión de Discapacidad, que preside el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, había convocado la reunión informativa con funcionarios nacionales. Allí también participaron Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, y otros funcionarios del área.
El oficialismo busca ahora extender el debate en comisión y elaborar un proyecto propio. La estrategia apunta a evitar que la oposición consiga avanzar directamente con la prórroga de la emergencia durante la sesión especial.