Kicillof juega fuerte en los puertos: incentivos, bandera argentina y un mensaje a la Casa Rosada
La provincia de Buenos Aires decidió avanzar sobre uno de los espacios que considera abandonados por el Gobierno de Javier Milei: la planificación de la marina mercante y la industria naval. Con incentivos económicos, prioridades operativas y una nueva mesa de articulación, la gestión de Axel Kicillof busca utilizar el peso del sistema portuario bonaerense para recuperar participación de los buques de bandera nacional.
El movimiento tuvo lugar durante la primera reunión del Consejo Portuario Bonaerense, encabezada por el Gobernador en el marco del cuarto Congreso Productivo. Allí confluyeron autoridades de terminales públicas y privadas, representantes sindicales, empresas y funcionarios provinciales.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, le imprimió contenido político a la presentación y apuntó contra la retirada del Ejecutivo nacional de áreas estratégicas. “La soberanía se construye a partir de políticas que impulsen el desarrollo de la industria naval y la logística del país. Tenemos que recuperar las capacidades y responsabilidades en esta materia que el actual Gobierno nacional abandonó”, sostuvo.
El paquete anunciado establece que los buques de pabellón nacional tendrán prioridad de giro para ingresar a los puertos bonaerenses, siempre que se encuentren en igualdad de condiciones náuticas y operativas respecto de otras embarcaciones.
También se aplicarán descuentos en las tasas portuarias para los barcos que adopten la bandera argentina. El objetivo es revertir la pérdida de participación nacional en el transporte marítimo y aumentar la cantidad de escalas realizadas por esas unidades.
A ese beneficio se sumará una reducción adicional para las embarcaciones cuya última reparación se haya realizado, durante los doce meses anteriores, en un astillero radicado en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el esquema conecta la actividad portuaria con los talleres navales y busca generar nuevos contratos para un sector que depende de una demanda sostenida y especializada.
Los buques nacionales que eleven la frecuencia de sus escalas respecto del promedio registrado durante los dos años anteriores también accederán a incentivos. Las disposiciones tendrán una vigencia inicial de 18 meses y cada terminal deberá administrarlas sin comprometer su funcionamiento habitual.
El Puerto de Coronel Rosales agregó una herramienta propia: otorgará una bonificación adicional del 5% sobre la tasa de uso cuando las embarcaciones contraten trabajo local.
Kicillof contrapone su modelo al repliegue de Nación
Durante la actividad, Kicillof afirmó que el nuevo Consejo es resultado de una política destinada a consolidar los puertos como un sistema integrado. El mandatario repasó las inversiones provinciales, los créditos concedidos a los consorcios, la remoción de embarcaciones abandonadas y los procesos de modernización y digitalización.
La agenda tecnológica tiene antecedentes concretos. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Provincia promovió acuerdos con instituciones académicas para incorporar sistemas de trazabilidad, digitalizar trámites y mejorar la planificación logística. Esa estrategia buscó resolver problemas operativos, pero también reducir la fragmentación entre las distintas terminales bonaerenses.
Ahora, el Gobierno provincial intenta sumar una segunda capa a ese proceso: utilizar tasas, prioridades de ingreso y beneficios económicos para orientar decisiones empresariales en favor de la marina mercante y de los astilleros locales.
“En un contexto complejo, con la ausencia de un Gobierno nacional que ha paralizado todas las obras, estamos aquí pensando en el crecimiento y en el futuro”, señaló Kicillof, quien definió a los puertos como una pieza crucial para el desarrollo bonaerense.
Un Consejo con actores públicos, privados y sindicales
El Consejo Portuario Bonaerense, vigente desde agosto, es presidido por la Autoridad Portuaria Provincial. Lo integran las conducciones de los puertos públicos, representantes de terminales privadas, organizaciones gremiales y sectores empresariales vinculados con la actividad.
La composición busca darle al Ejecutivo un ámbito estable para discutir inversiones, regulaciones, infraestructura, empleo y logística. Para el ministro de Producción, Augusto Costa, faltaba una mesa que representara a todo el ecosistema portuario y permitiera elaborar diagnósticos y respuestas comunes.
El subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, remarcó que las bonificaciones no son decisiones aisladas de cada terminal, sino partes de una estrategia provincial orientada a recuperar presencia de la bandera argentina, sostener puestos laborales y aumentar la actividad de los astilleros.
El primer posicionamiento político del organismo también marcó el tono de esta nueva etapa. A propuesta de Kicillof, sus integrantes aprobaron por unanimidad un repudio a la intervención nacional sobre el puerto provincial de Tierra del Fuego.
Puertos y soberanía, otro capítulo de la disputa con Milei
La discusión excede el funcionamiento cotidiano de las terminales. Para el kicillofismo, contar con barcos nacionales, capacidad de reparación y una red portuaria articulada es una condición para reducir la dependencia logística y conservar decisiones estratégicas dentro del país.
Ese planteo se relaciona además con la histórica defensa bonaerense del Canal Magdalena. La Provincia considera estratégica esa vía navegable porque permitiría conectar de manera directa el litoral marítimo con el fluvial, evitar parte de la dependencia del canal Punta Indio y fortalecer la integración de los puertos argentinos.
La nueva batería de incentivos tiene un alcance más acotado, pero responde a la misma concepción. Mientras la Casa Rosada impulsa la desregulación y una mayor participación privada, la Provincia pretende orientar el funcionamiento portuario mediante planificación estatal, beneficios selectivos y coordinación con gremios y empresas.
Así, los puertos se convierten en otro escenario de la disputa entre Kicillof y Milei. Ya no se trata solamente de fondos u obras paralizadas: la discusión alcanza ahora quién define la estrategia logística, qué lugar conserva la bandera nacional y qué Estado interviene para sostener la industria naval argentina.