El campo se mete de lleno en la agenda del Senado: el paquete que cruza clima, impuestos y caminos rurales
La agenda del campo comenzó a ganar espacio en el Senado bonaerense. La comisión de Asuntos Agrarios y Pesca aprobó por mayoría dos proyectos de ley vinculados con las economías regionales y la asistencia frente a eventos climáticos, además de una serie de pedidos de informes que vuelven a poner bajo la lupa los caminos rurales y las políticas destinadas a la producción.
El movimiento legislativo llega en un momento especialmente sensible para el interior de la provincia de Buenos Aires. A la posibilidad de un evento El Niño de fuerte intensidad se suman suelos saturados, sectores anegados, reclamos por el estado de la red vial y críticas por la demora de obras hídricas estratégicas.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, el senador de La Libertad Avanza Gonzalo Cabezas. También participaron Matías De Urraza y Nerina Neumann; los peronistas María Inés Laurini, María Arata y Marcos Pisano; Natalia Quintana, de Hechos; y Jorge Schiavone, del PRO.
Una reforma atravesada por la amenaza de El Niño
Uno de los expedientes que obtuvo dictamen propone modificar la Ley 10.390, que regula la declaración de emergencia y desastre agropecuario en territorio bonaerense. De acuerdo con la información oficial del Senado, la iniciativa pertenece a Gonzalo Cabezas y busca actualizar el mecanismo de asistencia para establecimientos afectados por fenómenos climáticos, biológicos o físicos.
El objetivo es reducir los porcentajes de afectación que actualmente debe acreditar un productor para acceder a beneficios fiscales, crediticios y administrativos. En la práctica, la modificación permitiría incorporar al régimen a explotaciones que sufren pérdidas relevantes, pero no alcanzan los umbrales establecidos por la normativa vigente.
La discusión adquiere otra dimensión ante los pronósticos sobre El Niño. El fenómeno podría generar lluvias superiores a los valores normales durante la primavera y el verano, sobre un territorio que ya presenta una capacidad limitada para absorber nuevas precipitaciones.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Ejecutivo provincial puso en marcha tareas de limpieza de canales, mantenimiento de desagües y preparación de equipos para atender emergencias. Al mismo tiempo, reclamó a la Nación que destrabe créditos internacionales destinados a infraestructura hídrica.
El problema no reside únicamente en el volumen de agua previsto. Parte de la provincia llega a esta etapa con napas altas, campos anegados y obras de largo plazo que continúan demoradas. En ese escenario, la reforma busca que la ayuda oficial pueda activarse antes y alcance a una mayor cantidad de damnificados.
El segundo proyecto de ley aprobado pertenece a la senadora radical Nerina Neumann y crea un Régimen de Promoción de la Olivicultura del Sudoeste Bonaerense. La propuesta busca favorecer la implantación de olivares, aumentar la superficie cultivada y promover la industrialización, comercialización y generación de valor en origen. También incorpora el desarrollo turístico relacionado con el cultivo y la elaboración de sus derivados.
El programa abarcaría municipios como Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Tornquist, Puan y Villarino, entre otros distritos del sudoeste. La región reúne condiciones climáticas y productivas para expandir una actividad que todavía tiene un peso menor frente a los cultivos tradicionales.
Entre los incentivos contemplados aparece una exención por diez años del Impuesto Inmobiliario Rural y una bonificación de hasta el 50% en Ingresos Brutos para las actividades alcanzadas.
“La Ruta del Olivo constituye actualmente una herramienta de promoción institucional que requiere ser complementada con instrumentos económicos concretos que impulsen efectivamente la inversión, la ampliación de superficie cultivada y el agregado de valor en origen”, explicó Neumann.
Los caminos rurales quedaron bajo la lupa
La comisión también avaló un pedido de informes de Cabezas para conocer el grado de avance del Plan de Mejora de los Caminos Rurales. El senador libertario pretende acceder a información sobre los recursos utilizados, los kilómetros intervenidos, la maquinaria disponible y la planificación prevista para los próximos meses.
La discusión atraviesa tanto a la Provincia como a los municipios. Buenos Aires cuenta con más de 120.000 kilómetros de caminos rurales y cerca del 90% son de tierra. Su mantenimiento depende principalmente de las administraciones comunales, aunque el Gobierno provincial implementa programas de asistencia, financiamiento y entrega de maquinaria.
El estado de estos corredores tiene consecuencias que exceden el traslado de la producción. Cuando quedan intransitables, también dificultan la llegada a escuelas, centros de salud y localidades del interior, además de demorar el ingreso de ambulancias, patrulleros y servicios esenciales.
Un relevamiento citado en los fundamentos de anteriores iniciativas legislativas mostró que el 79% de los productores consultados en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado calificó la transitabilidad como “mala” o “muy mala”. Además, el 68% aseguró haber sufrido perjuicios económicos y el 59% estimó que el deterioro elevó más de un 10% sus costos logísticos.
Frente a este panorama, la Provincia lanzó un Plan Director de Caminos Rurales basado en relevamientos georreferenciados, estudios hidrológicos y la definición de prioridades junto con municipios y sectores productivos.
Según reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM en un informe sobre la estrategia bonaerense para la red vial rural, los primeros convenios fueron firmados con Tapalqué, Chascomús, Ayacucho, Laprida, Nueve de Julio, Bolívar, General Guido e Hipólito Yrigoyen. El esquema prevé elaborar diagnósticos técnicos antes de determinar dónde realizar obras, mejoras o tareas de conservación.
El pedido aprobado por el Senado apunta ahora a conocer cuánto avanzó esa planificación y de qué manera se tradujo en intervenciones concretas.
En paralelo, la comisión dio curso a otros dos pedidos de información. Uno de ellos, presentado por Cabezas, solicita precisiones sobre el régimen provincial de promoción e incentivo de la industria vitivinícola.
El restante pertenece al senador de Hechos Marcelo Leguizamón Brown y busca conocer las políticas desplegadas contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, los controles efectuados y los recursos disponibles para combatir esa actividad.
Además, fueron respaldados dos proyectos de declaración vinculados con acontecimientos tradicionales del calendario productivo: la Exposición Rural 2026, por iniciativa de Sergio Vargas, y la Expomiel Azul, propuesta por María Inés Laurini.