Presupuesto 2027: se complica el acuerdo con los aliados, LLA no consigue los votos y se demora el dictamen en Diputados
El gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en las negociaciones por el Presupuesto 2027. A pesar de los intentos de La Libertad Avanza (LLA) por cerrar un acuerdo con sus aliados, el PRO, la UCR y los bloques provinciales mantuvieron sus objeciones a distintos artículos del proyecto y obligaron al oficialismo a postergar la firma del dictamen de mayoría, inicialmente prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados.
El desacuerdo quedó expuesto después de una reunión entre las autoridades del bloque libertario y representantes de las bancadas dialoguistas, que reclamaron modificaciones en el financiamiento universitario, las asignaciones sociales, los recursos para obras públicas y determinadas medidas tributarias.
También se sumó un planteo del macrismo por las deudas de coparticipación que Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúan las conversaciones sobre las partidas destinadas a discapacidad.
La falta de consenso modificó el cronograma parlamentario que había diseñado el oficialismo. La firma del despacho podría trasladarse al 11 o al 17 de noviembre, mientras que el tratamiento en el recinto pasaría del 18 al 25 de ese mes.
El PRO y la UCR frenaron el acuerdo que buscaba Martín Menem
La negociación se desarrolló en Diputados, donde las autoridades libertarias intentaron acercar posiciones con las fuerzas que integran el espacio dialoguista. Del encuentro participaron dirigentes del oficialismo como Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisele Castelnuovo, junto con representantes de otros bloques, entre ellos Javier Sánchez Wra, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Nancy Picón, de Producción y Trabajo; y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal.
La reunión tenía como objetivo resolver los últimos desacuerdos antes de la firma del dictamen, pero las conversaciones no permitieron alcanzar una posición común. El oficialismo terminó aceptando que no estaban dadas las condiciones para emitir el despacho este miércoles. La decisión también complica el objetivo de llevar la iniciativa al recinto el 18 de noviembre.
El problema no se limita a una diferencia sobre determinadas partidas. Los aliados reclaman que el Gobierno incorpore compromisos concretos en el texto presupuestario, mientras que desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, se mantiene la condición de preservar el equilibrio fiscal.
Universidades: una diferencia de $3,7 billones sin resolver
El financiamiento de las universidades nacionales continúa entre los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento. El proyecto oficial contempla una asignación de $7,3 billones para 2027, mientras que los rectores reclaman aproximadamente $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema universitario.
La Unión Cívica Radical mantiene una posición crítica sobre los recursos previstos y reclama una mejora de las partidas, en línea con las demandas de las autoridades universitarias. El conflicto también se relaciona con la discusión sobre la legislación de financiamiento universitario, que dio lugar a enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso.
La Casa Rosada había evaluado distintas alternativas para reducir las diferencias, entre ellas una recomposición parcial de los fondos y modificaciones en las contribuciones patronales que abonan determinadas instituciones.
Sin embargo, ninguna de esas opciones logró cerrar hasta ahora el desacuerdo, y los representantes radicales consideran necesario alcanzar una solución presupuestaria antes de comprometer su acompañamiento.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno ya había iniciado la semana con negociaciones destinadas a destrabar las partidas universitarias y de discapacidad, además de los reclamos financieros de los gobernadores. La falta de acuerdo confirma que esos capítulos continúan condicionando el tratamiento de la iniciativa.
Obras públicas, combustibles y coparticipación: los nuevos reclamos
Además de las universidades, los bloques aliados incorporaron demandas relacionadas con las obras de infraestructura y la política tributaria. Entre los principales pedidos aparece la reducción del impuesto a los combustibles, una modificación que podría afectar la recaudación prevista para el próximo ejercicio. También se reclama una disminución del IVA aplicado a los huevos y sus derivados, actualmente del 21%, para llevarlo al 10,5%.
En materia de infraestructura, los legisladores plantean establecer mecanismos que garanticen los plazos de ejecución y las condiciones de financiamiento de las obras públicas en rutas nacionales. La cuestión tiene especial importancia para las provincias que vienen reclamando inversiones en corredores viales y mantenimiento de rutas, luego de la paralización de numerosos proyectos desde 2023.
El PRO, por su parte, incorporó un reclamo relacionado con los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La discusión involucra las transferencias que el gobierno porteño considera pendientes por parte de Nación. Desde el oficialismo nacional estiman que ese conflicto podría resolverse mediante conversaciones entre Luis Caputo y Jorge Macri, sin necesidad de introducir todas las modificaciones dentro del proyecto presupuestario.
Sin embargo, el macrismo mantiene el reclamo como parte de las condiciones para acompañar la iniciativa. La suma de pedidos tributarios, compromisos de infraestructura y transferencias a la Ciudad amplió las diferencias entre el Gobierno y los bloques que necesita para conseguir la aprobación.
Discapacidad y asignaciones sociales: las concesiones que todavía no alcanzan
En materia de discapacidad, La Libertad Avanza y sus aliados alcanzaron un principio de acuerdo para retirar cuatro artículos del proyecto que introducían modificaciones en el régimen vigente. La negociación contempla, además, revisar las partidas para garantizar el financiamiento de las prestaciones y las obligaciones vinculadas con la legislación que se encuentra en tratamiento parlamentario. Sin embargo, todavía resta determinar si los recursos previstos serán suficientes y qué modificaciones deberán incorporarse al texto definitivo.
Otra diferencia está relacionada con la propuesta del Gobierno de eliminar los mecanismos de actualización automática de determinadas asignaciones sociales. Los bloques dialoguistas reclaman mantener la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y otras prestaciones destinadas a familias con menores ingresos.
La discusión tiene consecuencias sobre el gasto presupuestario, porque los mecanismos de actualización establecen cómo evolucionan los beneficios frente a la inflación. Los representantes de la UCR y otros bloques aliados consideran que eliminar esas herramientas podría afectar el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Para el oficialismo, en cambio, cualquier modificación debe ser compatible con el esquema de ingresos y gastos establecido para 2027. Aunque hubo avances parciales, las diferencias sobre el alcance de las prestaciones y su financiamiento todavía impiden consolidar un acuerdo general.