IOMA reordena su directorio en plena crisis: los gremios ganan peso y crece la presión sobre la gestión
El gobierno de Axel Kicillof oficializó la renovación de los representantes de los trabajadores estatales y docentes en el directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El movimiento garantiza lugares para UPCN y SUTEBA dentro de la estructura que conduce Homero Giles, en un momento atravesado por reclamos prestacionales, protestas de afiliados y cuestionamientos opositores.
Por el personal administrativo, Silvina Claudia Di Yorio fue nombrada directora titular y Raúl Horacio Antonetti, suplente. Ambos fueron propuestos por UPCN Seccional Provincia de Buenos Aires y tendrán mandato durante los próximos cuatro años.
El movimiento se produjo después del vencimiento del período de Antonetti como titular y de la vacancia que había quedado en la suplencia tras la renuncia de Di Yorio en 2023. La nueva conformación fue formalizada mediante un decreto firmado por Kicillof y los ministros Nicolás Kreplak y Carlos Bianco.
En la representación docente, el Ejecutivo había convocado a SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) para presentar candidatos y acreditar su cantidad de afiliados. Solamente SUTEBA y FEB entregaron la documentación requerida.
Luego de analizar los antecedentes y el nivel de representatividad de cada organización, la Provincia resolvió adjudicar el lugar a SUTEBA. José Luis Nogueira fue designado director titular y Karina Carbonetti, suplente, con mandatos computados desde el 9 de mayo de 2026. Nogueira pidió desempeñar sus funciones ad honorem, condición incorporada expresamente al decreto.
Los gremios llegan a un IOMA bajo presión
La incorporación de los nuevos representantes encuentra al Instituto lejos de un escenario de normalidad. Durante los últimos meses se multiplicaron las denuncias por retrasos en honorarios, reintegros pendientes, interrupciones de tratamientos, problemas en las autorizaciones y conflictos económicos con clínicas, profesionales e instituciones dedicadas a la discapacidad.
Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, los reclamos dejaron de estar concentrados en una sola ciudad. La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Trenque Lauquen registraron problemas diferentes, pero vinculados por un mismo factor: la incertidumbre sobre la continuidad de servicios esenciales.
Familiares de personas con discapacidad y acompañantes terapéuticos denunciaron demoras de varios meses en los pagos. Centros de día y hogares especializados también advirtieron que los desembolsos parciales resultaban insuficientes para sostener transportes y tratamientos.
En Bahía Blanca, el Instituto de Rehabilitación Integral (IREL) llegó a suspender prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La atención fue restablecida después de un pago parcial de IOMA, aunque las familias alertaron que el conflicto podía repetirse si no se regularizaban las transferencias.
La tensión también alcanzó a los médicos platenses. La Agremiación Médica Platense reclamó durante el año montos correspondientes a prestaciones, diferencias arancelarias y gastos administrativos, y llegó a anunciar una suspensión de la atención. IOMA respondió con pagos parciales y sostuvo que parte de las facturas cuestionadas todavía se encontraba dentro de los plazos establecidos por convenio.
Acompañantes terapéuticos: la explicación oficial
Ante el crecimiento de las protestas, Homero Giles salió a defender la administración del organismo. En una columna de opinión publicada en Página/12, calificó como “falsa” la versión sobre un ajuste generalizado contra los acompañantes terapéuticos y denunció una “manipulación informativa” alrededor del conflicto.
El titular de IOMA sostuvo que buena parte de la controversia surge de la diferencia entre las prestaciones autorizadas mediante el circuito administrativo habitual y aquellas que ingresan a través de amparos judiciales. Según su explicación, las coberturas reconocidas directamente por el Instituto conservaron sus condiciones, mientras que la disputa se concentra en servicios ordenados judicialmente con valores, cargas horarias o modalidades diferentes.
Esa respuesta no cerró el conflicto. Prestadores y familiares señalan que, más allá del origen de cada autorización, las demoras ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos. También cuestionan los tiempos de auditoría, la actualización de los aranceles y la falta de previsibilidad para sostener equipos profesionales.
El gobierno bonaerense encuadra parte de los problemas dentro de la crisis general del sistema sanitario. Kreplak informó que IOMA registró un incremento del 37% en consultas y prácticas y del 30% en medicamentos de alto costo respecto del período anterior.
La Provincia atribuye ese salto al traslado de pacientes que cuentan con doble cobertura, pero dejaron de utilizar PAMI o empresas de medicina prepaga debido al encarecimiento de los planes y las dificultades de atención. Según los cálculos oficiales, esa demanda adicional representa cerca de $6.000 millones mensuales.
El Ministerio de Salud también sostiene que la reducción de transferencias nacionales obligó a Buenos Aires a asumir gastos que antes afrontaba la Nación, entre ellos medicamentos, anticonceptivos e insumos destinados a trasplantes. No obstante, esa explicación no responde completamente a los cuestionamientos sobre los circuitos internos, los contratos con prestadores y los plazos de pago que dependen del propio Instituto.
El frente político sigue abierto
La crisis también llegó a la Legislatura. En junio, la oposición reunió el número necesario para abrir una sesión especial dedicada a IOMA, pero no consiguió los dos tercios requeridos para tratar proyectos que no tenían despacho de comisión.
El temario incluía la interpelación de Giles, la declaración de la emergencia sanitaria, económica y financiera del organismo, la creación de una comisión bicameral de seguimiento y una modificación destinada a reforzar su autarquía financiera.
La oposición también reclamó información sobre las obligaciones pendientes con hospitales municipales, la evolución de los ingresos y egresos y el destino de los aportes descontados mensualmente a los empleados públicos. El oficialismo bloqueó el tratamiento sobre tablas.
La discusión incluye además una dimensión territorial. Intendentes y legisladores radicales reclamaron respuestas por las prestaciones en los municipios y vincularon el deterioro de la cobertura con las dificultades financieras que enfrentan los sistemas locales de salud. Esos planteos quedaron plasmados en pedidos de informes sobre medicamentos, convenios y atención a los afiliados.