“Compruebe los cráteres en carne propia”: radiografía del reclamo a Milei por las rutas nacionales
La llegada de Javier Milei a Bahía Blanca quedó atravesada por una lluvia de críticas desde la provincia de Buenos Aires por el deterioro de las rutas nacionales. El diputado bonaerense de la Coalición Cívica Andrés De Leo desafió al Presidente a viajar por tierra para comprobar el estado de los principales accesos a la ciudad y reclamó que Nación y Provincia dejen de intercambiar responsabilidades.
“Pídale a su chofer que venga por la Ruta 3. Usted va a comprobar el estado lamentable de esa ruta en muchos sectores que ponen en riesgo la vida de los argentinos”, planteó De Leo antes de la visita presidencial, prevista para este viernes con una agenda vinculada a las inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
El legislador amplió el recorrido sugerido a las rutas 33, 51, 65 y 205. Aunque algunas pertenecen a la órbita bonaerense, su mensaje apuntó a los dos gobiernos: “Presidente Milei, gobernador Kicillof: dejen de pasarse la pelota a ver quién tiene las rutas más rotas. Tomen el camino de la inversión. Arreglen las rutas”.
La intervención volvió a poner sobre la mesa un conflicto que ya acumula pedidos de informes, exposiciones parlamentarias, amparos y denuncias judiciales. El problema no se limita al estado del pavimento: detrás aparece la discusión por el destino del dinero recaudado mediante el impuesto a los combustibles y administrado a través del Sistema Vial Integrado (SisVial).
La Ruta Nacional 3 constituye uno de los principales corredores logísticos del sur bonaerense. Conecta áreas productivas, ciudades, puertos y destinos turísticos, pero acumula reclamos por baches, tramos deteriorados, falta de mantenimiento y obras inconclusas.
La situación también alcanza al denominado Paso Urbano El Cholo, una intervención proyectada para ordenar el tránsito en uno de los accesos a Bahía Blanca que quedó sin terminar. Frente a la falta de avances nacionales, el municipio conducido por Federico Susbielles decidió asumir parte de los trabajos.
La comuna llamó a licitación para reparar y reencarpetar 7,56 kilómetros de la Ruta Nacional 33, entre El Cholo y Bosque Alto. El presupuesto asciende a $2.394 millones y será aportado por el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, luego de que un convenio con Vialidad Nacional habilitara la intervención local sobre una traza que no pertenece a su jurisdicción.
Los números detrás del reclamo por el SisVial
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la discusión tomó volumen en la Legislatura bonaerense a partir de los pedidos de informes presentados por diputados de distintos espacios.
La documentación incorporada por el legislador de Unión y Libertad Martín Rozas indica que el SisVial recibió $1.503.252 millones entre 2024 y mayo de 2026, pero destinó $394.406 millones a obras. La ejecución acumulada habría alcanzado apenas el 26,2%, dejando una diferencia superior a $1,1 billones.
El comportamiento fue desigual, aunque la subejecución se mantuvo durante todo el período. En 2024 se habrían utilizado $40.670 millones sobre $360.238 millones ingresados, equivalentes al 11,3%. En 2025 fueron aplicados $270.592 millones de los $692.514 millones disponibles, cerca del 39%. Entre enero y mayo de 2026, la proporción volvió a descender: $83.144 millones sobre $450.500 millones.
“Los datos expuestos permiten advertir una significativa diferencia entre los recursos ingresados al sistema y aquellos efectivamente destinados a la ejecución de obras viales”, señaló Rozas. Su presentación exige conocer dónde quedó el remanente, qué cronograma existe para utilizarlo y qué controles realizaron la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
A ese expediente se sumó el diputado de Nuevos Aires Fabián Luayza, quien solicitó reconstruir cuánto recaudó el Estado nacional mediante el impuesto a los combustibles desde 2023, qué parte fue enviada al SisVial y cuánto se aplicó específicamente sobre corredores bonaerenses.
Luayza también reclamó que el Gobierno provincial informe las gestiones realizadas ante Economía y Vialidad Nacional, detalle las obras paralizadas y explique si existen negociaciones para ejecutar intervenciones mediante convenios o transferencias de jurisdicción.
El reclamo llegó al Congreso
La presión también avanzó en la Cámara de Diputados de la Nación. La bonaerense Marina Salzmann, de Unión por la Patria, presentó un pedido de informes sobre el destino de los recursos y encabezó un proyecto para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por legisladores como Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.
La ofensiva parlamentaria tomó fuerza después de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que una parte de los recursos del SisVial es destinada a Vialidad Nacional y otra queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.
“No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso”, cuestionó Salzmann. Según la diputada, los recursos acumulados permitirían intervenir más de 20.000 kilómetros de la red nacional.
La legisladora también reclamó respuestas por la Autopista Presidente Perón, una obra estratégica para conectar municipios del Área Metropolitana y mejorar la circulación de millones de personas. El proyecto permanece inconcluso y constituye otro de los frentes abiertos por la interrupción de la inversión nacional.
En tanto, Tolosa Paz llevó el conflicto al terreno judicial. La diputada presentó una denuncia penal contra Caputo y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, por la presunta utilización de recursos viales en inversiones financieras.
La presentación menciona posibles delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles. También impulsó un amparo colectivo para exigir que el dinero vuelva a su destino específico.
“Cada vez que cargamos combustible pagamos un impuesto destinado a mantener y recuperar las rutas nacionales. Pero mientras nuestras rutas se deterioran y se pierden vidas, esa plata termina en la timba financiera”, sostuvo la diputada.
El gobernador Axel Kicillof formuló una acusación similar. Aseguró que cada trabajador aporta al fondo vial cuando compra combustible, pero afirmó que Milei “se está robando todos esos recursos”. La Casa Rosada, por su parte, sostiene que su esquema busca terminar con obras ineficientes, ordenar las cuentas públicas y avanzar hacia concesiones privadas.
Intendentes entre accidentes y obras paralizadas
El conflicto tiene una expresión concreta en los municipios, que deben responder ante accidentes y emergencias ocurridas sobre caminos cuya conservación corresponde a Nación.
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, expuso ante la Comisión de Obras Públicas del Congreso por las rutas nacionales 3 y 228, dos corredores esenciales para acceder a los puertos de Bahía Blanca y Quequén. “En mis 55 años jamás vi la Ruta 228 en el estado lamentable en el que se encuentra”, afirmó.
Garate denunció problemas de bacheo, iluminación y mantenimiento. Además, aseguró que el Municipio ofreció utilizar recursos propios para efectuar reparaciones, pero necesita la autorización de Vialidad Nacional para actuar.
Sobre la Ruta 5, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, brindó uno de los diagnósticos más duros. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la calificó como “la ruta de la muerte” y advirtió que durante el primer semestre se registraron más de 200 accidentes y 21 fallecidos en ese corredor.
El jefe comunal vinculó la peligrosidad con la paralización de la autovía, el deterioro de la calzada y el crecimiento del tránsito pesado. Frente a Carlos Casares circulan diariamente hasta 3.800 camiones, muchos de ellos vinculados con la logística hacia Vaca Muerta.
Los cuestionamientos también alcanzan a la Ruta 8, donde el intendente de Colón, Waldemar Giordano, promovió una acción judicial después de registrar 30 siniestros, 60 heridos graves y 11 fallecidos desde 2022. En Carmen de Areco, Iván Villagrán reclamó la continuidad de la Ruta 7 y la finalización de trabajos pendientes hacia Chacabuco.
A su vez, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, resumió el cuestionamiento financiero con una frase: “Los impuestos son para hacer rutas, no para uso discrecional de Milei y Caputo”.