La trama detrás de un pacto improbable: llamadas, una cumbre y seis firmas para reformar el Tribunal Fiscal
El expediente apareció formalmente en la Cámara de Diputados el 26 de agosto, pero las firmas que lo acompañan cuentan una historia que empezó antes. La reforma del Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense consiguió sentar detrás del mismo proyecto a dirigentes de espacios que habitualmente compiten —y también a sectores del peronismo que atraviesan una fuerte interna— para modificar el organismo que resuelve las controversias entre contribuyentes y el fisco provincial.
La iniciativa lleva el número D-3107/26-27 y tiene las firmas de Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman, de Fuerza Patria; Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal; Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello, del PRO; y Martín Rozas, de Unión y Libertad. El registro oficial de Diputados confirma que ingresó el 26 de agosto y fue girado a Asuntos Constitucionales y Justicia, con Presupuesto e Impuestos como siguiente comisión.
La reforma no es menor: incorpora una tasa para quienes apelen determinadas decisiones tributarias, crea un fondo específico financiado con esa recaudación y modifica la estructura interna del Tribunal. Pero alrededor del contenido normativo hubo además una negociación política que involucró al propio organismo, dirigentes legislativos y funcionarios del Ejecutivo.
Entre quienes aparecen señalados como participantes activos de las gestiones está Marcelo Darío Giampaoli, actual presidente del Tribunal Fiscal. El funcionario fue designado vocal por Kicillof en febrero, junto con otros siete integrantes, luego de que la Legislatura prestara acuerdo a los pliegos.
La reconstrucción de las negociaciones también ubica a Mariano Cascallares, diputado provincial y dirigente cercano a Kicillof, como uno de los articuladores legislativos y como encargado de poner al tanto de los movimientos a Agustina Vila, secretaria general de Gobierno. El esquema, además, habría sido trabajado en coordinación con el Ministerio de Economía provincial, cartera de la cual depende el Tribunal Fiscal.
La composición del acuerdo tiene otro dato particular por el momento político que atraviesa Fuerza Patria. Facundo Tignanelli, presidente del bloque oficialista en Diputados y dirigente de La Cámpora, figura entre los impulsores. También aparecen Rubén Eslaiman, referente del Frente Renovador, y Cascallares, identificado con el armado político de Kicillof. La coincidencia ocurre mientras esos sectores mantienen diferencias públicas sobre diversos temas.
Pero el entendimiento se extendió fuera del oficialismo. El proyecto tiene el respaldo de Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal; Alejandro Rabinovich, titular de la bancada PRO; Fernando Rovello, también del PRO; y Martín Rozas, presidente de Unión y Libertad.
El dato está lejos de ser habitual en una Legislatura donde buena parte de los proyectos de impacto económico requieren extensas negociaciones para conseguir mayorías. En este caso, la convergencia apareció desde la propia presentación del expediente: los jefes de varias bancadas figuran directamente entre sus autores.
Los firmantes explicaron en los fundamentos que las modificaciones “no persiguen ampliar las competencias” del Tribunal, sino actualizar su estructura y funcionamiento frente a las actuales exigencias de eficiencia, especialización y calidad institucional.
De un Tribunal casi vacío a nueve vocales en pocos meses
La reforma llega además después de una fuerte recomposición del organismo. Durante 2025, las vacantes habían reducido al Tribunal Fiscal a un solo vocal titular sobre los nueve previstos. A fines de ese año, la Legislatura aprobó los pliegos necesarios para cubrir los cargos y, en febrero de 2026, Kicillof formalizó mediante el Decreto 39/2026 la designación de ocho nuevos integrantes.
Los nombrados fueron Cecilia Oroz, Ángel Gabriel Villegas, Marcelo Giampaoli, Federico Carozzi, Virginia García, Mariana Rodríguez, María Fernanda Campo y Gabriel De Pascale. Con esas incorporaciones quedaron cubiertas nuevamente las nueve vocalías.
Los pliegos habían formado parte de las conversaciones políticas desarrolladas a fines de 2025, cuando oficialismo y oposición negociaban simultáneamente el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y la autorización de endeudamiento provincial.
Apenas seis meses después de completarse el organismo, varios de los mismos espacios legislativos volvieron a encontrarse, esta vez para modificar su funcionamiento.
Una tasa del 0,60% para apelar
El cambio de mayor impacto directo para empresas y particulares es la creación de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación (TATFABA). La alícuota propuesta es del 0,60% del monto económico en discusión. Se aplicaría tanto sobre saldos impositivos reclamados como sobre multas y también sobre montos incluidos en demandas de repetición o pedidos de compensación.
Por ejemplo, como explicó previamente GRUPOLAPROVINCIA.COM, si un contribuyente apelara una determinación de ARBA por $100 millones, debería abonar $600.000 para tramitar el recurso ante el Tribunal.
Para cuestiones que no puedan expresarse monetariamente, el proyecto establece otro cálculo: una tasa equivalente al 0,2% del importe fijado como umbral de acceso recursivo vigente. Además, ante múltiples apelaciones, cada presentación deberá tributar individualmente.
Los autores argumentan que la tasa constituye una contraprestación por el servicio administrativo especializado y sostienen que la incidencia prevista busca ser razonable y no obstaculizar el acceso del contribuyente a la instancia de revisión.
El proyecto incorpora también una consecuencia procesal. Ante la falta de pago, el contribuyente sería intimado por diez días. Si vencido ese plazo continúa sin abonarla, el planteo dejaría de tramitar como una apelación ante el Tribunal Fiscal y sería reconducido como un recurso de reconsideración dentro de la propia administración tributaria.
Un nuevo fondo con el 100% de la recaudación
Todo lo obtenido por la TATFABA tendría un destino específico. La iniciativa crea el Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET) y dispone que el 100% de la recaudación de la nueva tasa ingrese a una cuenta destinada al Tribunal. Según el texto, el dinero podrá aplicarse a modernización tecnológica, adquisición de equipamiento, capacitación y jerarquización institucional.
La administración y distribución de los recursos estaría a cargo del propio Tribunal mediante un acuerdo extraordinario de sus vocales. Otro de los cambios apunta directamente a la estructura. La normativa actual contempla un relator por vocal. El proyecto habilita que cada uno de los nueve integrantes tenga hasta tres relatores, que deberán ser abogados o contadores y con la exigencia de que al menos uno tenga una profesión distinta de la del vocal al que asiste.
En términos de capacidad máxima, el esquema permite pasar de nueve a 27 relatores. La norma no obliga a ocupar automáticamente todas esas posiciones, aunque habilita la ampliación de la estructura. La información publicada por Diputados Bs As describe la diferencia potencial como 18 nuevos puestos respecto del modelo vigente.
La reforma agrega además un mecanismo destinado a agilizar las sentencias. Cuando los dos primeros vocales coincidan tanto en los fundamentos como en la resolución, podrá prescindirse del tercer voto. Los legisladores señalaron que el mecanismo toma como referencia el funcionamiento de los tribunales colegiados del Poder Judicial bonaerense y sostienen que permitiría acelerar las decisiones sin afectar el debido proceso.
También se modifica el régimen de subrogancias para los casos de recusación, excusación, vacancia o impedimento. Cuando los mecanismos habituales no resulten suficientes, el proyecto habilita a recurrir, mediante sorteo, a una nómina de conjueces integrada por abogados y contadores matriculados.
Con ese paquete de cambios, la iniciativa comenzó formalmente su recorrido legislativo. El registro de la Cámara de Diputados indica que el expediente ingresó el 26 de agosto, obtuvo estado parlamentario al día siguiente y el 1° de septiembre fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Luego deberá pasar también por Presupuesto e Impuestos antes de quedar en condiciones de avanzar hacia el recinto.