La oposición lleva la seguridad al centro de la agenda: una bicameral para controlar datos, recursos y gestión
La seguridad vuelve a trasladarse al centro de la pelea legislativa bonaerense. La Libertad Avanza presentó en las dos cámaras un proyecto para crear una comisión bicameral destinada a controlar de manera permanente las políticas implementadas por el gobierno de Axel Kicillof, con especial atención a las decisiones del Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso.
La propuesta lleva el nombre de “Comisión Bicameral para el Abordaje Interdisciplinario de las Políticas Públicas de Seguridad” y prevé una integración de diez miembros: cinco diputados y cinco senadores, con representación de las distintas bancadas.
Si consigue avanzar, el cuerpo podría solicitar documentación al Poder Ejecutivo, convocar funcionarios, recibir a intendentes, universidades, especialistas y organizaciones sociales, pedir informes técnicos, jurídicos, presupuestarios, estadísticos y de infraestructura y elaborar documentos periódicos de seguimiento.
El movimiento suma una nueva instancia a una discusión que ya venía atravesando la Legislatura. Durante los últimos meses hubo pedidos de informes sobre la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense, reclamos por salarios y capacidad operativa, proyectos para aumentar el poder de los municipios y una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública que el propio Ejecutivo comenzó a discutir con intendentes de diferentes espacios.
La autora de la iniciativa es la senadora libertaria Florencia Arietto, que presentó el proyecto en espejo en ambas cámaras. La legisladora utilizó una definición especialmente crítica sobre la situación provincial y sostuvo que la propuesta busca constituir una bicameral para, según sus palabras, “frenar el baño de sangre”. Se trata de la caracterización política de Arietto sobre la situación de seguridad y no de una definición surgida de las estadísticas oficiales.
Arietto también planteó que pretende que Kicillof y Javier Alonso den explicaciones y que los intendentes tengan participación en el nuevo ámbito para describir lo que ocurre en sus distritos.
El presidente del bloque de LLA en el Senado, Carlos Curestis, puso el foco en la continuidad del seguimiento parlamentario. “Con esta ley buscamos que la seguridad deje de ser solamente una discusión de coyuntura y tenga un seguimiento permanente desde la Legislatura”, sostuvo. El senador reclamó además “respuestas concretas” al Ejecutivo provincial.
Desde Diputados, Maximiliano Bondarenko planteó que el objetivo es contar con herramientas para “controlar y evaluar” las medidas adoptadas por el Gobierno provincial. “No alcanza con hablar de inseguridad cuando ocurre una tragedia; hay que trabajar todos los días para prevenirla, exigir respuestas y encontrar soluciones”, señaló.
Los números de seguridad: qué muestran los datos oficiales
El debate político convive con estadísticas que requieren algunas distinciones. El último informe anual publicado por la Procuración General bonaerense registró durante 2025 un total de 1.035.350 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP). En el Fuero Criminal y Correccional hubo una disminución interanual del 6,4%, mientras que en Responsabilidad Penal Juvenil la baja fue del 0,9%.
Sin embargo, los comportamientos variaron según el tipo de delito. Los procesos por delitos contra las personas aumentaron 3,2%, mientras las investigaciones por homicidios dolosos tentados crecieron 6,5%. En sentido contrario, los homicidios dolosos consumados bajaron 6% respecto de 2024, equivalente a 44 casos menos.
El relevamiento específico de homicidios de la Procuración contabilizó 808 víctimas fatales durante 2025 y una tasa de 4,6 cada 100 mil habitantes.
El mismo informe mostró fuertes diferencias territoriales. En el agrupamiento que comprende Conurbano, La Plata y Mar del Plata, la tasa alcanzó 5,2 homicidios cada 100 mil habitantes. En los departamentos judiciales del interior provincial fue de 2,6.
Las mayores tasas correspondieron a La Matanza, con 8,02; Moreno-General Rodríguez, con 7,66; Lomas de Zamora, con 5,92; y San Martín, con 5,57. En esos cuatro departamentos, sin embargo, la Procuración informó una tendencia descendente respecto del año anterior.
Existe además otra medición oficial elaborada desde el Ejecutivo provincial. El Anuario 2025 de la Provincia contabilizó 751 víctimas y estimó una tasa de 4,3 por cada 100 mil habitantes, con una serie que muestra una baja respecto de 2024. Esa cifra no coincide exactamente con la de la Procuración porque ambos registros utilizan metodologías y bases diferentes, por lo que no corresponde utilizarlos como si fueran la misma serie estadística.
Kicillof defiende la baja de homicidios
El gobernador viene utilizando precisamente la evolución de los homicidios para defender su política. Durante la apertura de sesiones legislativas de marzo, Kicillof sostuvo que durante sus seis años de administración la Provincia registró niveles inferiores a los 25 años anteriores y presentó ese indicador como una de las referencias centrales para evaluar la seguridad.
“En la Provincia de Buenos Aires, quien comete un delito grave o un homicidio es aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, tenga la edad que tenga”, afirmó entonces.
También atribuyó parte de los resultados a la incorporación de tecnología, investigación policial y coordinación con el Poder Judicial.
La oposición viene cuestionando esa lectura. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el senador del PRO Juan Manuel Rico Zini objetó que un promedio provincial pueda esconder diferencias territoriales importantes y puso especialmente el foco en el Conurbano.
La estadística publicada posteriormente por la Procuración confirma, al menos, que existen diferencias significativas entre las tasas metropolitanas y las del interior: 5,2 frente a 2,6 homicidios cada 100 mil habitantes.
La Bonaerense ya estaba bajo la lupa
La propuesta de la bicameral tampoco es el primer intento opositor de obtener información sobre la gestión de Alonso. En agosto, el senador libertario Matías De Urraza presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo precisara cuántos policías integran actualmente la fuerza, cuántos se encuentran en tareas operativas, qué cantidad dejó la institución desde 2023 y cuántos nuevos agentes fueron incorporados.
El requerimiento incluyó renuncias, jubilaciones, retiros, cesantías, exoneraciones y fallecimientos, junto con información sobre aspirantes en formación y egresados previstos para 2026.
De Urraza justificó el pedido a partir de versiones sobre un aumento sostenido de las bajas de personal. Esa hipótesis forma parte del planteo del legislador y requería precisamente la información oficial solicitada para ser comprobada.
En paralelo, la administración Kicillof reforzó el despliegue territorial. En agosto inauguró una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Florencio Varela, con 120 efectivos, 30 mandos intermedios y siete nuevos patrulleros. El gobernador aseguró entonces que durante su gestión se habían incorporado tecnología, equipamiento y “cerca de 10 mil nuevos patrulleros”. Se trata de una cifra difundida por el propio Ejecutivo provincial.
Kicillof también sostuvo: “Se acabaron las zonas liberadas en la provincia de Buenos Aires”, una declaración que generó respuestas opositoras y volvió a ubicar la eficacia de la política policial en la discusión pública.
Los intendentes también reclaman lugar y recursos
El proyecto de Arietto propone escuchar a los intendentes dentro de la bicameral en momentos en que los municipios vienen reclamando más participación en la política de seguridad.
Durante el primer semestre, GRUPOLAPROVINCIA.COM reconstruyó cómo jefes comunales oficialistas y opositores comenzaron a reclamar mayor autonomía para intervenir sobre prevención, patrullaje y fuerzas locales.
Ese movimiento llevó al gobierno provincial a trabajar en una reforma integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, que busca reconocer formalmente tareas que los municipios ya realizan: centros de monitoreo, patrullas locales, planificación territorial y participación en mesas de coordinación.
El punto de conflicto está en el financiamiento. Los intendentes consultados por este medio coincidieron en que nuevas atribuciones municipales deberían llegar acompañadas por recursos económicos, humanos y materiales.
Uno de los últimos reclamos surgió incluso desde dentro del peronismo. La Municipalidad de José C. Paz, vinculada políticamente a Mario Ishii, pidió en septiembre un refuerzo “urgente e integral” después del asesinato de un joven de 23 años. La comuna afirmó que sostiene con fondos propios más de 250 agentes municipales, 70 vehículos de Patrulla Urbana y parte del combustible y reparación de móviles de la Policía Bonaerense.
Ishii presentó además un proyecto para que el Ministerio de Seguridad provincial se haga cargo del mantenimiento, seguros, repuestos, neumáticos y combustible de los vehículos policiales, incluso cuando hayan sido adquiridos inicialmente por los municipios.