Desde el territorio: qué piensan los intendentes sobre la reforma de la Ley de Seguridad

La reforma de la Ley de Seguridad Pública que impulsa el gobierno de Axel Kicillof empezó a revelar uno de los debates más profundos que atraviesan hoy a la gestión bonaerense: el lugar que ocupan los municipios en la prevención del delito.

Mientras el Ministerio de Seguridad avanza con una ronda de consultas en distintas regiones de la provincia para darle forma al proyecto que llegará a la Legislatura, los intendentes comenzaron a coincidir en un planteo central. Están dispuestos a acompañar una mayor descentralización y una participación más activa en las decisiones vinculadas a la seguridad, pero exigen que cualquier transferencia de funciones venga acompañada de recursos económicos y herramientas legales concretas.

La discusión excede la actualización de una norma sancionada en 1998. Detrás de la reforma aparece una redefinición del vínculo entre la Provincia y los gobiernos locales en una de las demandas más sensibles de la ciudadanía.

El dato que alarma al Gobierno: crece el rechazo a Adorni entre votantes de La Libertad Avanza

El gobernador anunció durante la apertura de sesiones ordinarias que enviará una modificación integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, una norma que organiza el sistema provincial desde fines de la década del noventa.

Desde entonces, el escenario cambió de manera sustancial. Las modalidades delictivas evolucionaron, la tecnología modificó los desafíos de prevención y los municipios pasaron a ocupar un rol mucho más activo en tareas de monitoreo, asistencia logística, mantenimiento de móviles, instalación de cámaras, centros de operaciones y colaboración con las fuerzas policiales.

Sin embargo, gran parte de esas funciones no tienen un reconocimiento formal dentro del esquema legal vigente. Por esa razón, el Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso inició una serie de foros regionales para recoger propuestas de intendentes, legisladores y funcionarios locales antes de redactar el texto definitivo.

El reclamo que unificó a oficialistas y opositores

Uno de los encuentros más representativos se realizó en Bolívar, donde coincidieron intendentes de Fuerza Patria, la Unión Cívica Radical y espacios vecinalistas. La reunión fue encabezada por el intendente Eduardo "Bali" Bucca y contó con la participación de los subsecretarios Andrés Escudero y Eduardo Aparicio, en representación de la cartera de Seguridad.

También estuvieron presentes los senadores provinciales Marcos Pisano y Evelyn Díaz, junto a los intendentes Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Ramón José Capra (General Alvear), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Maximiliano Sciaini (Roque Pérez) y José Luis Salomón (Saladillo), entre otros representantes de la Séptima sección electoral.

Más allá de las diferencias partidarias, la mayoría coincidió en que la inseguridad se transformó en una problemática que golpea directamente sobre las administraciones municipales.

Los vecinos reclaman respuestas inmediatas a los intendentes, aunque las decisiones operativas centrales continúan bajo la órbita provincial.

Uno de los planteos más contundentes surgió desde General Alvear. El intendente radical Ramón José Capra puso el foco en el esfuerzo económico que realizan las comunas para sostener parte del sistema de seguridad.

"Los municipios asumimos cada vez más responsabilidades y destinamos una parte significativa de nuestros recursos para acompañar el funcionamiento de la Policía Comunal, colaborar con equipamiento, mantenimiento de vehículos, infraestructura y distintas herramientas que contribuyen a mejorar la seguridad de nuestros vecinos", señaló.

El jefe comunal advirtió además que cualquier modificación normativa deberá contemplar mecanismos que permitan equilibrar responsabilidades y recursos entre la Provincia y los gobiernos locales. La posición de Capra sintetiza una preocupación que atraviesa a buena parte de los intendentes del interior: evitar que una ampliación de competencias termine traduciéndose en nuevas obligaciones sin respaldo financiero.

"La descentralización tiene que ser efectiva y con recursos"

El mismo planteo fue expresado por el intendente de Chacabuco, Darío Golía, quien participó de las instancias de consulta impulsadas por la Provincia. Según explicó, el borrador que analiza el Ejecutivo busca formalizar atribuciones que muchos municipios ya ejercen en la práctica.

"Lo que esa reforma plantea es darle más atribución a las policías locales y diferentes competencias que en los hechos se están teniendo en los municipios, pero que en la ley no están plasmadas. Entonces, de lo que se trata es de regularizar ciertas situaciones dándole más competencias y autonomía a los municipios", afirmó.

No obstante, Golía dejó en claro que el respaldo de los intendentes está sujeto a una condición. "Nosotros planteamos nuestra postura, que está de acuerdo con la descentralización siempre y cuando vaya acompañada de recursos. Creo que ese es el espíritu generalizado de todos los intendentes, que esa descentralización sea efectiva, eficaz y con recursos", sostuvo.

Infraestructura y más margen de acción

Durante uno de los foros realizados en Chivilcoy, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, también acercó propuestas vinculadas a la futura legislación. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, remarcó que uno de los desafíos que debe contemplar la reforma es el crecimiento de nuevas modalidades delictivas.

"Tener en cuenta algunas nuevas modalidades de delito, donde todavía no tenemos nosotros armado un esquema para poder combatirlo con eficiencia, como es el ciberdelito, que es el que más ha crecido y para el que no tenemos las herramientas necesarias para poder combatirlo", afirmó.

El jefe comunal también planteó la necesidad de revisar las limitaciones administrativas que enfrentan los municipios cuando buscan colaborar con la infraestructura policial.

"Nosotros no queremos ser comisarios, no es nuestra responsabilidad, pero sí queremos estar cerca, queremos contribuir a que la seguridad funcione", explicó.

En ese sentido, señaló que muchas veces los municipios encuentran obstáculos para invertir en comisarías, destacamentos o reparación de móviles debido a observaciones vinculadas a los controles administrativos y al Tribunal de Cuentas.

Las reuniones impulsadas por el Ministerio de Seguridad también dejaron al descubierto otra discusión de fondo. Los intendentes del interior consideran que la nueva legislación debe contemplar diferencias sustanciales respecto de la realidad del Área Metropolitana.

La extensión territorial, las largas distancias entre localidades, la disponibilidad de móviles, la cantidad de efectivos y las características de la ruralidad generan desafíos muy distintos a los que enfrentan los grandes municipios del conurbano.

Por eso, tanto en Bolívar como en Chivilcoy y otros encuentros regionales, los alcaldes insistieron en que la futura ley incorpore una mirada territorial que permita adaptar las herramientas de gestión a cada realidad.

La disputa que llegará a la Legislatura

La intención del gobierno provincial es que el proyecto llegue al debate parlamentario con un nivel importante de consenso político.

Por esa razón, Javier Alonso y su equipo desplegaron una agenda de reuniones que incluyó tanto a intendentes peronistas como a dirigentes de la UCR, el PRO y sectores vecinalistas.

La estrategia apunta a construir una reforma con respaldo transversal que permita institucionalizar un esquema de trabajo que actualmente funciona, en gran medida, mediante resoluciones ministeriales y acuerdos administrativos.

Sin embargo, los foros realizados hasta ahora dejaron una conclusión clara: los intendentes están dispuestos a asumir un rol más relevante en la política de seguridad, pero consideran que la discusión no puede limitarse a las atribuciones.