VTV en la provincia: beneficios, reforma nacional y dos propuestas para cambiar el sistema

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo obligatoria en la provincia de Buenos Aires, aunque el cambio de mes encuentra al sistema rodeado por tres debates diferentes: los beneficios arancelarios para determinados conductores, la reforma nacional que el distrito decidió no adoptar y dos iniciativas legislativas que plantean salidas opuestas. Una busca eliminar el control periódico; la otra, pasarlo a manos municipales y redirigir su recaudación.

Por ahora, ninguna de esas propuestas alteró las reglas. Durante julio debieron renovar los vehículos cuyas patentes terminan en 7. Los automovilistas deben solicitar turno, concurrir a una planta habilitada y someter la unidad a la revisión de frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces, emisiones, chasis y cinturones. Circular con la oblea vencida puede derivar en sanciones y retención del vehículo, además de eventuales dificultades ante un siniestro.

Qué sigue vigente y quiénes acceden a beneficios

Las exenciones y bonificaciones tampoco equivalen a quedar liberado de la inspección. En territorio bonaerense, los beneficios informados alcanzan, según la categoría y los requisitos acreditados, a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), jubilados y pensionados de menores ingresos, vehículos de bomberos o afectados a servicios municipales, unidades con más de 20 años, taxis, remises y transporte escolar. En algunos casos hay gratuidad y en otros una rebaja del 50% sobre la tarifa; la franquicia se limita al arancel.

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La distinción importa porque las condiciones no son idénticas a las de la Ciudad de Buenos Aires, donde también existen previsiones para mayores de 65 años. Tampoco debe trasladarse automáticamente la reforma impulsada por el Gobierno nacional, que habilitó talleres y concesionarios registrados y amplió los intervalos para ciertos vehículos particulares. Aunque el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó ese esquema, la administración bonaerense de Axel Kicillof resolvió conservar sus plantas, turnos, tarifas y cronograma.

De Leo quiere eliminar la VTV

La primera ofensiva legislativa lleva la firma del diputado bonaerense Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, junto con sus pares Luciano Bugallo y Romina Braga. El proyecto, presentado en febrero de 2026, propone derogar los artículos 16 y 17 de la Ley 13.927 para terminar con la VTV obligatoria en la provincia, sin quitarle al Estado sus facultades generales de regulación y fiscalización sobre seguridad vial.

De Leo relanzó la discusión mediante una campaña de firmas y un video grabado en una ruta deteriorada. En las imágenes contrastó el estado del camino con las exigencias de la inspección. El legislador sostuvo que el trámite se transformó en una carga económica y ubicó su costo entre $97.057 y $174.604, según el tipo de vehículo. Esas cifras y su caracterización del sistema forman parte de los argumentos políticos de los autores, no de una resolución aprobada.

Los fundamentos distribuyen las causas de los siniestros en un 90% asociado al factor humano, un 9% a la infraestructura y un 1% a desperfectos mecánicos. A partir de esa lectura, los autores plantean priorizar educación vial, controles de tránsito y obras en rutas. Especialistas en seguridad vial, sin embargo, advierten que las inspecciones permiten detectar fallas de frenos, dirección, suspensión, cubiertas y luces, y que esa prevención debe complementarse con mejores caminos y fiscalización. “La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, afirmó De Leo.

Zavaleta propone pasarla a los municipios

El segundo proyecto no elimina la revisión: cambia quién la administra y quién cobra. Ignacio Zavaleta, referente del GEN en Guaminí, exconcejal y exprecandidato a intendente, recurrió al mecanismo de iniciativa ciudadana previsto por la Ley 10.589 para proponer una modificación de la Ley 13.927. Su texto faculta a cada comuna a prestar el servicio con talleres propios, acuerdos regionales o establecimientos privados locales certificados, mientras la Provincia conservaría la homologación técnica de los certificados.

La iniciativa también modifica la Ley 14.497, correspondiente al grabado de autopartes, y asigna a los municipios el 100% de ambos ingresos con afectación a infraestructura vial, caminos rurales, señalización y equipamiento para las áreas de tránsito. Zavaleta estimó que la VTV mueve entre $4.000 millones y $5.000 millones, un cálculo atribuido al impulsor que no constituye una cifra oficial, y propuso finalizar las concesiones zonales sin habilitar nuevas exclusividades.

Una discusión similar había sido promovida en marzo por Ariel Bordaisco, presidente del bloque UCR + Nuevos Aires en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, para Mar del Plata y Batán, donde señaló que funcionan sólo dos plantas. Los antecedentes citados incluyen esquemas propios en Quilmes y Avellaneda. Ninguno de los dos proyectos obtuvo todavía sanción legislativa, por lo que la obligación continúa vigente. Zavaleta justificó su propuesta al señalar que “el actual sistema centralizado lesiona severamente al interior provincial”.