Caso Chocolate Rigau, bloque por bloque: la mayoría de diputados cerró filas ante la denuncia por presunto encubrimiento
El caso Chocolate Rigau volvió a colocar a la Cámara de Diputados bonaerense en el centro de una disputa judicial, pero esta vez produjo una respuesta política que atravesó casi todo el recinto. Después de la denuncia presentada por el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio por la posible comisión del delito de encubrimiento, las autoridades de la Cámara baja y los presidentes de nueve bloques suscribieron un comunicado conjunto para rechazar la acusación y defender el procedimiento mediante el cual se archivaron miles de actuaciones administrativas en mayo.
La frase que encabeza la posición institucional es directa: la Cámara sostuvo que “siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia”. El documento también niega que la votación haya significado un ocultamiento de pruebas, reivindica la inmunidad de los legisladores por sus votos y advierte que las facultades de control entre poderes no pueden utilizarse para condicionar el funcionamiento de otro poder del Estado.
El comunicado lleva primero las firmas de las autoridades de la Cámara: el presidente Alejandro Dichiara, de Unión por la Patria; el vicepresidente primero Alexis Guerrera, también del oficialismo; y los vicepresidentes Agustín Forchieri, del PRO; Agustín Romo, de La Libertad Avanza; Mariano Cascallares, de Unión por la Patria; Blanca Alessi, de Unión y Libertad; y Matías Civale, de UCR + Cambio Federal.
A ellos se sumaron los titulares de nueve bancadas: Facundo Tignanelli, por Unión por la Patria; Juan Esteban Osaba, por La Libertad Avanza; Alejandro Rabinovich, por el PRO; Martín Rozas, por Unión y Libertad; Diego Garciarena, por UCR + Cambio Federal; Alejandra Lordén, por la UCR; Gustavo Cuervo, por Nuevos Aires; Andrés De Leo, por la Coalición Cívica; y Juan José Esper Zamar, por Derecha Popular.
Quedaron afuera Christian Castillo, del PTS-Frente de Izquierda; Mónica Schlotthauer, de Izquierda Socialista; y Manuel Passaglia, de Hechos. Esa diferencia ya tenía un antecedente: Castillo había dejado asentado su rechazo al proyecto votado en mayo que terminó incluyendo los expedientes ahora cuestionados. Su explicación fue: “Voté en contra porque no me parecía aprobar un montón de expedientes cuyo contenido no conocía”.
Del 28 de mayo a la denuncia judicial
La disputa se concentra en lo que ocurrió durante la primera sesión ordinaria del año, el 28 de mayo de 2026. Ese día, Tignanelli presentó el expediente D-1915/26-27, destinado a ratificar actuaciones realizadas por la Mesa Directiva y otras autoridades de la Cámara.
Dentro de un anexo quedaron comprendidas alrededor de 7.800 actuaciones administrativas, entre ellas expedientes vinculados con los requerimientos que venía realizando la fiscal Betina Lacki. El tratamiento fue sobre tablas y recibió más de los dos tercios de los votos de los legisladores presentes.
Ese procedimiento adquirió otra dimensión meses después, cuando trascendió que dentro del paquete estaban las actuaciones relacionadas con los pedidos de la fiscalía para obtener los llamados “memos normalizados de propuestas de designación y/o contratación” de quienes figuraban como empleados legislativos y cuyas tarjetas aparecieron bajo investigación.
La documentación reclamada tiene un objetivo concreto: reconstruir quién propuso el ingreso a la Cámara de cada una de las personas vinculadas con las tarjetas utilizadas por Rigau.
La fiscal Lacki había enviado distintos pedidos a la Dirección de Legal y Técnica de Diputados. Según la reconstrucción judicial publicada por TN, hubo cinco requerimientos desde abril de 2025. Ante las respuestas recibidas, Atencio terminó otorgando una orden de presentación para que la Cámara entregara de forma inmediata copia de los documentos correspondientes a Rigau y otros 49 agentes.
Esa orden ingresó formalmente a Diputados el 19 de agosto de 2026. Cuando la Cámara respondió, informó que las actuaciones administrativas donde habían quedado incorporados los pedidos ya habían sido archivadas por decisión del cuerpo el 28 de mayo. Ese fue el episodio que llevó a Atencio a remitir una denuncia penal para que se determine si existió algún delito.
El magistrado fundamentó su intervención señalando que había advertido una posible comisión de un delito de acción pública y que, como funcionario judicial, tenía la obligación de denunciar para que fueran investigados los eventuales responsables. La presentación quedó radicada en la UFI N°11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.
La defensa de Diputados: las fechas
La primera respuesta de la Cámara apunta directamente a la cronología. Según el comunicado, el mecanismo de archivo de expedientes está previsto por el reglamento interno desde 2002 y la decisión de mayo se tomó casi tres meses antes de que ingresara la orden judicial del 19 de agosto.
Por esa razón, los bloques firmantes sostienen que no puede atribuirse el archivo a un intento de hacer desaparecer un requerimiento que todavía no había llegado bajo esa forma al cuerpo. También señalan que la resolución fue votada en una sesión pública, transmitida en vivo y cuyo registro continúa disponible.
La Cámara introdujo un segundo argumento. Según el documento firmado por los bloques, las actuaciones administrativas archivadas no correspondían, de acuerdo con la documentación que analizó Diputados, al expediente principal contra Rigau, identificado como PP-06-00-047539-23/00, sino a la causa Rodríguez, PP-06-00-047539-23/01, vinculada con un hecho de hurto.
En el comunicado, Diputados sostiene además que en la causa principal sí entregó información a la Justicia y utiliza como respaldo el avance procesal del expediente: la investigación fue elevada a juicio y existen imputados privados de su libertad.
“Inadmisible”: la Cámara invocó la inmunidad de los votos
El tercer eje del comunicado sale del contenido de los expedientes y entra directamente en la relación entre poderes. Los firmantes apelaron al artículo 96 de la Constitución bonaerense, que protege las opiniones y votos emitidos por diputados y senadores en ejercicio de sus funciones.
“Resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, afirmó la Cámara. También sostuvo que no existió silencio ante la orden judicial: el requerimiento fue contestado formalmente y allí se informó que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y posteriormente convalidadas por una decisión legislativa.
El documento termina llevando el planteo al terreno de la división de poderes. Los bloques reconocen las facultades recíprocas de control, pero sostienen que no pueden ejercerse de manera que condicionen, limiten o inhiban el funcionamiento de otro poder.
Del cajero del Banco Provincia al juicio oral
El conflicto actual tiene su origen en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero automático del Banco Provincia de La Plata mientras realizaba extracciones con 48 tarjetas de débito vinculadas con empleados de la Cámara de Diputados.
La investigación avanzó luego sobre Claudio Albini, exsubdirector de Personal de Diputados, y su hijo Facundo Albini, exconcejal platense. Los fiscales sostuvieron que Rigau formaba parte de una estructura dedicada a retirar sistemáticamente fondos correspondientes a salarios legislativos.
En abril de 2025, Atencio elevó a juicio oral la causa contra Rigau y los Albini por la presunta maniobra de defraudación contra el Estado. El magistrado señaló entonces que los elementos reunidos permitían sostener, con el grado requerido para esa etapa procesal, la probable comisión de los delitos imputados.
Durante 2026, la causa principal continuó sumando medidas. En agosto se incorporó un peritaje contable destinado a cuantificar el eventual perjuicio económico, mientras el debate oral todavía no tiene una fecha definitiva y aparece proyectado para 2027.