“Cobraban $4,50 de bolsillo”: el Senado abre el debate por las deudas de los estatales
El Senado bonaerense abrió un nuevo capítulo de la discusión por el endeudamiento, esta vez con el foco puesto directamente sobre el recibo de sueldo de los trabajadores estatales. La Comisión de Trabajo y Legislación Social comenzó a tratar un proyecto que pretende fijar por ley cuánto pueden absorber las deudas descontadas automáticamente de los haberes y qué ingreso mínimo debe conservar cada agente después de pagar esas obligaciones.
La iniciativa, presentada por el senador de Fuerza Patria Sergio Berni, quedó en estudio. La presidenta de la comisión, María Rosa Martínez, explicó que la intención es continuar negociando el texto con los integrantes de la oposición antes de emitir dictamen. El expediente todavía tiene por delante otras tres comisiones: Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras, Legislación General y Hacienda.
La primera señal opositora durante el debate llegó desde el PRO. Pablo Petrecca, senador y exintendente de Junín, calificó el proyecto como “interesante” y trasladó al Senado una situación que dijo haber observado durante su gestión municipal: “Me tocó ver cantidad de recibos de sueldos que terminaban cobrando de bolsillo $4,50 sin exagerar”.
Ese escenario es precisamente el que pretende abordar el expediente E-380/26-27, denominado Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos. La propuesta fue ingresada el 18 de agosto y tuvo este jueves su primer tratamiento formal en comisión.
Un límite del 30% y un piso que la deuda no podría perforar
El núcleo de la iniciativa es concreto: las obligaciones asumidas voluntariamente no podrían representar más del 30% de la remuneración neta protegida del trabajador.
Eso implica que al menos el 70% del haber debería permanecer disponible después de los descuentos. A esa barrera porcentual se agrega una segunda protección: el monto que finalmente cobre el agente no podría quedar por debajo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Berni había sintetizado el objetivo al presentar el proyecto: “Como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador”.
El régimen alcanzaría los descuentos provenientes de créditos de mutuales y cooperativas, financiaciones para consumo, adelantos de haberes amortizables, compras financiadas y otras operaciones crediticias.
La Provincia ya cuenta desde 2021 con una normativa que establece un límite del 30% para determinados descuentos. El proyecto incorpora ese criterio a una ley y suma el piso equivalente al salario mínimo, además de nuevas herramientas de prevención y refinanciación.
La propuesta incorpora también un sistema preventivo. Cuando los descuentos voluntarios alcancen el 20% del ingreso protegido, deberá generarse una advertencia para informar al trabajador cuánto margen conserva antes de llegar al máximo permitido.
El esquema pretende actuar antes de que las cuotas ocupen la totalidad del espacio disponible dentro del recibo. Alicia Muñiz, secretaria administrativa del bloque de Fuerza Patria, explicó ante la comisión que la propuesta apunta específicamente a los agentes provinciales y municipales alcanzados por el sistema de códigos de descuento y señaló que las mayores dificultades aparecen entre trabajadores de categorías salariales bajas.
El proyecto también refuerza controles sobre mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a efectuar descuentos directamente sobre los salarios. De aprobarse, esas organizaciones quedarían sujetas a nuevas obligaciones de información y fiscalización.
De muchas cuotas a una sola obligación
El expediente no se limita a quienes todavía pueden cumplir regularmente con sus compromisos. Para aquellos trabajadores que ya acumularon varias deudas, crea un Régimen Provincial de Reordenamiento Financiero, de adhesión voluntaria.
La herramienta permitiría reunir distintas obligaciones, extender los períodos de devolución, reducir tasas y reemplazar varias cuotas por un único pago compatible con el nivel de ingresos del agente.
Como había explicado Berni al presentar la propuesta, la intención es evitar que una persona quede atrapada en una secuencia de préstamos utilizados para cancelar obligaciones anteriores.
El esquema se financiaría mediante una tasa mensual del 1,5% por servicios administrativos aplicada sobre la masa de descuentos correspondiente a cada beneficiario del sistema. El 75% de esa recaudación sería destinado a un fondo especial para protección del ingreso y reordenamiento financiero. También se contemplan herramientas gratuitas de educación financiera.
El dato nacional: la mora llegó al 12,9%
El debate legislativo coincide con un nuevo máximo en los indicadores del sistema bancario. El último Informe sobre Bancos del Banco Central, correspondiente a julio y publicado el 18 de septiembre, ubicó la irregularidad del crédito a las familias en 12,9%. Un mes antes era del 12,8%.
El nivel general de irregularidad del financiamiento al sector privado alcanzó 7,7%, mientras entre las empresas se ubicó en 3,6%. El dato de los hogares es actualmente más de tres veces superior al de las empresas y se encuentra en los registros más elevados de las últimas dos décadas.
La evolución del crédito también muestra cambios: durante julio, el financiamiento real al sector privado en pesos cayó 0,9% y los préstamos destinados al consumo se redujeron.
La cifra del BCRA es nacional y no mide específicamente a los trabajadores públicos bonaerenses. El proyecto de Berni recorta justamente ese universo porque la Provincia tiene capacidad para intervenir sobre el sistema utilizado para efectuar descuentos en sus haberes.
Los gremios estatales vienen colocando el tema en su agenda. Un relevamiento federal realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señaló que el 87% de los trabajadores encuestados recurrió al endeudamiento para afrontar alimentos, alquiler, salud y ropa. Más del 55% declaró además tener más de un empleo.
El mismo relevamiento mostró que el 55,4% tenía pluriempleo, mientras el 85,4% reportó algún deterioro emocional o psicológico asociado con la situación económica y las condiciones de vida.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, describió entonces un cambio en el uso del financiamiento: antes podía estar asociado con inversiones o compras de largo plazo; ahora, sostuvo, se utiliza cada vez más para sostener gastos cotidianos.
Desde ATE bonaerense, Claudio Arévalo aseguró en agosto que, según los relevamientos sindicales manejados por la organización, entre el 87% y el 90% de los trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales estaban endeudados. La cifra corresponde a la estimación gremial y no a un registro administrativo provincial.
El PRO pidió tiempo, pero abrió una puerta
El proyecto no obtuvo despacho en su primera reunión. Martínez decidió mantenerlo en estudio con el argumento de buscar un texto consensuado con los bloques opositores. En la comisión participan legisladores de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y el PRO. La comunicación oficial del Senado no informó una posición definitiva de LLA sobre el expediente.
Petrecca sí adelantó una evaluación favorable sobre algunos puntos. El senador del PRO sostuvo que establecer límites y garantizar un salario mínimo disponible puede resultar una herramienta frente a situaciones que dijo haber conocido durante su experiencia al frente de la Municipalidad de Junín.
La negociación seguirá dentro de Trabajo y Legislación Social antes de que el expediente pueda continuar hacia las otras tres comisiones asignadas.
El debate ya no está solamente en el Senado
La iniciativa para los estatales llega apenas dos días después de otro movimiento legislativo sobre la misma problemática.
El martes, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a cuatro leyes vinculadas con el sobreendeudamiento de consumidores. El paquete regula la contratación de créditos, las cobranzas extrajudiciales, la reestructuración de obligaciones y las instancias administrativas y judiciales disponibles cuando una persona ya no puede cumplir con sus pagos.
Esos proyectos tienen un universo más amplio que el de Berni: están dirigidos a consumidores bonaerenses en general y alcanzan deudas bancarias, tarjetas, préstamos personales, créditos otorgados por plataformas digitales, servicios y otros compromisos.
Uno de los textos crea una instancia prejudicial y gratuita ante la Defensoría del Pueblo para reunir al deudor con sus acreedores y buscar una salida conjunta. Allí también aparece un tope del 30% de los ingresos netos para la suma de las cuotas.
Otro establece un procedimiento judicial específico de reorganización; un tercero fija restricciones a las prácticas abusivas de cobranza; y el restante amplía la información obligatoria que bancos, financieras y plataformas deben brindar antes de conceder un crédito. Las cuatro iniciativas pasaron ahora al Senado.