La oposición lleva la pelea por las tierras a la Justicia: una cautelar busca frenar las compras de extranjeros
La discusión por la Ley de Tierras Rurales sumó un nuevo capítulo y la oposición decidió avanzar por dos vías. Los diputados nacionales de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot acudieron a la Justicia para pedir la suspensión del artículo 154 del DNU 70/2023, mientras en la Cámara baja distintos bloques preparan una sesión especial para discutir el futuro del decreto.
El movimiento se produjo apenas días después de que la Corte Suprema de Justicia revocara, el 29 de septiembre, el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737. El máximo tribunal resolvió el caso por una cuestión procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la acción colectiva. No se pronunció sobre la constitucionalidad de la decisión del Poder Ejecutivo.
Con ese antecedente, Pichetto y Massot presentaron una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira. Además, solicitaron una medida interina para que la suspensión pueda aplicarse mientras se sustancia el trámite previo a la resolución definitiva de la cautelar.
La cautelar y el riesgo de los “derechos adquiridos”
El eje del planteo es el período que se abrió luego de la resolución de la Corte. Al quedar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal platense, volvió a producir efectos el artículo 154 del DNU 70/2023, que establece de manera directa: “Derógase la Ley N° 26.737”.
Pichetto explicó que el pedido judicial apunta a impedir que durante ese lapso se concreten operaciones que posteriormente queden alcanzadas por la protección de los derechos adquiridos.
“Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros”, señaló el jefe del bloque Encuentro Federal al comunicar la presentación.
El punto tiene además relación directa con el régimen vigente para los decretos de necesidad y urgencia. La Ley 26.122 establece que el rechazo de un DNU por ambas cámaras implica su derogación, pero expresamente deja “a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
Por ese motivo, además de reclamar la suspensión del artículo 154, Pichetto y Massot pidieron subsidiariamente medidas para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener actualizada la información sobre las adquisiciones efectuadas por extranjeros y dar publicidad a la existencia del proceso judicial.
Los diputados también cuestionaron en su presentación la utilización del DNU como instrumento para eliminar la ley. Según plantearon, al momento de dictarse el decreto no se habrían configurado, a su criterio, las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución para recurrir a ese mecanismo. El Gobierno, en cambio, fundamentó el DNU 70/2023 en la emergencia económica y sostuvo desde su sanción que estaban reunidos los requisitos constitucionales para utilizar esa herramienta.
Qué límites establecía la Ley de Tierras
La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011 y creó un régimen específico para regular la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones fijaba en 15% el máximo de tierras rurales que podía quedar bajo titularidad o posesión extranjera, tanto a nivel nacional como provincial y municipal o departamental. Además, establecía que personas o empresas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30% de ese cupo.
La norma también establecía un límite de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo para un mismo titular extranjero, o una superficie equivalente dependiendo de las características y ubicación del terreno.
Otro de los artículos impedía la titularidad extranjera sobre inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, además de contemplar restricciones para propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Esos son los límites cuya vigencia quedó afectada por el artículo 154 del DNU 70.
La decisión del máximo tribunal es otro punto central de la controversia. La Corte no avaló ni rechazó en términos sustantivos la constitucionalidad de la derogación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que el CECIM no reunía los requisitos para impulsar ese proceso colectivo y, por esa razón, revocaron el fallo de la Cámara de La Plata. La sentencia señaló expresamente que lo decidido no implicaba pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 154.
Luego de las repercusiones que generó la resolución, la propia Corte aclaró que en el expediente se había definido únicamente “un aspecto procesal” relacionado con la legitimación de quien había presentado el reclamo. También indicó que la sentencia no impedía que se promovieran otras acciones judiciales.
Ese escenario es el que Pichetto y Massot buscaron aprovechar con una nueva presentación y argumentos diferentes a los utilizados en la causa iniciada por el CECIM.
La pelea también llega al recinto
La vía judicial corre en paralelo con la estrategia en el Congreso. Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, entre otros espacios, solicitaron una sesión especial de la Cámara de Diputados para el próximo 15 de octubre.
Uno de los puntos centrales del temario es el rechazo del DNU 70/2023, lo que tendría un efecto que excede específicamente a la Ley de Tierras debido a que se trata del amplio decreto de desregulación dictado en diciembre de 2023.
El dato institucional es relevante porque el Senado ya rechazó el DNU 70/23 el 14 de marzo de 2024. La Ley 26.122 dispone que para derogar un decreto es necesario que ambas cámaras lo rechacen expresamente. Si Diputados avanzara en el mismo sentido, se completaría ese procedimiento parlamentario.
Sin embargo, por ahora la convocatoria no tiene asegurado el quórum. Según el recuento realizado a partir de las firmas del pedido de sesión, los bloques que impulsan la convocatoria reúnen alrededor de 116 diputados, cuando se necesitan 129 para abrir el recinto. La diferencia es de 13 legisladores y obliga a los impulsores a buscar adhesiones entre bloques provinciales y sectores considerados dialoguistas.
El escenario todavía puede modificarse antes del 15 de octubre, pero las posiciones no son uniformes entre los espacios opositores. Algunos bloques acompañan temas incluidos en la convocatoria, aunque mantienen diferencias sobre el rechazo integral del DNU 70/23.
Cuántas hectáreas están actualmente en manos extranjeras
La discusión se desarrolla sobre una estructura de propiedad rural que ya registra millones de hectáreas bajo titularidad extranjera. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales obtenidos por Chequeado, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras en las 23 provincias. Esa superficie representaba cerca del 5% del total rural del país.
La cifra había aumentado unas 781.000 hectáreas desde 2018, cuando se contabilizaban aproximadamente 12,5 millones. El incremento acumulado durante esos ocho años fue del 6,25%.
Los datos muestran además una distribución desigual: ninguna provincia alcanzaba en agosto el límite general del 15% establecido por la Ley 26.737, aunque 31 departamentos sí superaban ese porcentaje a escala local. Salta registraba un 11,4% de superficie rural en manos extranjeras; Misiones, 11,3%; y San Juan, 10,43%.
El Ministerio de Justicia informó también que durante la gestión de Javier Milei se habían otorgado 111 certificados de habilitación para adquisiciones por extranjeros bajo el régimen que se encontraba vigente: 35 durante 2024, 29 en 2025 y 47 en lo transcurrido de 2026 hasta el relevamiento.
La discusión sobre esos límites ya había llegado al Congreso durante este año. El oficialismo había incluido en una iniciativa una propuesta para elevar del 15% al 25% el tope nacional de superficie rural en manos extranjeras, pero ese capítulo terminó fuera del texto durante el trámite legislativo.
Ahora el debate volvió a cambiar de escenario. Con el fallo de la Corte del 29 de septiembre, la cautelar presentada por Pichetto y Massot y la sesión especial solicitada para el 15 de octubre, la continuidad o no de las restricciones que establecía la Ley de Tierras quedó nuevamente planteada tanto en los tribunales como en la Cámara de Diputados.