Denuncia contra Petri por el Quilmes Rock: investigan el uso de un predio de Defensa como estacionamiento
El secretario general de ATE en CITEDEF pidió ser tenido como querellante en la causa por el uso del predio de Villa Martelli como estacionamiento durante cuatro jornadas del Quilmes Rock 2025. La presentación apunta contra autoridades del organismo, un representante de la empresa Seeker y el entonces ministro de Defensa Luis Petri.
Juan Manuel Villarreal
La causa por el uso de un predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) como estacionamiento durante el Quilmes Rock 2025 sumó una nueva presentación judicial. Alejandro Javier Gallardo, secretario general de ATE en el organismo, pidió ser tenido como querellante y aportó datos sobre el ingreso de vehículos, el esquema comercial utilizado y las condiciones en las que funcionó el estacionamiento.
La presentación señala al presidente de CITEDEF, Fernando Roberto Lloveras; a Gonzalo Ignacio Morales, identificado en el escrito como representante de Seeker S.R.L.; y al entonces ministro de Defensa Luis Petri. Gallardo sostiene que podrían haberse cometido distintos delitos contra la administración pública y el patrimonio, aunque esas responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
El expediente tiene como antecedente la denuncia que ATE impulsó en 2025 por el uso del establecimiento de Villa Martelli como estacionamiento privado durante las jornadas del 5, 6, 12 y 13 de abril, cuando se desarrollaba el Quilmes Rock en Tecnópolis.
El dato de los 2.443 vehículos
Uno de los elementos incorporados ahora es la cantidad de vehículos que, según el registro citado por Gallardo, ingresaron al predio durante las cuatro jornadas: 2.443 automóviles con sus ocupantes.
De acuerdo con la presentación, las plazas fueron comercializadas a través de la plataforma de Seeker bajo la denominación “Parking CITEDEF”. Para una de las jornadas, la del 12 de abril, se ofrecían 427 espacios a un valor de $40.000 por vehículo.
El planteo sindical remarca especialmente las características del establecimiento. En CITEDEF funcionan un laboratorio de ensayos balísticos, depósitos de inflamables, un polvorín y sectores vinculados con pólvoras, propulsantes, pirotecnia y espoletas. También existen áreas de acceso restringido y manejo de información clasificada.
Gallardo sostiene que la circulación de personas ajenas al organismo en esas condiciones pudo haber generado riesgos para las instalaciones y para quienes trabajaban allí. Esa afirmación forma parte de la denuncia y todavía está sometida a investigación judicial.
La discusión sobre el acuerdo con la empresa
Otro de los puntos bajo análisis es qué instrumento jurídico habilitó el uso comercial del predio.
La presentación judicial cita una declaración atribuida a Lloveras ante la Oficina Anticorrupción en la que habría señalado que CITEDEF no había celebrado contratos de locación, concesión ni de otro tipo para las fechas cuestionadas.
El escrito reconstruye además intentos de formalizar un acuerdo con Seeker. Según esa versión, hubo propuestas vinculadas con la cesión de lugares de estacionamiento y el financiamiento de proyectos de investigación, pero la operatoria quedó bajo cuestionamiento por la falta de documentación previa y evaluaciones de riesgo.
La cuestión llegó también al Congreso. Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados pidió al Poder Ejecutivo que informe si el Ministerio de Defensa había autorizado formalmente el uso del predio, si existió un convenio con Seeker, cuánto dinero se recaudó y cuál fue el destino de esos fondos.
Qué pasó con el dinero
La nueva presentación también pone el foco en el circuito de los fondos.
Gallardo sostiene que durante varios meses no se habrían registrado ingresos a favor de CITEDEF y que, posteriormente, se emitió una factura por $24.430.000 por servicios logísticos vinculados con el evento. Según la documentación mencionada en el escrito, esa factura habría sido confeccionada 185 días después de las jornadas del festival.
La denuncia original de ATE había calculado que la actividad podía haber generado ingresos superiores a $80 millones, una estimación que fue presentada por el sindicato y no debe confundirse con un monto judicialmente determinado.
También se denunciaron daños materiales en el establecimiento, entre ellos afectaciones a una luz próxima al helipuerto y a una tapa vinculada con instalaciones eléctricas. Según la presentación, esas reparaciones habrían sido realizadas posteriormente sin erogaciones para el Estado.
El planteo contra Petri
En relación con Petri, Gallardo sostiene que el 11 de abril de 2025 le comunicó formalmente al entonces ministro que personas ajenas al organismo habían ingresado y permanecido en el predio fuera del horario habitual y le pidió información sobre autorizaciones, acuerdos y medidas de seguridad.
El escrito afirma que no consta una respuesta ni la adopción de medidas a partir de esa comunicación. Esa circunstancia forma parte del planteo contra el exministro y deberá ser evaluada en el marco de la investigación.
La causa continúa así con una nueva instancia procesal: el secretario general de ATE-CITEDEF pidió formalmente incorporarse como querellante, mientras la Justicia debe analizar las responsabilidades y la documentación aportada sobre el uso del predio durante el festival.
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