Desalojos, tarifas y quiebras: el plan del radicalismo para sostener a las empresas recuperadas
A menos de tres semanas de que venza el régimen que protege a las empresas recuperadas bonaerenses, un sector del radicalismo llevó a la Cámara de Diputados un proyecto para extender durante otros 18 meses la emergencia económica, financiera y tarifaria que alcanza a las cooperativas gestionadas por sus propios trabajadores.
La iniciativa, registrada como D-3601/26-27, fue presentada por el diputado Matías Civale, integrante del bloque UCR + Cambio Federal. El texto tiene apenas dos artículos: el primero establece una nueva prórroga por un año y medio de la emergencia dispuesta por la Ley 15.485 y el segundo ordena comunicar la eventual sanción al Poder Ejecutivo.
El pedido aparece sobre el cierre de un plazo que ya fue extendido una vez. La Ley 15.485 fue sancionada en abril de 2024 por 18 meses y habilitó al Ejecutivo bonaerense a renovarla por única vez durante un año si persistían las causas que habían motivado la declaración. Axel Kicillof utilizó esa facultad mediante el Decreto 2475/2025.
Mientras está vigente, la Ley 15.485 suspende las acciones judiciales destinadas a ordenar o ejecutar desalojos de empresas recuperadas y también impide los cortes de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales provinciales. Además, obliga a los prestadores a ofrecer facilidades para cancelar las deudas acumuladas durante ese período.
El régimen alcanza a cooperativas de trabajo —o en trámite de constitución— formadas por empleados que continuaron una actividad después de una quiebra, cierre, abandono, vaciamiento, desmantelamiento o disolución de la empresa anterior, siempre que cumplan con la inscripción prevista por la normativa provincial.
En los fundamentos de la nueva iniciativa radical se sostiene que las condiciones que originaron aquella protección continúan vigentes y que interrumpirla dejaría a las unidades productivas sin herramientas específicas para afrontar sus dificultades económicas, financieras y tarifarias.
Civale resumió ese planteo al señalar que las circunstancias que dieron origen a la emergencia “están lejos de haber desaparecido”.
130 empresas relevadas y 4.155 trabajadores
El primer Censo de Empresas y Fábricas Recuperadas realizado por el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo permite dimensionar el sector con datos actualizados.
El registro histórico provincial había identificado 288 entidades bajo la categoría de empresas recuperadas. De ese total, 81 ya no estaban autorizadas para funcionar por el INAES y otras 19 tenían su matrícula suspendida, por lo que el universo registrado sobre el que debía actualizarse información quedó en 188 casos.
El relevamiento terminó censando 130 cooperativas. De ellas, 124 informaron la cantidad de integrantes y contabilizaron en conjunto 4.155 trabajadores y trabajadoras asociados. La actividad industrial domina ampliamente ese universo: 97 cooperativas, el 74,6%, pertenecen a la industria manufacturera. Entre los principales rubros aparecen alimentos, metalurgia, gráfica, textiles, cuero y calzado.
Además, el 68% de las unidades relevadas está localizado en el Conurbano bonaerense, con una fuerte concentración en Avellaneda, Quilmes, General San Martín y La Matanza. El resto se distribuye por municipios del interior como Tandil, General Pueyrredon, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Olavarría, Baradero, San Pedro, Azul, Pergamino, Bragado y Cañuelas, entre otros.
Uno de los datos centrales del censo aparece precisamente en el terreno que busca proteger la emergencia. El IPAC detectó 36 cooperativas que atraviesan procesos de quiebra o concurso. De ese grupo, solamente ocho contaban al momento del relevamiento con autorización del juez o del síndico para seguir funcionando en sus establecimientos.
Otras 21 empresas recuperadas atravesaban situaciones apremiantes o procesos judiciales vinculados con sucesiones, desalojos, declaraciones de abandono u otros conflictos que podían comprometer la continuidad de su actividad.
El relevamiento identificó, además, 19 cooperativas alcanzadas por procesos de expropiación inversa, iniciados por antiguos propietarios o síndicos para reclamar los bienes sobre los que funcionan las unidades productivas. Otras 13 alquilan sus establecimientos y 19 trabajan en inmuebles prestados, bajo comodatos u otros acuerdos que en algunos casos presentan situaciones precarias.
Los propios responsables de las cooperativas también informaron dificultades para acceder al crédito bancario y afrontar servicios, tributos nacionales y provinciales y mantenimiento de instalaciones.
Maquinaria: el 84% necesita renovar o incorporar equipos
Los problemas detectados no se limitan a la situación jurídica de los establecimientos. Según el censo, el 84% de las empresas relevadas necesita renovar o incorporar maquinaria, mientras apenas una de cada diez consideró que no requería nuevas inversiones sobre su equipamiento.
El estudio también mostró que el 80% de los ingresos de las cooperativas proviene de su actividad productiva principal y que el 66% cuenta con una marca propia para comercializar al menos una parte de lo que produce. El 41% vende en distintas provincias o en todo el país y otro 30% concentra sus operaciones en su localidad y zonas cercanas.
Como informó anteriormente GRUPOLAPROVINCIA.COM, el sector ya había llevado estas dificultades a la Legislatura a fines de junio. Trabajadores de Frigocarne, Unión Gráfica, la autopartista 19 de Diciembre y CerealCoop participaron entonces de un encuentro en Diputados para reclamar continuidad normativa y medidas que permitieran sostener la producción. Durante aquella actividad, representantes de las cooperativas describieron problemas vinculados con la caída de la producción y del consumo y reclamaron acompañamiento estatal para continuar funcionando.
El radicalismo no es el único bloque que pide extender la protección
La propuesta presentada desde UCR + Cambio Federal no es la única que se encuentra en la Cámara baja. El diputado de Fuerza Patria Juan Martín Malpeli, acompañado por Mariano Cascallares, había ingresado en abril el expediente D-1338/26-27, que propone establecer una nueva emergencia durante tres años y habilitar otra prórroga del Ejecutivo si las condiciones que la originaron se mantienen.
Esa iniciativa también declara de interés provincial el proceso mediante el cual los trabajadores continúan empresas que atraviesan crisis o quiebras. Actualmente figura girada a las comisiones de Servicios Públicos, Asuntos Constitucionales y Justicia y Legislación General.
A fines de septiembre apareció una tercera propuesta. Desde el PTS-FIT ingresó el expediente D-3578/26-27, que busca extender la misma emergencia durante seis años.
El debate se inserta además en una agenda legislativa más amplia vinculada con empresas, empleo y producción. Durante los últimos meses cámaras pyme y representantes industriales llevaron a la Legislatura advertencias por caída de ventas, costos, dificultades financieras y cierre de establecimientos. En agosto, FEBA y FABA expusieron ante el Senado provincial sobre esos problemas y las trabas para sostener puestos de trabajo.
Más recientemente, otro proyecto opositor pidió que la Provincia gestione una suspensión por 180 días de las ejecuciones fiscales de ARCA y revise herramientas sobre tributos bonaerenses ante los embargos denunciados por pequeñas y medianas empresas.
En el caso específico de las recuperadas, la cuenta regresiva tiene una fecha concreta. La extensión otorgada por Kicillof en 2025 fue por un año a partir del vencimiento del plazo original y agotó la única prórroga que la Ley 15.485 dejaba en manos del Poder Ejecutivo.
Para mantener después de octubre la suspensión de desalojos, la protección frente a cortes de servicios y el esquema de facilidades de pago, la continuidad del régimen deberá pasar nuevamente por la Legislatura.