IOMA, bajo la lupa por las demoras en los pagos, los honorarios y la continuidad de los acompañamientos terapéuticos
La situación de los acompañantes terapéuticos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense. El diputado provincial Matías Civale, del bloque UCR + Cambio Federal, presentó un pedido de informes de 30 puntos para que el gobierno de Axel Kicillof explique los atrasos denunciados en los pagos, los criterios de actualización de honorarios y las dificultades administrativas que afectan a los profesionales.
La iniciativa, registrada bajo el expediente D-3525/26-27, solicita información detallada sobre las prestaciones correspondientes a 2025 y 2026. El legislador radical, vicepresidente de la Cámara baja y representante de la Quinta sección electoral, busca conocer el volumen de servicios autorizados, realizados y abonados, así como las obligaciones pendientes de la obra social que conduce Homero Giles.
La presentación llega después de varios meses de reclamos de trabajadores y familias. Los cuestionamientos ya habían motivado movilizaciones, medidas de fuerza y presentaciones en concejos deliberantes, mientras algunos afiliados advirtieron que los problemas para cobrar honorarios estaban afectando la continuidad de los acompañamientos domiciliarios, escolares y terapéuticos.
La deuda y los plazos de pago, bajo examen
Uno de los principales ejes del proyecto apunta a conocer cuánto dinero mantiene pendiente de liquidación el IOMA y a cuántos profesionales alcanza esa situación.
Civale solicita que el organismo informe la cantidad de acompañantes terapéuticos registrados, las prestaciones autorizadas durante 2025 y 2026 y el número de servicios efectivamente realizados, facturados, auditados y abonados. También reclama una discriminación mensual y por región para identificar diferencias en los circuitos de atención.
El expediente exige precisar cuántas facturas continúan pendientes, a qué períodos corresponden, cuál es el monto total involucrado y qué antigüedad promedio registra la deuda. Además, pregunta expresamente si existen demoras superiores a 30, 60 y 90 días, con la cantidad de prestadores y prestaciones comprendidos en cada rango.
La iniciativa también busca establecer qué ocurre entre la presentación de una factura y su acreditación. Para eso, pide información sobre rechazos, observaciones, débitos parciales o totales y devoluciones administrativas, junto con los motivos que originan esas decisiones y los mecanismos disponibles para resolverlas.
El planteo contrasta con las explicaciones que había dado la conducción de IOMA. A fines de agosto, Giles informó que el promedio entre la presentación de facturas y su pago durante los primeros meses de 2026 había sido de aproximadamente 48 días, mientras que las prestaciones de mayo alcanzaron un promedio de 57. El funcionario aseguró que se trabajaba para reducir los plazos y acercarlos a los 30 días.
Aranceles, descuentos y problemas con el token
La discusión no se limita a los tiempos de cobro. El pedido de informes también aborda cómo se fijan y actualizan los valores por hora que reciben los acompañantes terapéuticos, una de las principales demandas del sector.
De acuerdo con los importes oficiales consignados en los fundamentos del proyecto, IOMA reconocía $5.952 por hora en abril de 2026, $6.185 en mayo y $6.593 en agosto. Civale reclama conocer qué resoluciones establecieron esos valores, con qué criterios fueron calculados y si existe un mecanismo periódico y previsible de actualización.
El diputado también pregunta si el organismo considera la evolución de los costos laborales, los traslados y otros gastos necesarios para sostener la actividad. A su vez, solicita precisiones sobre eventuales cambios arancelarios posteriores a la realización de las prestaciones y sobre descuentos aplicados a servicios que ya habían sido facturados.
Este punto adquirió mayor relevancia después de que, en septiembre, IOMA dispusiera mediante la Resolución 2047/2026 una revisión y unificación de autorizaciones y valores conforme a sus nomencladores. La medida generó cuestionamientos de familias que denunciaron modificaciones en montos previamente autorizados, especialmente en tratamientos vinculados con discapacidad.
Otro apartado del proyecto se concentra en el sistema de validación mediante token, utilizado para acreditar las prestaciones. El legislador exige conocer cuándo comenzó a funcionar, cuántos servicios se procesaron mediante ese mecanismo y qué inconvenientes fueron registrados.
También pide identificar si las fallas de validación, carga o facturación provocaron rechazos, descuentos o demoras en el pago de trabajos efectivamente realizados. El pedido incluye información sobre reclamos administrativos y sus tiempos de resolución.
Protestas en los distritos y la respuesta de IOMA
La presentación legislativa recoge un conflicto que durante los últimos meses tuvo expresiones en diferentes puntos de la Provincia.
En Junín, la concejal radical Orlanda D'Andrea impulsó un proyecto para reclamar la regularización de los honorarios adeudados y evitar que modificaciones posteriores de los aranceles se apliquen sobre prestaciones ya realizadas. También solicitó una mesa de diálogo entre el organismo y representantes del sector.
En Chivilcoy, acompañantes terapéuticos y cuidadores realizaron un paro de 48 horas el 24 y 25 de agosto. Durante la protesta denunciaron atrasos de varios meses, dificultades con la facturación y valores que consideraron insuficientes para sostener su actividad. Reclamos similares se expresaron en Bahía Blanca, donde familiares de personas con discapacidad cuestionaron cambios en los montos reconocidos por la obra social.
En septiembre, el Sindicato de Acompañantes Terapéuticos (SAT) anunció un paro por tiempo indeterminado frente a los honorarios que denunció como adeudados por IOMA y por IOSFA, la cobertura de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En paralelo, afiliados de distintos municipios se movilizaron frente a la sede central del instituto en La Plata para exigir respuestas sobre tratamientos, prestaciones y cumplimiento de resoluciones judiciales.
Desde la conducción de IOMA, Giles rechazó que existiera un ajuste general sobre los acompañantes terapéuticos y sostuvo que uno de los problemas financieros está relacionado con el costo de las prestaciones judicializadas. Según los datos difundidos por el organismo, en abril había 5.793 profesionales brindando cobertura regular a aproximadamente 7.800 afiliados, mientras que 387 acompañantes vinculados con amparos judiciales atendían a 409 personas.
El funcionario señaló que el costo mensual promedio por afiliado rondaba los $550.000 en el circuito administrativo habitual y superaba los $2,7 millones en las prestaciones judicializadas. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, respaldó públicamente la posición del organismo sobre la necesidad de controlar el destino de los recursos.
En paralelo, los acompañantes terapéuticos mantienen otro reclamo en el ámbito legislativo: el tratamiento en el Senado bonaerense del proyecto que busca regular y reconocer profesionalmente su actividad, aprobado por unanimidad en Diputados el 18 de septiembre de 2025. Las organizaciones del sector pretenden que la iniciativa avance antes de diciembre para evitar que pierda estado parlamentario.
El nuevo pedido de Civale incorpora además consultas sobre las reuniones mantenidas por IOMA con representantes profesionales durante 2025 y 2026, la existencia de un plan de regularización de obligaciones pendientes y los reclamos presentados por familias ante interrupciones o reducciones de servicios.
El expediente también exige que el organismo detalle qué medidas adoptó o prevé implementar para garantizar la continuidad de las prestaciones, junto con los cronogramas de pago, las resoluciones administrativas y la documentación respaldatoria correspondiente.