PAMI bajo presión: médicos denuncian precarización y crece el impacto sobre la red bonaerense

El conflicto entre los médicos y el PAMI volvió a escalar en la provincia de Buenos Aires, pero esta vez con un pronunciamiento institucional que amplía el problema más allá de los honorarios. El Colegio de Médicos bonaerense denunció condiciones de “precariedad extrema”, reclamó una recomposición inmediata de aranceles y advirtió que el deterioro de la red prestacional puede afectar directamente la atención de jubilados y pensionados.

El planteo llega apenas días después de un paro nacional de 72 horas de médicos de cabecera y odontólogos y se suma a una secuencia de reclamos que comenzó a profundizarse en abril. El eje es el esquema con el que el organismo nacional remunera a profesionales que cumplen una función central: el propio PAMI define al médico de cabecera como la puerta de entrada a sus prestaciones, encargado del seguimiento clínico, las recetas, las derivaciones y los estudios.

El Consejo Superior del Colegio puso ahora tres demandas sobre la mesa: actualización de cápitas y prestaciones, normalización de medicamentos, insumos e infraestructura y apertura de una mesa urgente con PAMI y las autoridades nacionales. La entidad sostiene que los costos de alquiler, personal, servicios y materiales dejaron desfasados los valores reconocidos por el Instituto y advirtió por el riesgo de que profesionales abandonen la atención de proximidad.

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Abril, el punto de quiebre en el esquema de médicos de cabecera

Una parte central del conflicto se remonta a la Resolución 1107/2026, publicada por PAMI el 9 de abril. La norma reorganizó el nomenclador de médicos de cabecera y llevó prestaciones como la consulta clínica presencial y el primer control anual de salud al pago capitado. La cápita quedó entonces fijada en $2.100 mensuales por afiliado asignado.

El organismo justificó la modificación como una revisión destinada a simplificar la operatoria y mantener un esquema mixto de retribución, combinando prestaciones pagadas individualmente con otras incluidas dentro de la cápita. Posteriormente dispuso una nueva actualización del monto para mayo con el argumento de reforzar la capacidad prestacional.

Los profesionales hicieron una lectura diferente. APPAMIA cuestionó que la consulta presencial dejara de generar una remuneración específica y denunció que el cambio reducía los ingresos reales de los consultorios. Durante la última protesta, a fines de septiembre, representantes de la entidad informaron que los médicos estaban percibiendo una cápita de $2.700 por paciente y reclamaron una recomposición mayor.

La tensión no es nueva. Ya en abril hubo medidas de fuerza de médicos de cabecera contra el nuevo esquema. En aquel momento, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, respondió que la protesta había tenido baja adhesión, sostuvo que la atención funcionaba normalmente y aseguró que no había cortes de servicios.

Cinco meses después, el conflicto volvió a aparecer con fuerza. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, APPAMIA realizó otro paro de 72 horas. Se reprogramaron consultas programadas y se mantuvieron urgencias y recetas, mientras la organización insistió en que los valores vigentes no alcanzaban para sostener la estructura de atención.

El pronunciamiento del Colegio de Médicos bonaerense llega inmediatamente después de esa medida y transforma un reclamo gremial en una advertencia de alcance provincial. La institución puso el foco no sólo en la remuneración profesional sino también en demoras para turnos, derivaciones, medicamentos e insumos y en las dificultades que, según señaló, atraviesan distintos efectores del sistema.

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Cuando PAMI retrocede, la demanda llega a la Provincia

El conflicto adquiere otra dimensión en Buenos Aires porque el Gobierno provincial viene advirtiendo que las dificultades de las coberturas nacionales y privadas terminan trasladando pacientes hacia hospitales públicos.

El caso más visible apareció en septiembre en Mar del Plata. El Ministerio de Salud informó que el Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende había quedado sin camas disponibles, con 45 pacientes en la guardia y otros 17 esperando una derivación de mayor complejidad. Según la cartera bonaerense, parte de esa presión respondía al rechazo de afiliados de PAMI por clínicas privadas que históricamente absorbían esa demanda.

Los números muestran la magnitud del aumento asistencial: entre enero y julio, las admisiones en la UPA 13 de Mar del Plata pasaron de 17.934 en 2024 a 34.190 en 2026, un crecimiento del 90,6%. En julio se alcanzaron 5.620 ingresos, el máximo de la serie analizada por la Provincia.

Nicolás Kreplak ya había vinculado directamente ese fenómeno con el funcionamiento del PAMI. El ministro sostuvo en agosto que las dificultades del organismo nacional no se limitaban a sus afiliados porque, cuando se reducen medicamentos, prestaciones o recursos, los adultos mayores buscan respuestas en otros efectores y la demanda termina llegando a hospitales provinciales y municipales.

Después de la crisis en Mar del Plata, la Provincia convocó además a un Consejo Regional de Salud extraordinario con municipios, hospitales, obras sociales, PAMI, IOMA y prestadores privados para revisar la disponibilidad de camas y los circuitos de atención y derivación.

La presión también aparece en otra ventanilla del sistema bonaerense. IOMA informó que, dentro de una muestra de 7.533 afiliados que comenzaron a consumir prestaciones que antes canalizaban por otras coberturas, el 70% había dejado de utilizarlas a través de PAMI. La obra social provincial estimó una presión financiera adicional vinculada al traslado de demanda desde otras coberturas.

Un conflicto que ya llegó a la Legislatura

La discusión tampoco quedó limitada al sistema sanitario. Durante el año ingresaron a la Legislatura bonaerense proyectos de distintos bloques vinculados con las dificultades del PAMI.

El diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli presentó un proyecto de preocupación por las deudas del Instituto con clínicas, sanatorios, farmacias, profesionales y proveedores, y otro específicamente referido a las medidas de fuerza de médicos de cabecera y sus consecuencias para jubilados y pensionados. Desde la UCR, Valentín Miranda impulsó en junio otra declaración para exigir una solución al atraso en la actualización de los valores prestacionales y honorarios que PAMI paga a los profesionales de la salud.

La acumulación de reclamos conecta así tres niveles del mismo problema: profesionales que aseguran que la atención dejó de ser económicamente sostenible, afiliados expuestos a demoras y prestaciones restringidas y una red pública bonaerense que denuncia una demanda creciente proveniente de coberturas que ya no responden como antes.

El Colegio de Médicos condensó ese diagnóstico en su comunicado de este miércoles y reclamó que la Nación abra una negociación inmediata. Mientras PAMI sostiene que su reorganización busca mejorar y hacer más eficiente el modelo prestacional, los profesionales bonaerenses advierten que el sistema no puede sostenerse si el primer nivel de atención pierde médicos y capacidad operativa.