Pobreza en alza y canastas bajo debate: la discusión por el costo de vida llega a Diputados
El aumento de la pobreza en la Argentina abrió un nuevo capítulo político en la provincia de Buenos Aires. Después de que el INDEC informara que el 32,3% de la población de los principales centros urbanos quedó debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, el diputado bonaerense Carlos Puglelli, de Fuerza Patria, llevó a la Legislatura un planteo sobre los indicadores sociales y la metodología utilizada para calcular las canastas básicas.
La presentación, registrada bajo el expediente D-3593/26-27, expresa preocupación por el deterioro de las condiciones de vida y pone el foco en los patrones de consumo que utiliza el organismo estadístico. El legislador advierte que los cambios en el peso de los servicios, el transporte, la vivienda y otros gastos esenciales pueden generar diferencias entre las referencias oficiales y el presupuesto que necesitan las familias.
La iniciativa llega después de que el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, relacionara el aumento de la pobreza con la caída de la actividad económica y la pérdida de puestos de trabajo. El funcionario cuestionó el rumbo de la administración de Javier Milei y difundió indicadores que muestran un deterioro de los ingresos en todos los grupos de edad.
La discusión incorpora así dos dimensiones: el empeoramiento de los indicadores sociales y el debate sobre cómo se determina el costo de vida que define quiénes quedan por debajo de las líneas de pobreza e indigencia.
El 32,3% y el debate sobre qué gastos miden las canastas
Los últimos resultados del INDEC muestran que la pobreza pasó del 28,2% en el segundo semestre de 2025 al 32,3% durante los primeros seis meses de 2026, un incremento de 4,1 puntos porcentuales. La indigencia también avanzó, del 6,3% al 7,5%.
En los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), aproximadamente 9,7 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza y 2,2 millones no consiguieron cubrir la Canasta Básica Alimentaria. Una proyección de esos porcentajes al conjunto del país equivale a unos 15,5 millones de pobres y 3,6 millones de indigentes.
El deterioro también alcanzó a los hogares: el 24,4% registró ingresos inferiores al valor de la Canasta Básica Total, frente al 21% del semestre anterior.
Sobre esos resultados, Puglelli presentó un proyecto de declaración que cuestiona la antigüedad de algunas referencias utilizadas para construir los indicadores oficiales.
El punto central está en cómo se determina la Canasta Básica Total (CBT), que establece el ingreso necesario para adquirir alimentos y otros bienes y servicios esenciales. Su cálculo parte de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la amplía mediante un coeficiente que relaciona el gasto en alimentos con el gasto total de una población de referencia.
El procedimiento vigente utiliza patrones de consumo provenientes de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 1996/1997, posteriormente validados con información de 2004/2005. Aunque los valores de las canastas se actualizan de acuerdo con la evolución de los precios, la estructura de referencia corresponde a hábitos de consumo de décadas anteriores.
El legislador sostiene que esa situación adquiere relevancia frente al peso actual de los alquileres, las tarifas, el transporte, la educación, las comunicaciones y otros gastos que absorben una parte considerable de los ingresos familiares.
En los fundamentos del proyecto advierte que una medición construida sobre patrones de consumo antiguos puede generar diferencias entre los valores teóricos de las canastas y el costo efectivo que enfrentan los hogares.
El debate también alcanza la actualización pendiente de esas referencias a partir de la ENGHo 2017/2018. El documento legislativo menciona ese relevamiento como parte del proceso de revisión de los patrones de consumo utilizados en la elaboración de los indicadores sociales.
La situación de los hogares pobres muestra otra dimensión del problema. Durante el primer semestre, su ingreso familiar promedio fue de $922.755, frente a una CBT promedio de $1.440.395. La distancia entre ambos valores alcanzó el 35,9%, un indicador de cuánto les faltaba, en promedio, para superar la línea de pobreza.
Niñez, adultos mayores y diferencias dentro de la Provincia
El deterioro de los indicadores sociales no afectó a todos los grupos de la misma manera. Los datos difundidos por López muestran que la pobreza aumentó en todas las franjas etarias, aunque las diferencias de incidencia y magnitud fueron importantes.
El 44,5% de los chicos de entre 0 y 14 años vivía en hogares pobres durante la primera mitad de 2026, frente al 41,3% registrado al cierre del año pasado.
Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el indicador pasó del 32,6% al 36,9%, mientras que en la población de 30 a 64 años avanzó del 24,6% al 28,8%.
El mayor incremento se produjo entre los adultos mayores. En las personas de 65 años o más, la pobreza saltó del 9,7% al 14,8%, una diferencia de 5,1 puntos porcentuales en seis meses.
La situación también presenta contrastes dentro del territorio bonaerense. En los partidos del Gran Buenos Aires, la pobreza alcanzó al 36,9% de la población, equivalente a unos 4,9 millones de habitantes. El registro superó en 4,3 puntos porcentuales el nivel del segundo semestre de 2025.
En el Gran La Plata, integrado por La Plata, Berisso y Ensenada, la incidencia llegó al 37,8%, frente al 31,5% anterior. La variación representó aproximadamente 61.000 personas más bajo la línea de pobreza.
En Bahía Blanca-Cerri, el indicador subió del 22,6% al 26,6%, mientras que Mar del Plata registró una evolución diferente: descendió del 22,8% al 20,4%.
El mapa provincial combina, por lo tanto, aumentos significativos en el Conurbano y el Gran La Plata con un retroceso del indicador en Mar del Plata, dentro de una medición que comprende aglomerados urbanos específicos y no ofrece una tasa única para toda Buenos Aires.
El empleo y la actividad económica, en el centro del cruce con Milei
La iniciativa legislativa aparece en medio de las diferencias entre el gobierno bonaerense y la Casa Rosada sobre la evolución de la economía.
El 26 de septiembre, Pablo López difundió un diagnóstico que vinculó el incremento de la pobreza con el retroceso de la actividad productiva y las dificultades del mercado laboral.
Según los datos presentados por el ministro, la actividad económica de julio se ubicó 4,1% por debajo del nivel de diciembre de 2025, mientras que 13 sectores registraron caídas mensuales.
El funcionario señaló que la industria, el comercio y la construcción se encuentran entre las actividades más afectadas, mientras que la minería y el agro presentan un comportamiento diferente. También advirtió que los sectores estancados o en retroceso concentran más del 90% del empleo.
El deterioro laboral tuvo su correlato en el territorio bonaerense. Un relevamiento industrial difundido en septiembre registró la pérdida de 18.222 empleos formales en un año, equivalente al 3,5% de los puestos del sector en la Provincia.
Las ventas de supermercados bonaerenses también mostraron dificultades, con una caída real interanual del 5,7% en junio, mientras la construcción y la actividad manufacturera permanecían por debajo de los niveles registrados antes del inicio de la gestión nacional.
López sostuvo que la evolución de la economía real se traduce en mayores dificultades para sostener el empleo y reunir los ingresos necesarios para cubrir las canastas básicas. En su diagnóstico, cuestionó que los sectores con mayor dinamismo no estén generando puestos de trabajo suficientes para compensar el retroceso de otras actividades.
La discusión tuvo una derivación política cuando el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, respondió a las declaraciones de Milei, quien había rechazado que la Argentina atravesara un proceso recesivo y describió la situación como una desaceleración del crecimiento.
Bianco vinculó el desempeño productivo con las dificultades de las familias bonaerenses y reclamó modificaciones en la orientación económica nacional.
El debate sobre la pobreza incorpora ahora el cuestionamiento de Puglelli a la metodología de medición. En los fundamentos de su proyecto, el diputado sostiene que los cambios en los precios y en la composición de los presupuestos familiares obligan a revisar las herramientas estadísticas utilizadas para dimensionar las necesidades de la población.
La iniciativa, presentada como proyecto de declaración, solicita el acompañamiento de la Cámara de Diputados bonaerense y plantea que disponer de información pública precisa y actualizada resulta indispensable para diseñar políticas sociales, distribuir recursos y evaluar los efectos de las decisiones económicas.