Emergencia en discapacidad: la Provincia exige una prórroga y cuestiona el Presupuesto 2027
La discusión por la emergencia nacional en discapacidad sumó un nuevo capítulo desde la provincia de Buenos Aires. El Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (COPRODIS) reclamó extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de la Ley 27.793, mientras que el diputado bonaerense Alexis Guerrera, del Frente Renovador, cuestionó las modificaciones que el Gobierno de Javier Milei incorporó al proyecto de Presupuesto nacional para el próximo año.
Las dos iniciativas apuntan a un mismo escenario: la continuidad de las pensiones, las prestaciones médicas y los mecanismos de financiamiento que alcanzan a personas con discapacidad, familias e instituciones. La preocupación se concentra en los cambios normativos que el Congreso debe discutir antes de 2027, cuando finalizará la emergencia vigente si no se concreta su extensión.
La Provincia reclama extender la emergencia hasta 2027
El COPRODIS ratificó por unanimidad su respaldo a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad durante su tercera Asamblea Ordinaria, desarrollada de manera presencial y virtual en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.
La reunión contó con representantes de organismos provinciales, municipios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Participaron la subsecretaria de Políticas Sociales y presidenta del Consejo, Bernarda Meglia Vivares, y el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero.
El organismo resolvió solicitar a los diputados nacionales por Buenos Aires que acompañen la extensión de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de preservar la continuidad de las prestaciones, pensiones y apoyos reconocidos por la legislación.
La Ley 27.793, aprobada por el Congreso en 2025 después de revertir el veto presidencial, declaró la emergencia hasta fines de 2026 y contempló expresamente la posibilidad de prorrogarla por un año. Entre sus disposiciones incluyó medidas de financiamiento para las pensiones no contributivas, actualización de aranceles y mecanismos de sostenimiento para prestadores comprendidos en la Ley 24.901.
Meglia Vivares advirtió sobre el aumento de la vulnerabilidad social y económica de las personas con discapacidad y sus familias. También cuestionó la falta de quórum en la sesión del jueves 15 de octubre de la Cámara de Diputados de la Nación, que impidió tratar los dictámenes vinculados con la emergencia, incluida su posible prórroga.
Durante el encuentro participó virtualmente el diputado nacional Juan Marino, quien cuestionó el dictamen mayoritario aprobado en la Comisión de Discapacidad y sostuvo que el proceso se desarrolló sin una participación suficiente de las personas alcanzadas por las decisiones.
El legislador también destacó la importancia de las acciones judiciales para reclamar la restitución de pensiones suspendidas durante auditorías y la actualización de los aranceles de las prestaciones. Ambos temas forman parte de las controversias que acompañan la aplicación de la emergencia.
Pensiones y empleo: qué busca modificar el Presupuesto
La discusión legislativa se profundizó con el proyecto de Presupuesto nacional 2027, que incorpora reformas al régimen de protección de las personas con discapacidad. Los cambios no se limitan a las asignaciones presupuestarias: también modifican condiciones de acceso a pensiones, compatibilidad con el empleo y cobertura sanitaria.
Uno de los puntos centrales es la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, establecida por la Ley 27.793. El régimen vigente contempla una prestación equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y permite compatibilizarla con el trabajo formal cuando los ingresos individuales no superan dos salarios mínimos.
El proyecto del Ejecutivo nacional propone volver a un esquema de pensión por invalidez laboral, incompatible con la existencia de un empleo registrado o la inscripción en los regímenes general y simplificado.
De aprobarse, una persona que actualmente puede cobrar la prestación mientras desarrolla una actividad laboral dentro de los límites establecidos enfrentaría condiciones distintas para conservar ese ingreso. La modificación es cuestionada por dirigentes y organizaciones que consideran que podría desalentar la inserción laboral.
Otro cambio afecta el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el acceso a las pensiones. La iniciativa no elimina el certificado como instrumento de acreditación de discapacidad, sino que propone modificar su función dentro del régimen de pensiones no contributivas y recuperar criterios vinculados con la invalidez laboral.
También se plantea derogar la disposición que garantiza expresamente cobertura médica a quienes perciben la pensión de protección social. Esto modifica una obligación legal vigente, aunque no equivale por sí solo a la desaparición del programa Incluir Salud, que continúa contemplado en las partidas presupuestarias.
El proyecto también propone cambios en el sistema de financiamiento de las prestaciones, un punto que genera preocupación entre instituciones especializadas y familias que dependen de tratamientos continuos.
Aranceles y prestadores: otro frente de conflicto
La reforma presupuestaria contempla modificar el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que establece valores de referencia para servicios como rehabilitación, transporte, centros de día y tratamientos especializados.
Actualmente, la legislación dispone aranceles iguales para los distintos financiadores obligados, con un mecanismo de actualización asociado a la movilidad previsional. La propuesta nacional reemplaza esa uniformidad por un esquema en el que cada entidad financiadora podría establecer valores según sus acuerdos con los prestadores.
Para las prestaciones financiadas directamente por el Estado nacional se conservaría un mecanismo específico de determinación periódica de aranceles. Sin embargo, la eliminación de los valores homogéneos para todos los obligados modificaría las condiciones actuales de contratación.
La principal advertencia de los sectores críticos es que las diferencias entre los valores reconocidos por obras sociales, prepagas y organismos públicos podrían afectar la disponibilidad de servicios, especialmente en regiones donde existen menos alternativas de atención.
El debate también alcanza al financiamiento de los programas nacionales. El Presupuesto 2027 contempla mayores recursos reales para el pago de pensiones respecto de 2026, según las proyecciones oficiales, pero las estimaciones sobre Incluir Salud señalan una reducción real del 13,9% en los fondos previstos para cobertura médico-asistencial.
Ese contraste entre prestaciones monetarias y atención sanitaria introduce otra preocupación sobre la continuidad de tratamientos y servicios.
Guerrera lleva el rechazo a la Legislatura bonaerense
En paralelo al pronunciamiento del COPRODIS, el diputado provincial Alexis Guerrera, referente del Frente Renovador e integrante de Fuerza Patria, presentó el expediente D-3524/26-27 para expresar su rechazo al capítulo IV del proyecto de Presupuesto nacional.
La iniciativa advierte que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo no constituyen solamente una revisión del gasto, sino que alteran aspectos centrales del sistema de protección construido durante las últimas décadas.
Guerrera cuestionó especialmente la incompatibilidad entre pensiones y empleo formal, las modificaciones a la cobertura médica y la eliminación del régimen uniforme de aranceles.
Para el legislador, la posibilidad de que cada financiador establezca valores diferentes podría afectar a las instituciones que brindan servicios especializados y trasladar nuevas dificultades a las familias.
También advirtió sobre el riesgo de interrupción de prestaciones en centros de día y establecimientos de atención especializada, particularmente aquellos que dependen de los pagos de obras sociales y organismos públicos para sostener su funcionamiento.
El diputado sostuvo que Buenos Aires no puede permanecer ajena a una modificación de semejante alcance, por su peso poblacional y la cantidad de personas que requieren prestaciones vinculadas con discapacidad.
Su proyecto es una declaración de rechazo político e institucional, por lo que no modifica directamente el Presupuesto nacional. Las decisiones sobre el contenido definitivo de esa ley corresponden al Congreso, donde el oficialismo deberá reunir los apoyos necesarios para aprobar sus propuestas.
Los cuestionamientos bonaerenses llegan mientras el Gobierno nacional plantea modificaciones al sistema de pensiones y prestaciones dentro de su programa presupuestario, y organizaciones del sector reclaman garantías para la continuidad de los servicios.
Con la emergencia vigente hasta diciembre y una posible extensión todavía pendiente, la discusión central para 2027 será cómo se sostienen las pensiones, quién financia las prestaciones y qué condiciones regirán para acceder a ellas.
La definición quedará en manos del Congreso, donde deberán resolverse tanto la continuidad del régimen de emergencia como las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo nacional.