Femicidios en Argentina: el peor octubre en años reaviva los reclamos por mayor protección
La violencia de género dejó 36 casos fatales durante octubre, según el último relevamiento del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). La organización advirtió que se trata del octubre con mayor cantidad de femicidios desde 2022, en un año que acumula 239 muertes registradas entre el 1.º de enero y el 30 de octubre.
El informe, difundido el viernes, establece un promedio de una muerte asociada a la violencia de género cada 30 horas y contabiliza 728 intentos de femicidio durante el mismo período. Las cifras incluyen distintas modalidades de violencia extrema y vuelven a poner en discusión las medidas de prevención, la asistencia a las víctimas y la respuesta de los organismos estatales.
El relevamiento también expone las consecuencias familiares de estos crímenes: 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres en los primeros diez meses del año.
Los 239 casos y las distintas formas de violencia extrema
El registro nacional comprende 177 femicidios directos, 24 femicidios vinculados, ocho trans/travesticidios, 20 feminicidios relacionados con contextos de narcotráfico y crimen organizado, y diez suicidios feminicidas.
Dentro de los femicidios vinculados se contabilizaron ocho víctimas niñas o mujeres y 16 niños o varones asesinados en hechos relacionados con la violencia ejercida contra una mujer.
La investigación incorpora también situaciones de especial vulnerabilidad. Entre las víctimas había 23 niñas y adolescentes de hasta 18 años, 19 adultas mayores y tres mujeres embarazadas. Otras diez ejercían el trabajo sexual y diez vivían en zonas rurales.
El informe fue elaborado mediante el seguimiento de medios de comunicación, registros de organizaciones y fuentes especializadas de distintas provincias.
Denuncias previas y órdenes de restricción que no evitaron los crímenes
Uno de los datos más relevantes del relevamiento está relacionado con las medidas judiciales destinadas a proteger a las víctimas.
Solo el 12% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor. Sin embargo, entre quienes habían realizado una denuncia, el 75% contaba con una orden de restricción de acercamiento o contacto, mientras que el 12% tenía un botón antipánico.
El registro muestra además que el 61% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares y que el 59% ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.
Respecto de los responsables de los hechos, el 29% convivía con la víctima y el 12% tenía antecedentes penales por violencia de género. Otro 6% pertenecía a alguna fuerza de seguridad, mientras que el 31% se dio inicialmente a la fuga.
Los datos vuelven a situar el ámbito doméstico y los vínculos cercanos entre los principales escenarios de riesgo, incluso en situaciones donde existían antecedentes de violencia y medidas judiciales de protección.
Buenos Aires concentra 93 casos y Santa Fe registra una de las tasas más altas
La distribución territorial muestra diferencias importantes entre las provincias.
Buenos Aires encabeza el registro nacional con 93 casos, seguida por Santa Fe, con 43; Córdoba, con 13; Santiago del Estero, con 11; y Misiones, con diez.
Sin embargo, al considerar la cantidad de víctimas en relación con la población femenina, las tasas más elevadas corresponden a Santa Fe y Santiago del Estero, con 2,1 casos cada 100.000 mujeres.
Detrás aparecen San Luis, con 1,8, y Misiones, con 1,5. La tasa nacional calculada por MuMaLá se ubica en 0,9 víctimas cada 100.000 mujeres hasta el 30 de octubre.
En el extremo opuesto, el relevamiento no registró casos en Formosa ni en La Pampa durante el período analizado.
Las consecuencias para las familias y el alcance de la Ley Brisa
El impacto de los femicidios se extiende a las familias de las víctimas. Según MuMaLá, el 41% de las mujeres asesinadas tenía hijos o hijas, y 179 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de estos crímenes.
De ese total, al menos 86 son potenciales beneficiarios de la Ley Brisa, que establece un régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género o intrafamiliar.
La organización también contabilizó 728 tentativas de femicidio, una cifra que equivale aproximadamente a tres ataques no consumados por cada caso fatal incluido en su registro.
El relevamiento incorpora situaciones en las que las víctimas sobrevivieron gracias a la intervención de terceros o de las fuerzas de seguridad, que participaron en el 63% de los casos de tentativa.
El reclamo de MuMaLá al Gobierno nacional y las provincias
El observatorio vinculó la situación de violencia extrema con un escenario de creciente vulnerabilidad económica, especialmente entre mujeres y diversidades.
En su pronunciamiento, la organización advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento, la precarización laboral y la sobrecarga de tareas de cuidado, factores que considera agravantes de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.
MuMaLá también recordó casos recientes, como el de Nanci Godoy, una maestra rural de Corrientes asesinada después de permanecer desaparecida durante 20 días, y el de Natalia Giménez, asesinada en Rosario en un hecho que la organización relacionó con amenazas de prestamistas.
Ante este panorama, reclamó al Gobierno nacional la declaración de emergencia en violencias de género, con recursos humanos y económicos para garantizar la atención integral de mujeres y personas LGBTIQ+.
El pedido también alcanza a los gobiernos provinciales, a los que instó a fortalecer las políticas de prevención, protección y asistencia.
Bajo la consigna Ni Una Menos, la organización insistió en exigir el cumplimiento de las normas vigentes y mayores recursos para evitar que las situaciones de violencia deriven en nuevos crímenes.