Nuevos cierres de registros del Automotor en PBA: las advertencias legislativas y el conflicto de fondo entre Nación y Provincia
El gobierno de Javier Milei profundiza el recorte de oficinas del Registro del Automotor y la provincia de Buenos Aires vuelve a concentrar la mayor cantidad de dependencias afectadas. La Resolución 538/2026, publicada el jueves 5 de noviembre, establece el cierre operativo de 72 registros en todo el país, de los cuales 22 se encuentran en territorio bonaerense. La decisión reabre el debate sobre el acceso a los servicios públicos, las dificultades que pueden enfrentar los vecinos y el enfrentamiento entre Nación y Provincia por las funciones del sistema registral.
La disposición fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y establece un plazo improrrogable de 60 días hábiles para completar los cierres. De las 72 oficinas alcanzadas, 67 son suprimidas mediante esta resolución y otras cinco ya habían sido eliminadas formalmente, pero continuaban pendientes de cierre operativo. En Buenos Aires, la nueva medida comprende 19 supresiones y tres cierres previamente ordenados.
El alcance de la motosierra en territorio bonaerense
La provincia concentra el 30,6% de las dependencias afectadas por la decisión nacional. El listado incluye oficinas del Conurbano, centros urbanos del interior y registros especializados en actividades productivas.
Entre los registros generales que deberán cerrar figuran el N.º 1 de Merlo, el N.º 1 de Quilmes y el N.º 2 de General Rodríguez. También aparecen Azul N.º 1, San Pedro N.º 1, Coronel Dorrego y Oriente, y Juan Bautista Alberdi y Vedia.
A ellos se suman dependencias especializadas en maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios de Balcarce, Carhué, General Belgrano, General La Madrid, Laprida, Lobos, Pigüé, Rojas, Tandil, Trenque Lauquen y Zárate. Otro registro alcanzado reúne competencias sobre Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón.
Los tres cierres operativos pendientes corresponden a La Matanza N.º 8, Mercedes N.º 1 y Morón N.º 1, cuya supresión había sido dispuesta mediante una resolución anterior.
El alcance territorial introduce una preocupación particular para el interior bonaerense. La eliminación de dependencias especializadas significa que las gestiones sobre maquinaria y créditos prendarios deberán concentrarse en otras oficinas, una reorganización que puede modificar las distancias y los circuitos administrativos utilizados por productores, empresas y particulares.
Qué pasará con los trámites y los legajos
La resolución instruye a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) a reasignar los dominios y legajos de las dependencias suprimidas a oficinas que continúen operativas.
Los registros que permanezcan abiertos podrán incorporar competencias sobre automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas, previa autorización de la autoridad nacional.
El Ministerio de Justicia sostiene que la concentración de funciones permitirá simplificar procedimientos, reducir estructuras y mejorar la eficiencia administrativa. La decisión se inscribe en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio.
Sin embargo, la resolución no detalla qué dependencia absorberá los trámites de cada oficina bonaerense, un dato relevante para quienes tienen vehículos radicados en los registros alcanzados. La reasignación también deberá contemplar la documentación existente y la continuidad de las gestiones administrativas.
Las advertencias que ya habían llegado a la Legislatura
La preocupación por los cierres no comenzó con la resolución de noviembre. En septiembre, el diputado bonaerense Carlos Puglelli, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de declaración contra la reorganización impulsada anteriormente por la Nación mediante la Resolución 411/2026.
La iniciativa, identificada como D-3186/26-27, advirtió sobre las consecuencias que puede provocar la concentración de oficinas en una provincia caracterizada por su extensión territorial y la diversidad de sus localidades.
Puglelli cuestionó que los cierres obliguen a los vecinos a recorrer mayores distancias, afrontar costos adicionales y depender de herramientas digitales que no están igualmente disponibles en todas las regiones.
“Digitalizar no debe significar alejar al Estado de la ciudadanía”, sostuvo el legislador al reclamar que la modernización administrativa no implique restringir el acceso a los servicios.
Su planteo también señaló las dificultades que pueden atravesar adultos mayores, habitantes de localidades alejadas y personas sin conectividad adecuada.
La discusión tuvo otra expresión política en el Senado bonaerense. El legislador de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, acompañado por otros seis senadores, presentó un proyecto de beneplácito por la reorganización de agosto. Esa iniciativa continúa en estudio en comisión.
Ambos antecedentes muestran que la política registral nacional ya había generado posiciones contrapuestas dentro de la Legislatura provincial antes de la nueva tanda de cierres.
ARBA y la disputa judicial entre Kicillof y Milei
El funcionamiento de los registros también constituye un punto de conflicto entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración libertaria por la percepción de impuestos bonaerenses.
La controversia comenzó cuando el Ministerio de Justicia nacional dispuso, en septiembre de 2024, dejar sin efecto los convenios de complementación que permitían cobrar tributos provinciales y tasas municipales en las oficinas registrales.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) respondió mediante la Resolución Normativa 26/2024, que ratificó la obligación de los registros de actuar como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos.
El desacuerdo terminó en los tribunales federales de La Plata. En septiembre de 2025, la Cámara Federal revocó una medida cautelar favorable a Nación y permitió mantener el mecanismo de percepción provincial.
Sin embargo, en febrero de 2026, el juez federal Alberto Recondo declaró inconstitucional la resolución de ARBA que pretendía imponer unilateralmente esas obligaciones a dependencias nacionales. El magistrado distinguió entre la potestad de Buenos Aires para cobrar impuestos y la facultad de exigir que organismos nacionales intervengan en su recaudación.
El conflicto judicial tuvo nuevas presentaciones y refleja una diferencia institucional que antecede a los cierres de noviembre. La nueva resolución no elimina los impuestos provinciales ni determina por sí misma una pérdida de recaudación, pero profundiza la transformación de la estructura registral sobre la que también se desarrolla esa disputa.
Una reforma que acumula cierres desde 2024
La decisión forma parte de una política de reorganización iniciada durante los primeros meses del gobierno de Milei.
En enero de 2025, la Nación oficializó la supresión de 155 registros del Automotor mediante la Resolución 19/2025, como parte de un programa que también contempló cambios en los aranceles, simplificación de trámites y digitalización documental.
El proceso continuó durante 2026 con la aprobación del plan nacional en julio y una nueva reorganización de oficinas en agosto.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, difundió públicamente la última decisión como un avance del programa oficial. El Gobierno mantiene que el objetivo es reemplazar progresivamente un esquema basado en oficinas físicas y documentación en papel por otro con mayor utilización de plataformas digitales.
Para los sectores que cuestionan los cierres, el problema es cómo garantizar que esa transición no dificulte la atención, especialmente en localidades donde una oficina cercana puede representar una diferencia importante para resolver trámites.
La implementación de los 22 cierres operativos bonaerenses deberá completarse dentro del plazo fijado por Justicia. El traslado de los legajos, la asignación de nuevas competencias y la identificación de las sedes receptoras serán los próximos pasos administrativos de una reforma que sigue modificando la presencia territorial del sistema registral nacional.