Sebastián Pareja, entre una denuncia por su patrimonio y la disputa por el poder en LLA bonaerense
El diputado nacional Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales operadores políticos de Karina Milei, enfrenta un nuevo frente judicial tras una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con movimientos financieros y operaciones patrimoniales de su entorno familiar. La presentación llegó después de una investigación periodística que expuso transferencias millonarias, saldos bancarios y la adquisición de un departamento en Puerto Madero.
La controversia incorpora un elemento sensible al escenario político libertario: Pareja concentra buena parte del armado territorial y electoral del oficialismo en el principal distrito del país, donde mantiene una disputa con sectores identificados con Santiago Caputo. Las revelaciones aparecen mientras las distintas corrientes del partido buscan posicionarse para las elecciones de 2027.
La denuncia judicial que abrió un nuevo frente para Pareja
El abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito contra el legislador y sus padres, Matilde Benzi y Miguel Ángel Pareja. Según las informaciones publicadas, la presentación quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
La denuncia tomó como base una investigación realizada por el periodista Rodis Recalt, quien reconstruyó movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias a partir de documentación surgida de un expediente de familia tramitado en San Nicolás.
Ese expediente corresponde a una controversia judicial por obligaciones alimentarias entre Pareja y su expareja. En ese trámite se incorporaron resúmenes bancarios que permitieron identificar movimientos de dinero y cuentas compartidas con familiares. Posteriormente, la investigación periodística comparó esa información con declaraciones patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y registros inmobiliarios.
La presentación penal busca determinar si existen diferencias patrimoniales injustificadas y si corresponde atribuir alguna responsabilidad al diputado o a sus familiares. Hasta ahora, la información disponible acredita la presentación de la denuncia, pero no una resolución judicial que establezca la comisión de un delito.
Los movimientos millonarios que despertaron los cuestionamientos
Uno de los principales puntos de la investigación es una cuenta del Banco Santander que durante buena parte de 2025 tuvo como cotitulares al diputado y a su padre. En noviembre de ese año se incorporó también su madre.
Según los resúmenes difundidos, entre junio y agosto de 2025 ingresaron seis transferencias por un total de $107,5 millones. La primera operación, por $40 millones, se habría registrado el 29 de junio. En julio ingresaron otros $26 millones y durante agosto se contabilizaron tres movimientos adicionales por $41,5 millones.
La investigación señaló que los extractos consultados no permitían identificar el origen de esas transferencias. Parte del dinero habría sido colocado posteriormente en instrumentos financieros, mientras Pareja participaba del armado de listas y las negociaciones electorales bonaerenses.
Al cierre de diciembre de 2025, la cuenta registraba aproximadamente US$236.676 y más de $15 millones, de acuerdo con los datos publicados. El relevamiento planteó posibles diferencias entre esos saldos y las declaraciones juradas del legislador, cuya correspondencia patrimonial constituye uno de los aspectos cuestionados.
El departamento de Puerto Madero y los dólares retirados
Otro episodio central ocurrió el 30 de enero de 2026. De acuerdo con la documentación bancaria citada por la investigación, ese día se retiraron alrededor de US$300.000 en efectivo de una cuenta compartida por integrantes de la familia.
En la misma fecha, Benzi escrituró por US$350.000 un departamento de 133 metros cuadrados con cochera, ubicado en el complejo La Porteña II, en Puerto Madero, uno de los sectores inmobiliarios de mayor valor de la Ciudad de Buenos Aires.
La coincidencia temporal entre ambos movimientos motivó interrogantes sobre el origen y la utilización de los fondos. La investigación también mencionó un préstamo de US$40.000 que Pareja habría declarado haber otorgado a su madre para la adquisición.
El denunciante cuestionó la capacidad económica atribuida a los compradores y solicitó investigar si los fondos utilizados se corresponden con los ingresos y patrimonios declarados. También señaló diferencias entre el precio de escrituración y los valores de oferta de otras propiedades del complejo. La vinculación entre la extracción bancaria y el pago del inmueble permanece como una hipótesis de la investigación, no como una operación ilícita acreditada.
Qué pidió el denunciante y cuál fue la respuesta del entorno
La presentación solicitó distintas medidas para reconstruir las operaciones cuestionadas. Entre ellas, requerimientos al Santander para identificar transferencias, obtener registros históricos y comprobar las circunstancias del retiro de efectivo.
También pidió incorporar documentación del Registro de la Propiedad Inmueble, las declaraciones juradas presentadas ante la OA e información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El objetivo de esas solicitudes es establecer la procedencia de los fondos y verificar su correspondencia con los movimientos patrimoniales declarados. Las medidas fueron requeridas por el denunciante; no consta en las publicaciones consultadas que todas hayan sido ordenadas judicialmente.
En cuanto a la posición del legislador, las coberturas señalaron que no respondió las consultas periodísticas formuladas sobre la documentación. Desde su entorno, sin embargo, atribuyeron los movimientos a cuestiones de organización financiera familiar y sostuvieron que la difusión de la información tendría motivaciones políticas.
Otras versiones recogidas entre allegados remarcaron la trayectoria profesional del padre del diputado y su capacidad para disponer de patrimonio propio. Esas explicaciones forman parte de las respuestas conocidas frente a los cuestionamientos, sin que se haya difundido un descargo judicial completo.
El impacto político y la interna libertaria rumbo a 2027
La denuncia encuentra a Pareja en una posición relevante dentro del oficialismo. Además de conducir LLA bonaerense, preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, responsable del control parlamentario sobre los servicios de inteligencia.
Su construcción territorial se desarrolló con el respaldo de Karina Milei y del dirigente Eduardo "Lule" Menem, en medio de las diferencias con Las Fuerzas del Cielo, la agrupación referenciada en Santiago Caputo.
Las tensiones se hicieron visibles durante el congreso juvenil libertario de octubre en Morón, donde Pareja encabezó una demostración de fuerza territorial que recibió cuestionamientos de referentes del sector rival. La disputa comprende candidaturas, cargos partidarios, conducción parlamentaria y organización municipal.
En la Legislatura bonaerense, esa competencia tuvo una expresión concreta cuando Agustín Romo, identificado con el espacio de Caputo, dejó la presidencia del bloque libertario, que quedó en manos de Juan Esteban Osaba, cercano a Pareja. El acuerdo reorganizó responsabilidades, aunque no eliminó las diferencias entre ambas corrientes.
La nueva controversia patrimonial incorpora otro factor a esa disputa. Algunas interpretaciones políticas publicadas sostienen que el desgaste de Pareja podría favorecer a sus competidores internos. Sin embargo, no se anunciaron cambios en la conducción bonaerense de LLA como consecuencia de la denuncia.
Con el horizonte electoral de 2027, el escenario combina dos discusiones abiertas: el esclarecimiento judicial de los movimientos patrimoniales cuestionados y la competencia por el liderazgo libertario provincial. Pareja conserva una posición central en el armado bonaerense, pero ahora enfrenta una denuncia que agrega presión sobre su proyección política.