Explosión en Remedios de Escalada: crecen los cuestionamientos a MetroGAS mientras avanza la investigación
La explosión de gas en Remedios de Escalada, que dejó una persona fallecida, decenas de heridos y graves daños materiales, abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre las responsabilidades de MetroGAS, sus contratistas y los organismos encargados de controlar las obras. El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) denunció que no había un ingeniero matriculado a cargo de los trabajos, mientras el ente regulador nacional exigió explicaciones a la distribuidora y el municipio de Lanús anunció que intervendrá judicialmente para reclamar responsabilidades.
Las novedades se conocen después del siniestro ocurrido el viernes 13 de noviembre, cuando una máquina utilizada en tareas de renovación de la red dañó una cañería de gas en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. La investigación busca establecer cómo se desarrollaron los trabajos, qué controles existían y si se cumplieron los protocolos de emergencia antes del estallido.
El Colegio de Ingenieros denuncia irregularidades que vienen desde 2014
Una de las acusaciones más importantes surgió del CIPBA. Su presidente, Jorge Castellano, aseguró que la institución no encontró registros que acreditaran la intervención de un profesional de ingeniería matriculado como responsable de la obra ejecutada por EXGADET, contratista de MetroGAS.
El Colegio señaló que la empresa había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025, precisamente por la falta de registro de un ingeniero habilitado para supervisar los trabajos. Según la entidad, EXGADET respondió que la tarea estaba registrada ante otro colegio profesional, sin acreditar la intervención de un ingeniero matriculado en territorio bonaerense.
Castellano explicó que, aunque circularon referencias a un profesional identificado en los carteles de obra, no existía un contrato registrado ante el Colegio que permitiera comprobar su responsabilidad técnica. La entidad sostiene que esa documentación resulta indispensable para verificar las incumbencias, habilitaciones y obligaciones de quienes intervienen en trabajos sobre redes de gas.
El presidente del CIPBA también reveló un antecedente que involucra directamente a la distribuidora. En 2014, MetroGAS había firmado un acuerdo con el Colegio para regularizar el registro de las tareas profesionales, tanto de su personal como de sus empresas contratistas. A cambio, la entidad había aceptado dejar atrás reclamos anteriores.
Sin embargo, Castellano denunció que la compañía incumplió aquel compromiso durante los últimos doce años. Para el dirigente, las irregularidades detectadas no constituyen un episodio aislado, sino que forman parte de problemas persistentes en los mecanismos de contratación y supervisión técnica.
Los controles estatales también quedaron bajo cuestionamiento
El Colegio de Ingenieros extendió sus críticas a las autoridades encargadas de fiscalizar las intervenciones en la vía pública. En su comunicado cuestionó el funcionamiento de los controles municipales, provinciales y nacionales, al considerar que la seguridad de estas obras exige verificar la efectiva participación de profesionales habilitados.
La entidad sostuvo que MetroGAS suele solicitar el número de matrícula del profesional interviniente sin exigir el contrato visado correspondiente. Según explicó, ese procedimiento no permite comprobar que el responsable técnico tenga las competencias necesarias ni que haya asumido formalmente las tareas de supervisión.
También objetó la ordenanza municipal 12.827, que regula este tipo de intervenciones y exige matriculación, pero no la presentación de contratos profesionales. A nivel bonaerense, reclamó que los organismos competentes controlen el cumplimiento de las leyes provinciales que regulan el ejercicio de la ingeniería.
En el plano nacional, el CIPBA volvió a advertir sobre la falta de aprobación de la norma técnica NAG-225, destinada a establecer criterios de matriculación e incumbencias para quienes realizan instalaciones de gas.
Las observaciones incorporan a la investigación una discusión más amplia: cómo se garantiza la supervisión profesional de las empresas que realizan trabajos sobre servicios esenciales y qué organismos deben controlar esas condiciones antes de autorizar las intervenciones.
El regulador nacional intimó a MetroGAS a responder trece requerimientos
La intervención del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) agregó otro frente de exigencias sobre la distribuidora. Su vicepresidente a cargo, Vicente Serra, inspeccionó la zona afectada y remitió a MetroGAS una intimación para que presente información y documentación sobre trece aspectos relacionados con el incidente.
El organismo reclamó conocer cuándo recibió la empresa el aviso sobre la rotura, qué medidas adoptó hasta asegurar el lugar y en qué momento quedó reparada la red. También solicitó planos de la instalación, detalles sobre los usuarios afectados y registros de la restitución del suministro.
Entre los requerimientos figuran los antecedentes del plan de prevención de daños, las comunicaciones de inicio de obra, las constancias del seguimiento realizado por la distribuidora y el historial de incidentes registrados durante 2026 en los que hubiera intervenido la contratista.
La intimación busca reconstruir las actuaciones de MetroGAS antes y después de la explosión. La Justicia, por su parte, investiga posibles irregularidades en la aplicación de los protocolos de emergencia y las responsabilidades de quienes participaron en los trabajos.
Lanús irá a la Justicia y anunció medidas para los damnificados
Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno municipal encabezado por Julián Álvarez anunció que Lanús se presentará como querellante en la causa judicial contra MetroGAS, al considerar que existieron incumplimientos en los procedimientos de emergencia.
El intendente se reunió con vecinos afectados y dispuso un conjunto de medidas para atender las consecuencias inmediatas del siniestro. Entre ellas se encuentran ayudas económicas extraordinarias para las familias damnificadas y exenciones de tasas municipales para los comercios afectados.
La administración local también anunció que enviará una iniciativa a la Legislatura bonaerense para solicitar beneficios impositivos vinculados con Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patentes para los vecinos de la zona perjudicada.
Las medidas incluyen la planificación de reparaciones en el edificio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494, con el objetivo de permitir el regreso seguro de sus residentes, y el inicio de tareas para recuperar el centro comercial.
El municipio informó que el sector más afectado permanecerá restringido mientras continúen los peritajes. Las demoliciones previstas deberán contar con autorización judicial, mientras las empresas prestatarias trabajan en la restitución progresiva de los servicios.
Por su parte, MetroGAS habilitó canales especiales para recibir consultas de los vecinos y aseguró que mantiene equipos destinados a restablecer el suministro, en coordinación con las autoridades locales.
La tercerización suma denuncias sobre las condiciones laborales
Los cuestionamientos también alcanzan al sistema de contratación utilizado para ejecutar las obras. La Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJGas) denunció que había advertido anteriormente sobre irregularidades vinculadas con EXGADET y otras firmas contratistas.
Entre los reclamos aparecen las condiciones laborales, la capacitación de los operarios y los procedimientos aplicados durante las intervenciones en la red. También se difundieron testimonios vecinales que cuestionan la disponibilidad de planos y elementos de seguridad durante los trabajos.
La discusión sobre la tercerización se incorpora así a las investigaciones técnicas y judiciales, mientras los afectados reclaman determinar las responsabilidades empresariales y garantizar condiciones seguras para las reparaciones.
La falta de supervisión profesional denunciada por el Colegio, las explicaciones exigidas por el organismo nacional y la intervención judicial de Lanús conforman ahora los principales frentes abiertos tras la explosión. Con los peritajes todavía en desarrollo, el caso mantiene bajo examen los controles sobre las obras de gas y las obligaciones de las empresas que operan en territorio bonaerense.