El RIGI bajo la lupa del peronismo: qué irregularidades buscan investigar y por qué reclaman auditorías
El pedido de Máximo Kirchner para auditar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sumó un nuevo capítulo político el viernes 20 de noviembre. El diputado de Unión por la Patria volvió a reclamar controles sobre los beneficios concedidos a grandes empresas, pero el planteo excede sus declaraciones: en el Congreso ya existen iniciativas para examinar proyectos aprobados, revisar el uso de incentivos y exigir explicaciones sobre decisiones del Gobierno de Javier Milei.
Creado por la Ley Bases en 2024, el RIGI ofrece ventajas tributarias, aduaneras y cambiarias a proyectos de inversión de gran escala, con estabilidad fiscal y regulatoria de hasta 30 años. Entre los beneficios figura una alícuota del 25% en el impuesto a las Ganancias para los vehículos adheridos. El oficialismo lo presenta como una herramienta para atraer capitales y aumentar las exportaciones; sectores opositores reclaman conocer qué compromisos se cumplen a cambio de esas facilidades.
De las declaraciones a tres proyectos en Diputados
Durante la presentación de la revista Porvenir, Kirchner cuestionó que se auditen universidades y prestaciones sociales, pero se rechace una revisión de petroleras y mineras beneficiadas por el régimen. El 14 de octubre ya había planteado que, ante un eventual regreso del peronismo al Gobierno en 2027, habría que revisar cada proyecto. Aclaró que las inversiones que hubieran cumplido los requisitos deberían conservar sus derechos.
El reclamo tiene antecedentes parlamentarios. El 9 de septiembre, la diputada Sabrina Selva, acompañada por Jimena López, Cecilia Moreau, Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez y otros legisladores de Unión por la Patria, presentó el expediente 4624-D-2026. Propone crear en la Cámara baja una comisión especial de seguimiento, auditoría y control del RIGI. La iniciativa recibió también adhesiones de representantes de la Coalición Cívica y Provincias Unidas.
Dos días después, Selva impulsó el expediente 4702-D-2026, que solicita al Poder Ejecutivo información sobre la implementación del régimen. Ambas presentaciones buscan trasladar el debate desde las ventajas prometidas a los proyectos hacia los procedimientos de aprobación, la información disponible y la fiscalización de las obligaciones asumidas por las empresas.
Southern Energy, la controversia que involucra a Malvinas
El caso más concreto surgió el 7 de septiembre, cuando otro proyecto encabezado por Selva, el 4565-D-2026, exigió explicaciones por la incorporación de Southern Energy al RIGI. La sociedad desarrolla un proyecto de licuefacción y exportación de gas natural en Río Negro y obtuvo su aprobación mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía.
Los diputados cuestionaron la participación del 15% que tiene la británica Harbour Energy en ese consorcio. Según los legisladores, la compañía sería continuadora jurídica de Premier Oil, empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de Energía en 2013, durante 15 años, para realizar actividades hidrocarburíferas en la Argentina por operar sin autorización en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas.
La sanción a Premier Oil consta en la Resolución 481/2013. La discusión consiste en determinar si esa prohibición continúa alcanzando a Harbour Energy y qué controles efectuó el Estado antes de otorgar incentivos al consorcio. Los legisladores pidieron conocer los dictámenes técnicos y jurídicos, la documentación societaria evaluada y los fundamentos de la aprobación. La existencia de la sanción histórica no demuestra, por sí sola, que la adhesión actual sea ilegal.
El cuestionamiento también fue impulsado por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Su participación muestra que las objeciones al procedimiento de aprobación no se limitan al peronismo, aunque Unión por la Patria las incorporó a sus propios pedidos de informes.
Qué incumplimientos pueden generar sanciones
La Ley 27.742 no deja el control librado únicamente a una futura auditoría parlamentaria. Su artículo 179 obliga a la autoridad de aplicación a verificar las inversiones mínimas comprometidas, los desembolsos previstos para los primeros dos años y el uso adecuado de las ventajas concedidas a cada proyecto.
El artículo 211 contempla infracciones como presentar datos falsos, incumplir injustificadamente compromisos esenciales o utilizar indebidamente franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias. El 213 prevé sanciones que incluyen multas, cese de beneficios y devolución de ventajas utilizadas en forma indebida, según el caso y luego del procedimiento correspondiente. Por eso, auditar no equivale a cancelar automáticamente proyectos ni a acreditar irregularidades ya cometidas.
Costo fiscal, inversiones efectivas y proveedores locales
El alcance económico de los beneficios es otro foco de controversia. En septiembre, diputados de Unión por la Patria cuestionaron ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el costo tributario del RIGI proyectado para el Presupuesto 2027. En una carta estimaron que, una vez ejecutado plenamente, podría representar hasta 3.359 millones de dólares anuales. La cifra corresponde al cálculo del bloque, no a un monto efectivamente resignado por el Estado.
También existe una diferencia entre inversiones anunciadas y dinero desembolsado. A comienzos de octubre, los datos oficiales registraban 23 proyectos aprobados por unos 49.700 millones de dólares comprometidos, mientras que los flujos netos del régimen informados por el Banco Central hasta el primer trimestre de 2026 totalizaban 762 millones. El Gobierno lanzó en junio una plataforma pública con información de proyectos, aunque el debate continúa sobre cómo seguir cada cronograma y su costo fiscal.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof sumó un cuestionamiento productivo. En octubre, ante empresarios proveedores de petróleo, gas y minería, sostuvo que las grandes compañías reciben ventajas que no alcanzan a las pymes y reclamó que las inversiones también generen contratos industriales y empleo local. Organizaciones como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) describieron dificultades de fabricantes nacionales para competir con equipos importados.
La ley nacional sí exige presentar un plan que contemple un mínimo del 20% de contratación de proveedores locales, pero condiciona ese compromiso a que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad. Esa cláusula alimenta la disputa sobre cuánto trabajo puede quedar efectivamente en empresas argentinas y qué controles deben realizarse para comprobarlo.
Un reclamo que también divide a los gobernadores
La propuesta de Kirchner no reúne unanimidad dentro del peronismo. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, la calificó como un error, mientras que su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió que revisar los proyectos puede dañar la confianza de los inversores. Desde San Juan, Marcelo Orrego reconoció que controlar el cumplimiento de la ley es legítimo, pero pidió evitar incertidumbre sobre las reglas vigentes.
En este escenario, el reclamo de auditorías reúne planteos diferentes: comprobar inversiones, verificar antecedentes de empresas, conocer el costo fiscal y evaluar la participación de proveedores nacionales. Los expedientes siguen su recorrido parlamentario. La discusión de fondo es qué información debe transparentarse y cómo exigir el cumplimiento de las condiciones del RIGI sin confundir un control legal con la anulación de beneficios válidamente otorgados.