Confirman procesamientos y embargos de dirigentes del gremio camionero

La Cámara Nacional en lo Criminal confirmó los procesamientos y embargos de 300.000 pesos a cinco dirigentes y activistas del Sindicato de Camioneros por presunta coacción a los dueños de una empresa de transportes de carga con sede en esta capital, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de los casos de Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio, a los que se sumaron Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
La resolución de la Sala IV ratificó la dictada meses atrás en primera instancia, cuando se consideró que el 31 de julio de 2020 los imputados "afectaron la libertad de acción y de trabajo", al bloquear el ingreso al galpón de la empresa Andar Transportadora SRL, en el barrio Villa Soldati, para reclamar a sus dueños que pagaran sus deudas al sindicato.
Según constancias del sumario, cinco días después Pérez y Dutra mantuvieron una reunión con Castell por el mismo asunto.
"Aún admitiendo que efectivamente existiera alguna deuda de la empresa, de ninguna manera estaban habilitados para obrar como lo hicieron, acudiendo a las vías de hecho para forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte", expresó el juez Fernando Caunedo al dictar los procesamientos cuyas apelaciones motivaron la intervención de la Sala IV de la Cámara.
El representante de la pyme, Alejandro Castell, había asegurado que le pidieron que cancelara la deuda con uno de sus camiones, lo que motivó que el fiscal de la causa se expidiera sobre una presunta extorsión, lo que no pudo probarse.
La Sala IV evaluó los elementos de prueba reunidos en el sumario penal, entre ellos los testimonios de autoridades y empleados de la empresa y los registros fílmicos sobre el sector de ingreso al depósito "que ilustran parte de la secuencia de cómo se habría impedido el acceso al menos a dos camiones".
Para los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini "la conducta desplegada por los imputados dista de la actitud pacífica alegada o de las características propias de un relevo ordinario de personal en la empresa" como sostuvo la defensa.
Agregaron que "tampoco son admisibles las explicaciones brindadas en cuanto se pretendió limitar el evento a un mero reclamo gremial" ya que "de existir realmente causa para el pago de una deuda o prestación semejante, debe recordarse que ningún derecho pude ejercerse abusivamente”. (Télam)