Veto parcial al presupuesto de Diputados: qué puede pasar tras la decisión de Kicillof

La decisión del gobernador Axel Kicillof de aplicar un veto parcial al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abrió un nuevo frente de debate político y jurídico en la provincia de Buenos Aires. La medida, formalizada a través del Decreto 2947/2025, reavivó la discusión sobre los límites entre los poderes del Estado y el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia presupuestaria.

El decreto, que lleva las firmas del gobernador, del ministro de Gobierno Carlos Bianco y del ministro de Economía Pablo López, promulgó la Ley 15.560, sancionada por la Legislatura el 26 de noviembre, pero observó los artículos 14, 15, 16 y 17 del texto aprobado. Esos artículos habían introducido modificaciones a la Ley 10.426, que regula los procedimientos contables de la Cámara baja.

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El eje del conflicto: transferencias automáticas de fondos

Los artículos vetados establecían un nuevo esquema de transferencias automáticas, diarias y proporcionales de fondos desde el Tesoro provincial hacia la Cámara de Diputados, calculadas sobre los ingresos de libre disponibilidad de la Provincia. Además, preveían la intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos de ese mecanismo.

Hasta ahora, esas transferencias se realizan mediante partidas dispuestas por el Ministerio de Economía. Según los fundamentos del decreto, las modificaciones impulsadas por Diputados no se limitaban a cuestiones presupuestarias, sino que avanzaban sobre el Subsistema de Tesorería provincial, cuya administración corresponde al Ejecutivo, en el marco de la Ley 13.767 de Administración Financiera.

Pablo López junto a Axel Kicillof.

En los considerandos, el Gobierno bonaerense advirtió que la automatización diaria de fondos podría desarticular el sistema de Cuenta Única del Tesoro y generar un trato diferencial para la Cámara de Diputados respecto de otros poderes del Estado, incluso el Senado, afectando el equilibrio institucional.

El debate constitucional y la postura del Ejecutivo

El veto parcial volvió a poner sobre la mesa una discusión de fondo. El artículo 94 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que la ley de presupuesto del Poder Legislativo “no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo”, una cláusula pensada para resguardar la independencia funcional del Parlamento.

Desde el gobierno provincial, sin embargo, sostienen que lo observado constituye una extralimitación por parte de Diputados, al priorizar recursos no salariales en un contexto de emergencia económica y financiera. Según la interpretación del Ejecutivo, el decreto no avanza sobre el presupuesto en sí, sino sobre una decisión unilateral vinculada a la forma de recibir los fondos, que —afirman— vulnera la ley de administración financiera.

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En ese marco, el texto del decreto contextualiza la medida en la crisis que atraviesa la Provincia, marcada por la caída de ingresos, la recesión y la interrupción de transferencias nacionales, y remarca la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y la equidad entre poderes.

Qué opciones tiene la Cámara de Diputados

Tras el veto parcial, la Cámara baja cuenta con dos caminos posibles. El primero, más corto, es insistir con la sanción original, para lo cual necesitaría reunir los dos tercios de los votos. El segundo, más largo y complejo, es recurrir a la Justicia, lo que podría escalar el conflicto e involucrar a los tres poderes del Estado provincial y, eventualmente, al ámbito nacional.

Según las normas aprobadas, el presupuesto de la Cámara de Diputados asciende a $222.800 millones, mientras que el del Senado bonaerense es de $156.204.115.970. La controversia, lejos de cerrarse con el decreto, promete un nuevo capítulo de tensión institucional en la Legislatura bonaerense.