Jorge Macri vuelve al radar judicial por presunto lavado de activos mientras se profundizan las críticas a su gestión en CABA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a colocar a Jorge Macri en el centro de la escena judicial. El máximo tribunal avanzó con el sorteo de dos conjueces para intervenir en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra al jefe de Gobierno porteño, una decisión que busca destrabar el expediente y definir si se reabre la investigación.

El movimiento del tribunal se produjo ante la falta de unanimidad entre los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, lo que obligó a recurrir al mecanismo excepcional de designación de conjueces para conformar mayoría. El objetivo es resolver el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra el sobreseimiento de Macri, dictado por la Cámara Federal de San Martín y luego confirmado por la Cámara Federal de Casación, que en 2021 declaró inadmisible una apelación fiscal.

La causa por lavado que vuelve a escena

El expediente se originó a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y apunta a una presunta maniobra de lavado vinculada a la compra de un inmueble en Miami. Según la acusación fiscal, en marzo de 2011 Jorge Macri y su entonces esposa, Florencia de Nardi, constituyeron una sociedad en Florida con un capital inicial de 10 mil dólares y, un mes después, adquirieron una propiedad por 402.963 dólares.

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La operación se habría financiado mediante dos préstamos: uno bancario y otro otorgado por una sociedad uruguaya vinculada a su entorno familiar. La investigación puso el foco en la posibilidad de “autopréstamos” destinados a dotar de apariencia legal a los fondos, además de la posterior cesión parcial de uno de esos créditos a una firma relacionada con su hermana, Antonella Macri Wolny, un punto que para la fiscalía evidenciaba posibles irregularidades.

Un año después, el inmueble fue vendido por un valor 25% superior al de compra y los fondos reingresaron al patrimonio de la sociedad. Aunque la Casación entendió que los préstamos estaban documentados y descartó la hipótesis delictiva, el fallo no fue unánime: la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia.

El procurador general interino, Eduardo Casal, cuestionó el cierre del expediente al considerar que esas inconsistencias no habían sido debidamente analizadas y pidió a la Corte que revoque el sobreseimiento. Con el sorteo de conjueces, el tribunal quedó ahora en condiciones de definir si confirma el archivo definitivo o habilita la reapertura de la investigación.

Malestar social y cuestionamientos a la gestión

El avance judicial se da en un contexto de fuerte deterioro político para Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. GRUPOLAPROVINCIA.COM viene recogiendo el malestar creciente de vecinos y vecinas que denuncian calles en mal estado, basura acumulada, crisis habitacional, falta de respuestas en salud y educación pública y una policía cuestionada por episodios de violencia institucional y fugas en comisarías sin condiciones.

A este escenario se suma el impacto económico sobre pymes y comercios, mientras el presupuesto 2025 priorizó el gasto en seguridad por encima de las urgencias sociales. La relación con la comunidad también se vio afectada por episodios que se viralizaron en redes, como el cruce con vecinos de Liniers que lo acusaron de “maleducado”, “inoperante” y “maltratador”.

La legisladora porteña del PTS-FIT, Andrea D’Atri, fue contundente al evaluar la gestión: “Verdaderamente no hay gestión”, afirmó, y sostuvo que Macri “no tiene ningún plan de gobierno más que el de seguir sirviendo a los sectores más concentrados de la economía y las finanzas”. También denunció que el Ejecutivo porteño funciona como “una ventanilla de negocios” para empresas privadas.

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Negocios, basura y crisis habitacional

Las críticas también alcanzan el esquema de recolección de residuos. Celeste Fierro, dirigente del MST y exlegisladora porteña del FIT-U, denunció que el sistema tercerizado cuesta hasta 513% más que uno público, mientras se profundizan “políticas estigmatizantes” contra los sectores más vulnerables. “La Ciudad se gobierna para el negocio inmobiliario y no para los 4 millones de personas que la habitan”, advirtió.

En la misma línea, Mercedes Trimarchi apuntó contra el modelo urbano impulsado por el gobierno porteño: “Es una ciudad pensada por y para ricos; está repleta de casas sin gente y gente sin casa”, sostuvo, y afirmó que Jorge Macri se consolidó como “el garante de los negocios inmobiliarios” en la Ciudad.

Con la causa judicial nuevamente en movimiento y un clima social cada vez más tenso, el jefe de Gobierno porteño enfrenta un escenario complejo, donde los cuestionamientos a su gestión se combinan con definiciones clave en los tribunales.