Los genocidas no tienen donde esconderse, dijo activista rohingya que impulsa caso en Argentina

La decisión de la Justicia argentina de investigar al Ejército de Myanmar por violaciones a los derechos humanos contra la minoría musulmana rohingya de ese país muestra que "no hay dónde esconderse para quienes cometen genocidio", dijo Maung Tun Khin, autor de la denuncia y presidente de la Burmese Rohingya Organization UK, con sede en Londres.
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ordenó la semana pasada reabrir y profundizar esta causa, iniciada por Tun Kin a fines de 2019, en base al principio de "justicia universal" de los crímenes cometidos contra la humanidad.
Cerca de 800.000 rohingyas de Myanmar (antes Birmania) viven en condiciones muy duras como refugiados en Bangladesh, tras huir de la represión militar en su país en 2017.
Tanto un Khin como seis mujeres de esa minoría musulmana ratificaron haber sido víctimas de violaciones y torturas ante la justicia argentina, que los aceptó como querellantes en el caso representados por el abogado Tomás Ojea Quintana.
Para la organización roghinya, el poder judicial argentino dio un paso "histórico" al abrir un caso judicial contra el Ejército de Myanmar, incluyendo a Min Aung Hlaing, jefe de la Junta Militar y primer ministro tras el golpe de Estado que derrocó al Gobierno civil el 1 de febrero de este año.
La reapertura del expediente fue decidida por la sala I del Tribunal de Apelaciones, firmada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes revocaron así la archivación del caso que había resuelto la jueza de la causa, María Servini.
"Esto abre una luz de esperanza, no solo para nosotros, los rohingyas, sino también para los oprimidos de todo el mundo", expresó Tun Khin en diálogo con Télam en Londres.
"La decisión de Argentina de empezar la investigación muestra que no hay dónde esconderse para quienes cometen genocidio, el mundo está firmemente unido contra estos crímenes", afirmó.
Según el activista, "todavía hay 600.000 rohingyas que se enfrentan a un genocidio en curso en Myanmar, donde sufren restricciones en movimiento que afectan a casi todos los aspectos de sus vidas y viven además en condiciones deplorables.
"Muchas personas en el país se enfrentan también a graves crímenes por parte de los militares. Por eso esta es la mejor oportunidad y es muy importante que este caso se cubra", destacó.
"Hay muchas mujeres violadas, muchas personas fueron asesinadas. Así que hemos estado esperando por la justicia mucho tiempo", expresó ante lo que describió como "atrocidades" cometidas por el Ejército.
"Son crímenes horribles, queremos que se haga justicia con estas personas", agregó.
Ante la pregunta de por qué eligió hacer la presentación en Argentina, Tun Khin dijo que "no se trata del país, se trata del tribunal argentino. Tenemos que dejar claro, necesitamos un tribunal independiente e imparcial. No tiene nada que ver con el país sino con el Estado de derecho".
También sostuvo que la denuncia solo se hizo en Argentina y anticipó que las investigaciones comenzarán en unas pocas semanas.
Mientras tanto dijo que su organización estará trabajando con las redes sociales como Facebook para difundir la causa judicial a todo el mundo.
"Es muy importante avanzar, por lo que creemos que el tren de la justicia se está moviendo", subrayó.
Según Tun Khin, desde el golpe de Estado que tuvo lugar en febrero en Myanmar muchas personas se enfrentan a serios crímenes por parte de ese régimen militar.
"Así que esto (la reapertura de la investigación) es muy importante, no solo para los rohingyas, sino para todos los birmanos que quieren justicia", insistió.
En 2017 el Ejército de Myanmar y sus representantes lanzaron una campaña brutal en el estado de Raksine, obligando a que cerca de 800.000 rohingyas huyan a través de la frontera con Bangladesh.
El caso incluye la situación particular de las seis mujeres que fueron violadas, torturadas y, en muchos casos, sus maridos e hijos asesinados.
En febrero pasado, los militares tomaron el poder por la fuerza en Myanmar derrocando al Gobierno civil encabezado por la líder y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, señalada por permitir la persecución contra los rohingyas.
Desde el golpe de Estado cerca de 1.300 personas han muerto y miles han sido encarceladas en medio de una resistencia masiva a nivel nacional a la junta, aunque por el momento, estos eventos no están cubiertos por el caso de la organización que preside Tun Khin
Tribunales argentinos han aceptado en los últimos años otros casos de jurisdicción universal, incluyendo uno relativo a los crímenes de la dictadura de Francisco Franco en España y otro a la represión del movimiento Falung Gong de China.
En 2020 la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya ordenó a Myanmar a proteger a los rohingyas del genocidio, a partir de una demanda presentada por Gambia en nombre de países musulmanes.
En un tercer proceso legal, fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la misma ciudad neerlandesa, lanzaron en 2018 una investigación sobre el mismo tema. (Télam)