Expresidente boliviano Mesa propuso un acuerdo politico para modificar el sistema judicial

El líder del principal partido opositor boliviano y excandidato presidencial, Carlos Mesa, propuso hoy al Gobierno y a las restantes fuerzas políticas un Acuerdo de Paz y Reconciliación que incluya una reforma de la Justicia, la destitución del fiscal general y de los fiscales departamentales y juicios de responsabilidades a los expresidentes del país, pero el oficialismo ya esbozó un rechazo a la iniciativa.
"Queremos proponer la firma, la suscripción, de un acuerdo nacional por la paz y la reconciliación, sin movernos un milímetro de las recomendaciones del GIEI y con el razonamiento que no podremos conseguir la reconciliación y la paz del país si no logramos resolver el tema de un juicio a las violaciones de derechos humanos y, simultáneamente, una modificación del sistema judicial que incluya al Ministerio Público”, expresó Mesa.
En conferencia de prensa y escoltado por legisladores de su partido, el excandidato se escudó en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, que describió violaciones a los derechos humanos en las gestiones de Evo Morales y Jeanine Añez, y recomendó por eso la reforma de la justicia.
Además, los juicios de responsabilidades son un "imperativo", aunque siempre que haya una reforma judicial porque realizar los enjuiciamientos con el actual sistema judicial implicaría un "linchamiento" o "garantía de impunidad", señaló.
Para la justicia, la propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) pasa por establecer una ley de independencia de la justicia o una reforma constitucional que modifique el sistema de preselección de los candidatos a magistrados.
Mesa puso un plazo de 90 días para lograr un acuerdo que debería incluir al Gobierno y a los principales partidos políticos del país.
"Es una propuesta de buena fe y con la voluntad real de cooperar para que el país cuente con un sistema rápido que permita lo más importante: la independencia, la idoneidad, la imparcialidad de quienes van a administrar justicia, en un caso tan delicado, que estamos convencidos debe resolverse. Que quede claro: creemos que la investigación y el desarrollo de juicios de responsabilidad”, remarcó, según el sitio del diario Página Siete.
Respecto del sistema judicial, el GIEI identificó “problemas estructurales endémicos” entre los que incluyó la falta de independencia en la administración de justicia, ausencia de garantías en el debido proceso, empleo arbitrario de la prisión preventiva y obstáculos de acceso a la verdad".
Casi a modo de réplica, la primera respuesta desde el oficialismo fue del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo, que lamentó el "carácter político" de la propuesta y advirtió que la iniciativa "busca la impunidad" para los responsables de los hechos violentos de 2019.
"Hoy, el señor Carlos Mesa está buscando que se encubra y se busque impunidad por los hechos cometidos en 2019. Está buscando que no se haga justicia de los 37 muertos y los más de 1.500 perseguidos, heridos, las detenciones ilegales, los vejámenes, torturas, los hechos de violencia psicológica y sexual", denunció Angulo.
Para el legislador masista, se trata de una propuesta que “no coadyuva a mejorar la justicia”.
Y, ajeno a la propuesta de Mesa, el presidente Luis Arce subrayó que el pueblo boliviano “ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio”.
“La forma de pacificar correcta, real y concreta que tenemos es la aplicación de justicia, como lo piden las familias de las personas que han perdido vidas, porque aquí no estamos hablando de que simplemente el golpe de Estado dejó un daño económico: dejó una deuda con 38 familias en el país y la única manera de reparar y pacificar esto es con la aplicación de la justicia a la brevedad posible”, sostuvo el jefe de Estado.
Ya el sábado el vocero gubernamental, Jorge Ritcher, había advertido que el proceso de reestructuración de la justicia “será complejo si se desarrolla con los actuales administradores” y dio por hecho que “demorará un largo tiempo para tener resultados óptimos”.
“Con los actuales actores, que son parte de las lógicas de decadencia del sistema judicial en Bolivia, es muy complejo poder realizar esta tarea de reestructuración (de la justicia) con expectativas positivas y que ello pueda cambiar de forma importante", señaló en entrevista con El Deber Radio.
(Télam)