Jueces franciscanos reclamaron acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana afirmó hoy que "resulta altamente preocupante que las vacunas" contra el coronavirus "no se encuentren disponibles y accesibles de manera universal para toda la población mundial, y especialmente para las poblaciones más pobres de Asia, África y América Latina".
El Comité, presidido por el juez porteño Roberto Gallardo, reivindicó la postura del papa Francisco sobre la falta de acceso a los medicamentos y la necesidad de que de estén "al alcance de todos" en el mundo.
En ese sentido, el organismo de jueces transcribió tramos de mensajes pronunciados el año pasado por el Papa, quien dijo que "no puedo ponerme a mí mismo por delante de los demás, colocando las leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad".
El Pontífice añadió: "Pido a todos: a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, de promover la cooperación y no la competencia, y de buscar una solución para todos. Vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta".
En ese marco, el Comité sostuvo que "resulta altamente preocupante que las vacunas contra la enfermedad provocada por el virus Sars-Cov2 no se encuentren disponibles y accesibles -de manera universal- para toda la población mundial, y especialmente para las poblaciones más pobres de Asia, África y América Latina".
"La preocupación del Santo Padre Francisco es compartida por el pleno de este Comité Panamericano, y además se acrecienta frente a la demora en el acceso a la vacuna por parte de países con menos recursos económicos financieros y/o con poblaciones altamente vulnerables", añadió.
El Comité advirtió que "la efectividad de las vacunas requiere de una logística de distribución que no todos los países pueden cumplir, en virtud de los obstáculos logísticos y tecnológicos".
Y denunció que "la adquisición desproporcionada de dosis de vacunas por parte algunos Estados acaudalados, superando su población, provoca una reducción en la oferta de vacunas, y una consecuente demora para el acceso de vacunas para otros países con menores niveles de ingreso".
El ente de los jueces franciscanos sostuvo que "la prioridad en la aplicación de las vacunas debe establecerse para profesiones que presten servicios esenciales, y para los grupos de riesgo, con las modalidades propias que establezca cada Estado sobre la base de un estricto y efectivo control estatal en el orden de administración".
La explotación comercial no puede resultar un criterio válido frente a la emergencia sanitaria que vive el mundo, por lo que la producción de las vacunas debería realizarse en base a un criterio de colaboración entre Estados nacionales y las empresas farmacéuticas, a los fines de que tal producción pueda llevarse adelante en distintas partes del mundo.
"Una cuestión de especial consideración se advierte en la falsa tensión que se intenta presentar entre los derechos de propiedad intelectual (patentes) y los derechos a la vida y a la salud", alertaron los jueces.
Y sostuvieron que "los derechos de propiedad intelectual no pueden crear obstáculos para el acceso a productos sanitarios esenciales, tales como las vacunas destinadas a combatir el virus Sars-Cov2".
En ese sentido, pidieron que la Organización Mundial de Comercio disponga la "exención" de algunos aspectos de las normas de derecho de propiedad intelectual para agilizar el acceso a la vacuna.
Junto a Gallardo firmaron el documento Ana Inés Algorta Latorre (Brasil), María Julia Figueredo Vivas (Colombia), Daniel Urrutia Labreaux (Chile), Gustavo Daniel Moreno (Argentina), y Janet Tello Gilardi (Perú).
(Télam)