Metrovias, unica referente para un servicio que tiene 5 proyectos de estatizacion

Metrovías, que opera el servicio de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires desde 1993, es la única oferente para quedarse otra vez con la concesión por 12 años, aunque en la Legislatura porteña duermen cinco proyectos de ley presentados por varios bloques opositores, que proponen, con variantes, trasladar la operación de la red al Estado.
La semana pasada varios medios nacionales informaron que la empresa francesa Keolis abandonó la licitación para operar los subtes porteños, en la que competía únicamente con Metrovías, del grupo Roggio, cuestionada por la deficiencia en la prestación del servicio.
Mientras tanto, en la Legislatura hay dos proyectos de ley que proponen una red de subtes operada por el Estado, otros dos que apuntan a un servicio dirigido por trabajadores y usuarios y uno que busca ponerlo en manos de una sociedad anónima estatal.
Desde 1993, a raíz de la privatización durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, el subte porteño es operado por la empresa Metrovías, del grupo Roggio y Sbase, que desde entonces, se encarga de las obras y la ampliación de la red.
"El transporte subterráneo de la ciudad no puede ser visto como un negocio, si no como un servicio que respete derechos fundamentales que el Estado debe garantizar, como la seguridad", dijo a Télam Lorena Pokoik, coautora del proyecto presentado por el FdT en noviembre de 2018, que propone una "reestatización bajo el control de los trabajadores y usuarios".
En esta propuesta, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) sería la operadora del servicio y tendría un directorio conformado por 10 miembros: cinco del Poder Ejecutivo porteño, dos representantes de los trabajadores, dos de los usuarios y uno designado por la Legislatura de la Ciudad.
Inés Gorbea, de la UCR, es autora de otro proyecto que fue presentado en mayo de 2019 y plantea que la operación y el mantenimiento del subte sean prestados "exclusivamente por el Poder Ejecutivo a través de Sbase, o el que en el futuro lo reemplace".
El Frente de Izquierda, por su parte, presentó en mayo del año pasado un proyecto de ley para que el subte sea controlado y gestionado por sus trabajadores y usuarios a través de un nuevo organismo: Subterráneos del Estado de Buenos Aires (SEBA), que reemplazaría a Sbase.
La iniciativa propone que SEBA tenga un directorio integrado por representantes de los trabajadores y usuarios, con mayoría de los primeros, que serían designados "en forma electiva" cada cuatro años.
Los usuarios necesitan un servicio con "mayor extensión horaria y geográfica, y eso no se va a lograr si el lucro está en el centro, como en el modelo que funciona desde la privatización y que demostró ser un fracaso", dijo a Télam la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman.
Agregó que el servicio "tampoco puede estar en manos de burócratas ligados a negocios como las empresas tercerizadas" y evaluó que Sbase debe ser disuelta porque "funciona como la pata estatal de este negocio privado".
En un sentido similar, la legisladora Marta Martínez, de Autodeterminación y Libertad, presentó en agosto de 2019 un proyecto para un "subte público dirigido por trabajadores y usuarios".
De acuerdo a esta propuesta, un organismo descentralizado, que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad, operaría el subte bajo la dirección de una comisión integrada por dos trabajadores de cada línea, cinco miembros elegidos por el voto directo y voluntario de los usuarios y tres expertos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
"Apuntamos a un sistema de transporte en el que las decisiones estén en manos de quienes lo utilizan y trabajan", explicó a Télam Martínez, y agregó que la "necesaria anulación del contrato de Metrovías no puede derivar en un servicio estatal en manos de los que ya le entregaron el subte a privados, transfiriéndole enormes subsidios y permitiendo una prestación cara y de baja calidad".
El legislador Sergio Abrevaya, del GEN, presentó por su parte un proyecto de ley que otorga la concesión del subte a la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que administra, desde 2009, la red de autopistas porteñas y los puentes de conexión con la provincia.
Para Abrevaya, "la operadora (del subte) debería tener la agilidad de una sociedad privada en su relación con los proveedores y en lo laboral, pero pertenecer al Estado", y la única "experiencia probada de eso es AUSA", cuyo "nivel técnico y gerencial no tiene nada que envidiarle a Metrovías ni a ninguna privada".
"Si operaste (el subte) hasta la privatización de Menem y te fue bien, ¿por qué dárselo a un privado que además de obtener ganancias, requiere subsidios?", cuestionó Abrevaya, y agregó que la actual licitación debería ser suspendida para convocar a una nueva, ya que "no puede quedar Metrovías como única oferente porque es mala operadora". (Télam)