Arsénico, fallo judicial y bronca vecinal exponen a Sciaini en Roque Pérez

El distrito que gobierna Maximiliano Sciaini atraviesa días de fuerte malestar social y político. El último alerta del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que ubicó a Roque Pérez en “zona roja” por los altos niveles de arsénico en el agua corriente, terminó de detonar una crisis que los vecinos arrastran desde hace años y que hoy expone con crudeza las falencias de la gestión municipal.

Según los análisis realizados sobre muestras de la red de ABSA y de pozos, la concentración de arsénico detectada oscila entre 57 y 87 partes por billón (ppb), valores que superan ampliamente el límite de 10 ppb recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El dato encendió todas las alarmas y profundizó la bronca vecinal frente a lo que consideran una inacción sostenida del Municipio para garantizar un derecho básico como el acceso al agua segura.

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Una medida judicial que dejó al descubierto la falta de respuestas

Cansados de esperar soluciones, los vecinos tomaron la iniciativa y lograron un avance clave en la Justicia. A partir de una acción judicial impulsada por la asamblea ambiental Reverdecer y el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro, ABSA se comprometió, mediante una medida cautelar, a crear un centro de distribución de agua segura en bidones para la población.

El propio Cabaleiro explicó que la resolución, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata, se trata de una respuesta de emergencia frente a una situación crítica. La demanda, sin embargo, va más allá: exige la construcción de una planta potabilizadora y la ampliación de la red, en un distrito donde solo el 49% de la población contaría con agua corriente, un dato que deja expuesta la precariedad de los servicios básicos bajo la gestión de Sciaini.

Vecinos de la asamblea ambiental Reverdecer y el abogado Fernando Cabaleiro informaron sobre el avance judicial.

En ese contexto, no pasó inadvertido que Roque Pérez fuera sede del 15° Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir, que culminó con una movilización por las calles de la ciudad. La problemática del agua contaminada fue uno de los ejes centrales de la protesta.

El Concejo Deliberante y un freno simbólico al cobro del servicio

La presión social también tuvo su correlato institucional. A principios de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó una solicitud de suspensión del cobro del servicio de agua mientras persista la condición de no potabilidad. La iniciativa fue impulsada por el bloque de la UCR y dos unibloques, que reclamaron al Ejecutivo municipal que eleve un pedido formal al Gobierno bonaerense para frenar el cobro por parte de ABSA.

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El texto aprobado señala que resulta inadmisible cobrar por un servicio que no cumple con los estándares mínimos de calidad, una definición que volvió a poner en el centro de la escena la responsabilidad política del intendente massista.

Una gestión cuestionada en todos los frentes

El conflicto por el agua se suma a un rosario de críticas que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando. La derrota del oficialismo local en octubre fue atribuida a un descontento generalizado, marcado —según denuncian— por falta de gestión en salud, seguridad y mantenimiento urbano.

Crecen los reclamos vecinales por el estado de las calles en Roque Pérez.

Semanas atrás, el concejal de Hechos, Juan María Cravero, fue contundente al analizar la situación financiera del Municipio: “Se gasta el 80% del presupuesto en empleados”, advirtió, al tiempo que denunció “desmanejos, servicios que no se prestan y falta de organización”, y calificó a la actual administración como “el peor gobierno de la historia de Roque Pérez”. “No encuentro algún servicio o algo que pase en Roque Pérez que tenga mejor calidad que en años anteriores”, remarcó.

En la misma línea, Jorge Barrera, cuando aún ocupaba una banca por Cambiemos, alertó: “Falta un plan de gobierno a futuro. Al intendente se le viene hundiendo el barco, y para mí ya hay que tirar los salvavidas”. También cuestionó los fuertes aumentos de tasas y sostuvo que “el más perjudicado fue el empleado municipal, que hoy está en un estado de indigencia, que da vergüenza”.

Con el agua contaminada como símbolo de una crisis más profunda, evidenciada también en la caída de su imagen pública según una reciente encuesta, la gestión de Sciaini enfrenta uno de sus momentos más delicados, bajo la mirada atenta de una comunidad que ya decidió no quedarse de brazos cruzados.