Debate caliente: Monteoliva propone imputar desde los 12 años

El Gobierno nacional volvió a endurecer su postura sobre la baja de la edad de imputabilidad y elevó el tono en la antesala del debate legislativo que se abrirá en febrero. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la discusión real hoy se ubica entre los 12 y 13 años, y consideró que la Argentina “quedó rezagada” frente a otros países.

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La funcionaria defendió el tratamiento del Régimen de Justicia Penal Juvenil, que fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias, y cuestionó la vigencia de una normativa que data de 1980.

“La discusión hoy está entre los 12 y los 13 años”

En declaraciones radiales, Monteoliva fue más allá del proyecto oficial que fija la imputabilidad desde los 13 años.
“La baja de la edad de imputabilidad es clave. Ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, afirmó.

Según explicó, la tendencia internacional se mueve en rangos más bajos que los actuales en la Argentina. “Excepto Brasil, casi todos los países de la región y de Europa están entre los 12, 13 y 14 años. Nosotros estamos atrasados en esta discusión”, sostuvo.

Sesiones extraordinarias y presión del Ejecutivo

La ministra celebró que el proyecto haya sido incluido en las sesiones extraordinarias que el Congreso tratará durante febrero. “Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido. Ojalá podamos lograr esa reducción”, remarcó, en línea con la decisión del Ejecutivo de acelerar el tratamiento parlamentario.

El Decreto 53/2026 habilitó formalmente el debate del Régimen de Justicia Penal Juvenil entre el 2 y el 27 de febrero, con la intención oficial de obtener media sanción en Diputados antes del 19 de ese mes.

“La ley es de 1980 y el delito cambió”

Monteoliva argumentó que la normativa vigente responde a una realidad superada. “Tenemos una ley de 1980, mientras que las organizaciones criminales han cambiado. Hoy reclutan chicos y no hemos dimensionado el impacto de eso”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que los menores funcionan como el “combustible” de las bandas delictivas y que el sistema actual no logra dar una respuesta eficaz frente a ese fenómeno.

Qué plantea el proyecto de Régimen Penal Juvenil

La iniciativa, elaborada por los ministerios de Seguridad y Justicia, propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, reemplazando la Ley 22.278.

Entre sus puntos centrales, contempla:

• La eliminación del sistema tutelar vigente.
• Un proceso penal con garantías específicas para menores.
• Penas máximas de hasta 20 años.
• Prohibición de la reclusión perpetua.
• Medidas de contención, seguimiento educativo obligatorio y figuras como la del supervisor.

Monteoliva remarcó que “no se trata solo de bajar una edad, sino de cambiar el sistema”, y subrayó la necesidad de una articulación con las provincias para desactivar organizaciones criminales.

El respaldo de Cúneo Libarona y el eje en la impunidad

En la misma línea se expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien calificó al régimen actual como “malísimo”. “Es injusto para la víctima y también para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiarlo”, afirmó.

“El joven de 1980 no es el joven de 2026”, sostuvo, al advertir sobre el impacto de la droga y la violencia en los delitos cometidos por menores. Según el funcionario, existe “mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad”.

Cúneo Libarona aseguró que el proyecto fue trabajado con jueces y fiscales y apuntó a terminar con la impunidad sin desconocer la especificidad del sistema penal juvenil. “Comete delitos de mayores, penas de menores. El sistema tiene que dar justicia”, enfatizó.

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Con estas definiciones, el Gobierno busca instalar el debate con un tono firme y sin matices. La baja de la edad de imputabilidad promete fuertes resistencias políticas y sociales, pero el oficialismo apuesta a avanzar durante febrero y trasladar la discusión al Senado antes del cierre del período extraordinario. La discusión, ahora sí, quedó formalmente abierta en el Congreso.