Una deuda pendiente: la Coalición Cívica presenta Proyecto de Ley para regular las Aplicaciones de Fitosanitarios en la Provincia

El diputado Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica (Juntos), presentó en la legislatura provincial un proyecto de Ley de Aplicaciones de Fitosanitarios. El legislador afirmó que busca terminar con el “desorden legislativo” causado por la diversidad de normativas municipales originadas con una Ley provincial (10.699) totalmente desactualizada.

La iniciativa presentada por el diputado provincial que responde a Elisa Carrió, cuenta con más de 40 artículos en los cuales se establecen condiciones para el correcto uso de los fitosanitarios, sobre todo en las áreas periurbanas . En la normativa se fija, entre otras cuestiones, las formas de uso de los productos, el ámbito de aplicación, la creación de registros, fiscalización y la confección de un Manual de Buenas Prácticas.

Entre los puntos salientes, se destaca la eliminación de las las zonas de exclusión y se establece un máximo de 500 metros para las denominadas áreas de amortiguación, incluso pudiendo ser menos si las características de la región así lo permiten. A su vez, el proyecto deroga la Ley 10.699, actualmente vigente y dispone que el cumplimiento de la nueva normativa sea obligatorio en todo el territorio bonaerense, dejando sin efecto así la aplicación de las ordenanzas municipales que fueran en contra de la actual.

En sus fundamentos, Bugallo destaca la importancia productiva de la provincia de Buenos Aires en materia agrícola, ya que abarca una gran superficie de cultivos como trigo, girasol, soja y maíz, entre otros, al igual que las producciones periurbanas como los establecimientos fruti hortícolas. Sin embargo, el legislador manifiesta que la falta de ordenamiento legislativo y la profusión de normativas municipales “sin fundamento técnico ni científico” ha generado conflictos entre los vecinos y los productores, agravado por el miedo y la desinformación generada por movimientos políticos encubiertos bajo la figura de "agrupaciones ambientalistas".

El legislador afirmó que busca terminar con el “desorden legislativo” causado por la diversidad de normativas municipales originadas con una Ley provincial (10.699) totalmente desactualizada.

“Mientras estos grupos ambientalistas politizados quedaron en el pasado encerrados en su combate al glifosato, ya no de Monsanto porque la firma fue adquirida por Bayer, desconocen que hay más de mil fitosanitarios aprobados en el mercado. Hoy el campo habla de aplicaciones selectivas que aplican solo cuando un sensor verde detecta presencia de maleza y dependiendo el tipo y tamaño de ésta, la cantidad de producto que aplica o deja de aplicar. En el campo ya hay equipos que en tiempo real transmiten datos a la nube, pudiéndose acceder a éstos en forma remota, con datos sobre pérdidas por deriva, evaporación, tamaño de gota, velocidad de avance del aplicador, condiciones climáticas, etc. Incluso, pudiendo suspender la aplicación si las condiciones climáticas cambian en forma imprevista. Hoy el agro vive en el futuro, se habla de drones autopropulsados, nanotecnología en los productos, trazabilidad en los equipos mediante el uso de blockchain con uso de inteligencia artificial, mientras algunos activistas aún quedaron encerrados en su guerra contra Monsanto”, argumentó el legislador.

Actualmente, existen 86 ordenanzas que regulan las aplicaciones de fitosanitarios en la provincia, generando un panorama fragmentado y confuso. Algunas de estas ordenanzas establecen distancias de aplicación, cuando lo importante son las formas y condiciones en que estas se realizan, mientras que otras prohíben el uso de productos específicos, muchos de ellos aprobados por el mismo SENASA, provocando complicaciones al sector y conflictos por la falta de un marco regulatorio único.

Otro de los puntos importantes del proyecto es la designación del Ministerio de Asuntos Agrarios como autoridad de aplicación de la ley y la obligatoriedad de una receta agronómica firmada por un Ingeniero Agrónomo. A su vez, se ordena que para la confección del Manual de Buenas Prácticas se convoque a un comité de especialistas integrados por los Organismos Técnicos del Estado, entidades gremiales del sector rural y a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), entre otros. Dicho manual podrá ser actualizado sin necesidad de una modificación de la ley, lo que permite una constante actualización.

En tanto, también deja expresamente prohibida la aplicación dentro del espacio destinado a establecimientos educativos. Habilitando su aplicación fuera del horario escolar, para zonas colindantes, con la presencia de un fiscalizador por parte de la autoridad de aplicación o del municipio autorizado. Además, para los cursos de agua o lagunas permanentes se establece una distancia de prohibición de 10 metros para aplicaciones terrestres y 50 metros para aéreas, algo que en la práctica ya viene sucediendo.

Para Bugallo, “lo que la sociedad debe tener claro, y en eso venimos trabajando desde lo comunicacional, es que los fitosanitarios son productos utilizados para prevenir y controlar organismos nocivos en los cultivos, siendo fundamentales para la salud vegetal y para el control de enfermedades. No utilizarlos es ir en contra de los estándares sanitarios vigentes”.

Finalmente el diputado Bugallo expresó que “esta ley busca poner fin a estos enfrentamientos absurdos entre vecinos de la provincia, tomando en cuenta los intereses de todas las partes involucradas y, para ello, redactamos un proyecto muy completo y profesional que brinde seguridad jurídica para los próximos 50 años a la producción agropecuaria. Absolutamente libre de prejuicios ideológicos, comprometida con el ambiente, la producción sustentable, la preservación de los recursos naturales y sobre todo, la protección de la salud humana”, concluyó.