Los roces diplomaticos ponen a Peru en un escenario de aislamiento con parte de la region

(Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) Con choques diplomáticos de distinta intensidad con México, Colombia, Bolivia, Honduras y, en menor grado, Chile, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta un escenario inédito para un Perú cuya relación solía ser buena con el resto del continente.
“Nunca antes Perú había estado tan aislado en la región. Y todo ello cuando la economía y la política globales se basan en la creación de bloques continentales”, comentó el politólogo Isaac Bigio, de la London School of Economics.
La situación más complicada es con México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, califica de “espuria” a Boluarte y defiende al destituido y encarcelado exmandatario Pedro Castillo, a quien considera víctima de un complot de élites de derecha.
Boluarte, en una primera respuesta, declaró "persona no grata" al embajador mexicano en Lima y le exigió salir del país, y en una segunda, la semana pasada, retiró a su embajador en Ciudad de México, con lo que la relación descendió a nivel de encargados de negocios.
México y sus empresas invierten 14.000 millones de dólares en Perú. Brasil es el único país latinoamericano que supera esa cifra y de ahí la importancia de una relación que además históricamente siempre fue cordial.
Además, López Obrador se ha negado a entregarle al gobierno “espurio” del Perú la presidencia por témpore de la Alianza del Pacífico, que integran los dos países junto a Chile y Colombia y que es un foro regional de gran importancia estratégica, sobre todo desde el punto de vista económico.
La transferencia de ese mandato pro témpore debió hacerse en diciembre en México, pero no fue posible porque el Congreso del Perú le negó el permiso de salida al entonces presidente Castillo, quien fue destituido días después tras fracasar en un intento de cerrar el Legislativo y gobernar mediante decreto.
El protagonismo de México en el caso también se refleja en que Castillo, tras ser destituido, fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de ese país para asilarse, y en que la esposa (acusada de supuesta corrupción) y los dos hijos del exmandatario viven protegidos en la nación norteamericana.
Para el periódico limeño Diario Uno, único de la ciudad con línea editorial de izquierda, las discrepancias entre Perú y otros países derivan en buena medida de que el Ejecutivo peruano le entregó la conducción de la política exterior al Congreso y, específicamente, a su Comisión de Relaciones Exteriores.
“No creo que (el Ejecutivo y la Comisión) coincidan en lo áspero, pero sí en alguna visión. Sí hay cierta influencia (del Parlamento)”, le dijo a Télam el experto en asuntos internacionales Ramiro Escobar.
Según destacó Escobar, la diplomacia peruana se ha caracterizado históricamente por su tendencia a no dejar que las discrepancias escalen y a evitar que se llegue a recursos como el retiro de embajadores.
Pero en el Congreso hay voces “ásperas”, señaló el experto, como la de la presidenta de la Comisión, María del Carmen Alva, o la del fujimorista Ernesto Bustamante, quien llegó a plantear una invasión militar a Bolivia y un apoderamiento de recursos naturales de ese país.
El Congreso declaró “persona no grata” al presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el mandatario haya criticado públicamente que los policías peruanos, dentro de la represión a las protestas, “desfilaran como nazis contra su propio pueblo”.
Los parlamentarios acusaron a Petro, de quien recordaron su pasado guerrillero, no solo de “insultar” a las Fuerzas Armadas peruanas, sino de frivolizar el exterminio de la población judía por los nazis.
No obstante, la declaratoria no fue compartida por el Ejecutivo, en especial porque la Cancillería colombiana explicó pronto los dichos, por lo que el presidente eventualmente no tendría problemas en visitar territorio peruano, pues es el Gobierno el que maneja las entradas y salidas del país.
El Congreso también declaró “no grato” al expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien tanto el Gobierno como el Legislativo señalan como azuzador de las protestas, que se han concentrado en buena parte en el sur andino del país, cerca de la frontera boliviana.
Boluarte incluso ha dicho, con base en versiones de políticos de derecha de Bolivia, que seguidores de Morales participan en las protestas personalmente y con armas, aunque en ningún caso presentó alguna prueba de ello.
Morales, aymara como la mayoría de la población del departamento fronterizo peruano de Puno, se ha abstenido de regresar al Perú, en donde sí estuvo varias veces en los primeros días de agitación.
Perú también retiró “definitivamente” en enero a su embajador en Honduras, por la “injerencia indebida” de la presidenta Xiomara Castro, quien también reprochó públicamente la destitución de Castillo y desconoció la legitimidad de Boluarte como sucesora.
En cuanto a Chile, país con el que históricamente tiene Perú marcados recelos mutuos, algunas críticas del presidente Gabriel Boric a la forma como el actual Gobierno peruano maneja la situación no escalaron en la misma medida.
Para Bigio, “el Foro de Madrid, la internacional franquista de (el partido español) Vox, donde están el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el presidente y la vicepresidenta del Congreso, José Williams y Martha Moyano, y varios congresistas, quiere destruir todo bloque regional autónomo”.
“Tras haber logrado producir el mayor deterioro diplomático de la historia con el país hispanohablante más poblado (México), la derecha apunta hacia Colombia, la segunda nación de habla castellana más habitada”, anotó Bigio.
La comunidad internacional tiene además en la mira al Perú por la forma como se manejaron las protestas populares: la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigió explicaciones, como también lo han hecho ONGs globales, como Amnistía Internacional.
Estados Unidos, un sólido socio del Perú, exhortó al Gobierno y al Congreso a buscar fórmulas concretas para anticipar las elecciones previstas para 2026, con lo que recogió a su manera un clamor popular al que el Ejecutivo y el Legislativo peruano sigue sin darle respuestas concretas.
En Perú, que tuvo seis presidentes desde 2018, murieron 60 personas en las protestas que sucedieron a la destitución de Castillo y su reemplazo por la entonces vicepresidenta Boluarte.
La mandataria anunció en principio que se quedaría hasta 2026, aunque luego se dijo partidaria de anticipar los comicios e incluso presentó un proyecto de ley al respecto al Congreso, el que, al igual que otros de distinta procedencia, no ha sido aprobado por los parlamentarios. (Télam)