El Gobierno profundiza su brecha con los sindicalistas

Mauricio Macri.

El gobierno nacional que encabeza Cambiemos busca la manera legal de poder hacer pública las declaraciones juradas de los gremialistas jefe que están a cargo de las obras sociales. Luego de la embestida de la semana pasada, cuando el presidente decidió echar a dos funcionarios luego de la marcha de la CGT, ahora investigan cuál es la manera en que los sindicalistas tengan que dar a conocer su patrimonio.

Bajo el argumento de la transparencia en la gestión, el gobierno busca conocer si estos datos ya están en manos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y si los mismos pueden difundirse.

Según la Ley 23.660, de Obras Sociales, los directores y administradores de la misma, deben entregar a la SSS su declaración jurada, por lo que desde el gobierno buscan conocer si esto se está llevando a cabo o no.

Desde la Oficina Anticorrupción, comandada por Laura Alonso, lo óptimo sería un nuevo decreto que iguale a estos dirigentes con los funcionarios públicos, hasta poder concretar la manera en que sea de público conocimiento.

Esta iniciativa es parte de las repercusiones de la marcha de la CGT de la semana pasada, cuando los sindicalistas anunciaron que evaluarán la posibilidad de un paro general; mientras que desde el gobierno endurecieron su postura y echaron de sus puestos a Luis Servino, ex jefe de la SSS, y a Ezequiel Sabor, viceministro de Trabajo, y designaron en sus puestos a dos hombres cercanos a Triaca, el ministro de Trabajo.