Paro en la UBA: Gelpi denuncia que el veto de Milei “pone en riesgo a la universidad pública”

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, no escatimó en palabras al expresar su preocupación por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso aprobó recientemente. El presidente Javier Milei ya anticipó que su decisión será oficializada en los próximos días, y las reacciones no se han hecho esperar.

"Respeto la opinión del Presidente, pero no la comparto en absoluto. Con el veto de esta ley se está hipotecando el futuro del país y, sobre todo, el de la gente joven, que es lo más importante", sostuvo Gelpi durante una entrevista en Radio Mitre. Sus palabras resonaron en medio del paro que afecta a todas las facultades y centros de salud dependientes de la UBA, con docentes y trabajadores no docentes reclamando una solución urgente.

La situación crítica en las universidades públicas

La comunidad universitaria atraviesa una de sus crisis más profundas, marcada por la falta de recursos y la creciente incertidumbre sobre el futuro del sistema público de educación superior. Gelpi destacó que las universidades públicas enfrentan serios problemas operativos debido a la reducción de fondos, lo que ha provocado que muchos docentes abandonen sus cargos por salarios insuficientes.

La Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada, representa apenas un 0,14% del PBI, pero su impacto en las universidades sería crucial para garantizar la calidad académica y de investigación que caracteriza al sistema público argentino. Sin embargo, el gobierno de Milei, enfocado en el ajuste fiscal, considera que su veto es necesario para mantener el equilibrio en las cuentas públicas.

Morón: más de 290 familias acceden a la firma gratuita de escrituras

El paro en la UBA y la movilización del 2 de octubre

El paro, organizado por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), no solo responde a los reclamos salariales, sino también a la amenaza de veto a la ley que permitiría mejorar las condiciones en las universidades públicas.

Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, expresó: "Queremos seguir en las aulas, haciendo investigación y extensión con nuestros estudiantes. Pero si el gobierno veta esta ley, el futuro de la UBA se verá gravemente comprometido". Además, anticipó que la movilización programada para el próximo 2 de octubre será una de las más masivas que se recuerden, con la participación de sindicatos, docentes, estudiantes y no docentes, todos unidos bajo la consigna "Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad".

Una marcha para frenar el veto

El próximo 2 de octubre, la comunidad universitaria se movilizará nuevamente en una Marcha Federal Universitaria. La consigna es clara: evitar el veto presidencial. La UBA, junto con otras universidades públicas, sindicatos y federaciones estudiantiles, exigirá la promulgación de la ley para garantizar el financiamiento necesario para su funcionamiento.

"Este gobierno tiene un plan sistemático y gradual para desmantelar la educación pública. No es política, es el futuro del país lo que está en juego", denunció Gelpi frente al Consejo Superior de la UBA. La multitudinaria movilización espera repetir el impacto de la marcha de abril, que congregó a miles en defensa de la universidad pública.

El impacto del veto en el futuro de la educación

Si el veto se oficializa, las consecuencias no tardarán en hacerse sentir. La UBA, que ya enfrenta la pérdida de docentes y la reducción de recursos, podría ver un deterioro gradual en todas sus funciones esenciales: docencia, investigación y extensión. “No es una cuestión de semanas, pero si no se toman medidas, llegará el momento en que la universidad tendrá que cerrar algunas de sus actividades”, advirtió Gelpi.

El gobierno, por su parte, sigue firme en su postura de veto, argumentando que la ley amenaza con desbalancear el presupuesto. Sin embargo, la comunidad educativa insiste en que la desfinanciación afectará no solo a las universidades, sino al desarrollo científico y social del país.