El Gobierno comenzará a evaluar a 40 mil empleados públicos

La administración de Javier Milei continúa con su plan de ajuste fiscal y reestructuración del Estado. La semana próxima comenzarán los exámenes de idoneidad para unos 40 mil empleados públicos con contratos temporales, quienes deberán aprobar esta evaluación como requisito obligatorio para renovar sus contratos. Este proceso forma parte de una serie de reformas que también incluyen una revisión exhaustiva de la planta de personal del Estado y posibles cierres de organismos considerados innecesarios.

Prórroga del blanqueo de capitales: nuevos plazos para regularizar

El examen, que se realizará de manera presencial, estará dirigido a los empleados temporales cuyas contrataciones finalizan a fin de año. La evaluación será de una hora, con entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple, y se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la prueba es obligatoria, no garantiza la renovación del contrato, ya que cada área evaluará, de manera independiente, las necesidades de su personal.

Excepciones a los exámenes

Habrá tres excepciones importantes: empleados de planta permanente, aquellos que vivan en el interior del país y las personas con discapacidad. En el caso de los trabajadores que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el examen será presencial, pero se evalúa la posibilidad de extender la prueba a otras ubicaciones, como Tecnópolis.

Además, cada empleado tendrá tres oportunidades anuales para aprobar el examen de idoneidad. En cuanto a la modalidad, los resultados serán corregidos automáticamente por el sistema, y en la nómina final solo se registrará si el examen fue aprobado o no.

El ajuste del Estado: un "deep motosierra"

El inicio de estos exámenes es parte de un proceso de ajuste fiscal y reestructuración administrativa que el Gobierno ha denominado "deep motosierra". Este término hace referencia a las reformas que buscan reducir el gasto público mediante el despido de empleados y la reestructuración de organismos.

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno ha despedido a alrededor de 30 mil empleados y ha reducido el número de ministerios de 18 a 8. Además, se ha recortado un 33% los puestos jerárquicos y se apunta a eliminar unas 300 direcciones y coordinaciones. El ajuste también incluye la revisión de las estructuras de organismos descentralizados, como el Indec y la ARCA, con el objetivo de eliminar funciones duplicadas o innecesarias.

Cierres de organismos y nuevas estructuras

El Gobierno planea continuar con el proceso de reducción de organismos que no se consideren esenciales. Un ejemplo de ello es la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), cuyo presupuesto para el pago de empleados superaba el monto destinado a su cartera de préstamos. Estos cierres se suman a un proceso de reconfiguración en diversas áreas del Estado, buscando optimizar el uso de los recursos.

El Ejecutivo también está considerando implementar un sistema de "premios" para las áreas del Estado que logren no gastar todo su presupuesto anual, generando un ahorro fiscal. Además, se encuentra en proceso la renegociación de más de 50 convenios colectivos de trabajo que rigen para el empleo público, así como una reconfiguración de las escalas salariales. Esto último, con el objetivo de corregir las disparidades salariales entre la administración central del Estado y los organismos autónomos que mantienen sueldos mucho más altos.

La revisión de la planta de personal

En paralelo con los exámenes, el Gobierno llevará a cabo una revisión de la planta de personal en todas las áreas del Estado para determinar si es necesaria una reestructuración más profunda. Esto incluirá un análisis detallado de los empleados que no cumplen con funciones esenciales, así como la evaluación de qué organismos pueden ser cerrados o fusionados.

El ajuste fiscal, combinado con la reducción de personal y la reconfiguración de organismos, busca optimizar el funcionamiento del Estado y reducir el gasto público, al mismo tiempo que se generan incentivos para que las áreas más eficientes obtengan "premios" por no consumir todo su presupuesto. La implementación de estas políticas forma parte de una serie de reformas que podrían transformar la estructura administrativa del país en los próximos años.