El Gobierno de Milei pierde ante la justicia: los sitios de memoria siguen abiertos
La justicia impide que el Gobierno cierre los sitios de memoria. Un fallo clave asegura su funcionamiento. ¿Qué pasará con los fondos históricos?
Política15 de enero de 2025
Juan Manuel Villarreal
El cierre de sitios de memoria frenado por un fallo judicial
El juez federal Ariel Lijo ha dictado un fallo que obliga al Gobierno nacional a mantener abiertos y en funcionamiento los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos la ex ESMA, el Olimpo, Orletti y Virrey Cevallos. El dictamen responde a una denuncia presentada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien alertó sobre el desmantelamiento de estos espacios bajo la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, liderada por Alberto Baños.
Un fallo clave contra el desmantelamiento
El pronunciamiento judicial llega en un contexto de creciente preocupación por el vaciamiento de estos lugares emblemáticos de la memoria histórica. En su resolución, Lijo exige que el Gobierno garantice la dotación de personal capacitado para continuar con las tareas de preservación y transmisión de los hechos ocurridos durante la dictadura.
Montenegro celebró la resolución, destacando la importancia de la justicia en la preservación de la memoria histórica frente a los intentos de algunos sectores de reescribir la historia del terrorismo de Estado. "Es un posicionamiento clave en defensa de la verdad", expresó la legisladora en declaraciones a Página/12.
Los sitios de memoria en peligro
El conflicto se centra en los recortes de personal y recursos en los cinco sitios de memoria gestionados por el Estado. Entre ellos, el Centro Cultural Haroldo Conti y el Virrey Cevallos están en riesgo de cierre debido a los despidos masivos de trabajadores. Estos centros no solo preservan la memoria histórica, sino que también realizan un trabajo pedagógico y de investigación fundamental para entender los crímenes de la dictadura.
La ley en juego y los riesgos de cierre
La ley 26.691, que establece la preservación de los centros clandestinos de detención como prueba judicial y como parte del proceso de memoria histórica, ha sido vulnerada por las políticas del Gobierno de Javier Milei. Según la denuncia presentada por Montenegro, los despidos y la falta de mantenimiento de los sitios contravienen las disposiciones legales que protegen estos espacios como patrimonio colectivo.
La respuesta judicial ante el vaciamiento
En su fallo, el juez Lijo también ordenó medidas concretas para evitar el deterioro de los edificios, como la limpieza de techos y la fumigación de espacios. Además, resaltó la necesidad de mantener los archivos históricos y los acervos, esenciales para las investigaciones judiciales y el trabajo de memoria.
El fallo ha sido respaldado por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes se han mostrado preocupados por el vaciamiento de las políticas de memoria. La resolución judicial se considera un triunfo ante el avance de políticas que intentan minimizar la importancia de los sitios de memoria.
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