Orden de captura para Evo Morales por presunta trata de menores. Lo acusan de usar su poder político para silenciar el caso. ¿Qué dijo el expresidente?
Mundo18 de enero de 2025
Pamela Orellana
Un juez de Tarija, Bolivia, emitió este viernes una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, luego de que este faltara a su segunda audiencia programada. La medida está vinculada a un caso de presunta trata de personas, en el que Morales habría mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato (2006-2019).
El juez Nelson Rocabado declaró al líder cocalero como "rebelde" y ordenó el congelamiento de sus bienes, así como la prohibición de salir del país. "El juicio se suspenderá hasta que él comparezca", indicó Sandra Gutiérrez, fiscal a cargo del caso.
La acusación sostiene que Morales inició la relación con una menor de 15 años en 2015, con el consentimiento de los padres de la joven, quienes habrían buscado beneficios políticos y económicos a cambio. Morales rechaza las acusaciones y argumenta que una investigación previa sobre los mismos hechos fue desestimada en 2020.
El equipo legal de Morales presentó certificados médicos que alegaban un cuadro de neumonía y bradicardia, pero estos fueron desestimados por el juez. Cecilia Urquieta, abogada del exmandatario, afirmó que en otro proceso judicial los mismos documentos sí habían sido considerados válidos.
"El certificado fue emitido por un médico especialista, pero no se respetó en esta causa", declaró Urquieta, quien señaló una presunta parcialidad en la justicia boliviana.
Desde el Trópico de Cochabamba, bastión político de Morales, miles de sus seguidores han formado "anillos de seguridad" para evitar su detención. Vicente Choque, representante campesino, afirmó que más de 2.000 personas lo protegen "día y noche".
A través de su cuenta de X, Morales denunció que su declaratoria de rebeldía fue redactada por el Gobierno antes de la audiencia: "La justicia no respeta el debido proceso ni la presunción de inocencia. Mis acusadores quieren proscribirme antes de las elecciones presidenciales. Es una persecución orquestada por Arce y Choquehuanca para eliminarme políticamente."
El exmandatario comparó su situación con los métodos represivos de la Colonia y acusó al Gobierno de implementar un "régimen del terror". Además, señaló que los verdaderos responsables de trata y tráfico son quienes lo acusan, pero que no enfrentan procesos judiciales por temor a represalias.
Con una pena potencial de 10 a 15 años de prisión en caso de ser hallado culpable, el futuro de Morales parece incierto. La denuncia de una "justicia politizada" y las medidas extremas de seguridad que lo rodean reflejan la creciente polarización en Bolivia.
El caso también pone en tela de juicio la independencia del sistema judicial boliviano y su influencia en las elecciones presidenciales futuras, en las que Morales aún aspira a participar.
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