Milei recorta asistencia legal a pueblos originarios

El Gobierno nacional eliminó un programa fundamental para el acceso a la justicia de comunidades indígenas de todo el país. A través de la Resolución 8/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) derogó el Programa de Fortalecimiento Comunitario, vigente desde 2004 y orientado a brindar asesoramiento legal, financiamiento de defensas judiciales y apoyo en la regularización de tierras para pueblos originarios.

La decisión, tomada en el marco de la política de ajuste del presidente Javier Milei, se suma a una serie de medidas que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la eliminación en diciembre de la emergencia territorial que protegía a estas comunidades de los desalojos.

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El programa que garantizaba asesoramiento y defensa legal

El Programa de Fortalecimiento Comunitario se creó en 2004 con el objetivo de otorgar subsidios para afrontar gastos jurídicos y administrativos, incluyendo:

• Defensas judiciales en conflictos por tierras.
• Asesoramiento legal y contable.
• Capacitación en derechos indígenas.
• Ejecución e inscripción de mensuras para asegurar la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas.

La eliminación de este programa deja a cientos de comunidades en un estado de desprotección legal, en un contexto donde los conflictos por tierras han aumentado y muchas comunidades enfrentan amenazas de desalojo por parte de empresas privadas y el propio Estado.

Justificación oficial: ajuste y eficiencia

Según la Resolución 8/2025, el Gobierno sostiene que el programa “no ha dado cumplimiento a los objetivos planteados” y que presenta “deficiencias y desvíos”, según auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, argumenta que la eliminación responde a la necesidad de optimizar el gasto público, en línea con la emergencia económica decretada por el DNU 70/2023.

Sin embargo, el Ejecutivo no anunció ninguna alternativa para garantizar que las comunidades indígenas continúen recibiendo asistencia jurídica, lo que genera incertidumbre y preocupación entre las organizaciones indígenas y de derechos humanos.

Un golpe más en un contexto de retrocesos para los pueblos originarios

La eliminación del programa no es un hecho aislado. Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha impulsado una serie de medidas que afectan directamente a los pueblos originarios:

• Diciembre 2024: Se derogó la emergencia en tierras indígenas a través del Decreto 1083/2024, habilitando los desalojos de comunidades que no hayan regularizado su situación legal.
• Enero 2025: El INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad Qom en Makallé, Chaco, mediante la Resolución 5/2025.

Estas decisiones han generado preocupación y fuertes críticas de organizaciones indígenas y de derechos humanos, que advierten sobre un posible aumento de desalojos y conflictos territoriales.

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El rol del INAI bajo el nuevo gobierno

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo encargado de velar por los derechos de los pueblos originarios, ha pasado por sucesivos cambios en su estructura:

• Estuvo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• Luego, fue trasladado al Ministerio del Interior.
• Actualmente, depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Estos cambios, sumados a la derogación de programas clave, evidencian un desmantelamiento progresivo de las políticas de protección hacia los pueblos indígenas.

Un futuro incierto para las comunidades indígenas

Con la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, las comunidades indígenas pierden una herramienta fundamental para defenderse legalmente ante desalojos y conflictos territoriales. La falta de una política alternativa por parte del Gobierno agrava la situación y deja en evidencia una clara falta de prioridad en la agenda gubernamental para los derechos de los pueblos originarios.

Mientras tanto, cientos de comunidades en todo el país quedan a la deriva, enfrentando la amenaza de perder sus territorios sin respaldo legal ni asistencia estatal.