CAME responde al Gobierno: advierte sobre el impacto del fin de los aportes empresariales

El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 149/2025 publicado en el Boletín Oficial, la eliminación de la obligatoriedad de los aportes empresariales a cámaras sectoriales. A partir del 5 de junio, las contribuciones dejarán de ser compulsivas y quedarán sujetas a la decisión voluntaria de los empleadores.

Según el Poder Ejecutivo, la medida busca garantizar la libertad de asociación y evitar que empresas no afiliadas deban realizar pagos impuestos por convenios colectivos. Sin embargo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación ante las consecuencias que podría tener este cambio en el desarrollo del sector pyme.

Un golpe a la capacitación y el desarrollo empresarial

Desde CAME aclararon que los aportes empresariales no están destinados a financiar entidades sindicales, sino que son administrados exclusivamente por el sector patronal a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). "Es inexacta y hasta carece de veracidad la información que circula en diversos medios de comunicación, donde se infiere que parte de los fondos son destinados al sostenimiento de las entidades sindicales", manifestaron desde la organización.

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Según explicaron, los recursos del INACAP son fundamentales para la capacitación de empleados y la profesionalización de las pequeñas y medianas empresas. "Desde que recibimos recursos del INACAP, se pudieron llevar a cabo diferentes capacitaciones que permitieron profesionalizar al personal de los comercios y de las empresas de todo el país", indicaron.

Asimismo, señalaron que estos fondos también financian gestiones para resolver las dificultades que enfrenta el sector pyme, promoviendo proyectos de largo plazo, fortaleciendo la actividad económica y manteniendo fuentes de empleo. "Los recursos del INACAP no solo permiten capacitar a los empleados, sino que también resultan de vital importancia para el desarrollo, la defensa y la profesionalización de las pequeñas y medianas empresas", destacaron.

Un alivio para los empresarios o una amenaza para el sector

El Gobierno justificó la medida argumentando que los aportes empresariales obligatorios representaban una carga injustificada para quienes no estaban afiliados a las cámaras. En ese sentido, el Decreto 149/2025 establece que "las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades".

En el sector comercial, estos aportes representaban aproximadamente $6.000 millones mensuales, utilizados teóricamente para capacitación y asistencia a pymes. Con la nueva normativa, los empleadores podrán decidir si continúan realizando estas contribuciones, pero ya no estarán obligados a hacerlo.

Falta de transparencia y nuevas estrategias de financiamiento

Uno de los argumentos que el Gobierno utilizó para eliminar estos aportes fue la falta de transparencia en la administración de los fondos. "No existe una rendición de cuentas pública que permita conocer en detalle el destino de esos recursos o la efectividad de los programas de capacitación financiados", indicaron fuentes oficiales.

Esta situación había sido señalada por distintas entidades empresarias que venían reclamando la posibilidad de decidir libremente sobre estos pagos. Sin embargo, desde CAME remarcaron que la nueva normativa podría poner en riesgo la continuidad de servicios esenciales para el desarrollo del sector pyme.

"Las cámaras empresariales ahora deberán reconfigurar sus estrategias de financiamiento, depender más de los aportes voluntarios de sus afiliados y redefinir su oferta de servicios para captar nuevos socios", anticiparon desde la organización.

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Un cambio estructural con impacto a largo plazo

La eliminación de los aportes obligatorios podría generar un alivio financiero para muchas pymes que ven en los costos laborales y tributarios un obstáculo para su competitividad. Sin embargo, también supone un desafío para las cámaras empresariales que hasta ahora dependían de estos ingresos para sostener sus actividades.

En sectores como el comercio minorista o el gastronómico, donde la rentabilidad es baja, la posibilidad de destinar esos fondos a otras prioridades podría ser un respiro. No obstante, la incertidumbre sobre la continuidad de programas de capacitación y asistencia genera preocupación en el empresariado.

Con este decreto, el Gobierno busca reforzar la libertad de las empresas para decidir sobre sus aportes y eliminar una carga que, según su visión, era impuesta sin justificación legal. Mientras tanto, CAME advierte sobre el impacto que podría tener en la profesionalización y el desarrollo del sector pyme, abriendo un debate que promete seguir en agenda en los próximos meses.