Argentina y el FMI: un nuevo acuerdo que genera debate sobre su viabilidad y legalidad

El nuevo acuerdo de apoyo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha encendido una polémica de grandes proporciones en el ambiente económico y político del país. Mientras el Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la medida permitirá sanear el balance del Banco Central y allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre, expertos y sectores críticos advierten sobre serios riesgos económicos y denuncian la inconstitucionalidad del uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobar el acuerdo.

El respaldo financiero y el cepo cambiario

El Gobierno anunció que el acuerdo con el FMI estará listo a más tardar en abril, y se espera que este paquete incluya fondos nuevos y financiamiento para cubrir pagos de capital e intereses. Según Caputo, el plan contempla un respaldo de hasta US$ 11.000 millones, aunque un informe del banco suizo UBS elevó ese monto a la zona de los US$ 20.000 millones, lo que ha generado expectativas mixtas en el mercado.

“Cada vez hay menos pesos y cada vez habrá más dólares”, afirmó Caputo, minimizando la posibilidad de una fuerte volatilidad en el mercado cambiario. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo si esos fondos serán suficientes para levantar el cepo cambiario y restablecer la confianza de los inversores en un contexto de fuerte intervención del Banco Central.

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¿Cuánto dinero realmente entra y qué implica?

El paquete, según el comunicado, incluiría US$ 8.000 millones en fondos nuevos, destinándose el resto para cubrir obligaciones existentes del Tesoro Nacional con el Banco Central. La estrategia consiste en utilizar esos dólares para cancelar las Letras Intransferibles del Tesoro Nacional (LITN), que ascienden a unos US$ 23.000 millones al tipo de cambio oficial, lo que, en teoría, podría mejorar el balance del BCRA y, en consecuencia, reducir el índice de riesgo país.

No obstante, los operadores y analistas se preguntan si, en realidad, este “cambio de acreedor” no es simplemente una maniobra para disfrazar un incremento de la deuda interna sin resolver la fragilidad de la estructura financiera del país. Entre las dudas se encuentra si el dinero fresco se absorberá en medio de intervenciones para sostener un dólar artificial, especialmente en un año electoral.

La polémica legal: DNU y cuestionamientos constitucionales

El Gobierno ha optado por dictar un DNU para obtener “el apoyo del Congreso” en el acuerdo con el FMI. Esta medida ha generado un intenso debate legal, ya que varios abogados constitucionalistas sostienen que utilizar un DNU para aprobar un programa de financiamiento con el FMI viola la “Ley Guzmán” y la Constitución Nacional.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, denunció que “lo que se hace realmente es saltearse al Congreso”, argumentando que la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública (N° 27.612), aprobada en 2021, exige que cualquier operación con el FMI sea aprobada expresamente por el Parlamento.
Por su parte, Armando Aquino Britos puntualizó que “los decretos de necesidad y urgencia sin que se den las circunstancias que señala el artículo 99 de la Constitución son inconstitucionales”, dejando en claro que el Congreso, plenamente operativo, es el órgano legítimo para autorizar este tipo de acuerdos.

El constitucionalista Félix Lonigro agregó: “El Presidente no necesita mandar un DNU para negociar (un acuerdo con el FMI), puede negociarlo él directamente. Una vez que se negocia, para obtener el dinero es necesario el acuerdo del Congreso”.

Este uso del DNU no solo abre la puerta a una posible maniobra para evitar la discusión parlamentaria, sino que también pone en duda la transparencia y la legalidad del proceso, lo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo.

Riesgos económicos en un contexto de incertidumbre

El acuerdo se enmarca en un escenario económico de alta volatilidad. La deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central, que asciende a US$ 69.232 millones, y la continua intervención en el mercado de cambios para contener la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, ponen en evidencia una situación crítica.

El financiamiento del FMI se presenta como un “puente” de divisas, estimado en torno a los US$ 9.000 millones, que buscaría aliviar la presión sobre el balance del BCRA. Sin embargo, esta maniobra se enfrenta a la incertidumbre de si los fondos se utilizarán de manera eficiente o si simplemente se convertirán en un parche temporal que no resuelve los problemas estructurales de la economía.

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El mercado, aún con cierto optimismo reflejado en pronósticos de Wall Street y de consultoras como Econviews y Abeceb, se muestra cauteloso. Los inversores temen que el acuerdo no sea suficiente para revertir la tendencia negativa, y que el uso de un DNU y otros atajos legales pueda minar la credibilidad del país ante los organismos internacionales.

Ruido político en un año electoral

El contexto político también juega un papel crucial en la polémica por el acuerdo. Con un año electoral en el horizonte, el Gobierno insiste en que la medida permitirá “salir del cepo sin que haya problemas” y que “no va a pasar nada” en cuanto a volatilidad, aunque muchos sectores denuncian que esta seguridad es meramente retórica.

En declaraciones polémicas, el ministro Caputo se excusó de informar detalles del monto total por “confidencialidad”, mientras que en reuniones ante la Comisión Bicameral se adelantó que la urgencia de la medida se debe a que “la gente quiere salir de esto”. Sin embargo, críticos aseguran que la utilización del DNU es un intento de esquivar el debate parlamentario y concentrar el poder en el Ejecutivo, lo que podría debilitar aún más la institucionalidad en un contexto de alta polarización política.

Además, se especula sobre la futura estrategia del Gobierno para flexibilizar otros controles cambiarios, como el manejo del dólar blend o el giro de dividendos al exterior, generando una incertidumbre que ya se refleja en la caída del Merval y en el alza del índice de riesgo país.

Repaso histórico: la relación de Argentina con el FMI

Argentina ingresó al FMI en 1956 y, desde entonces, ha firmado un total de 28 acuerdos con el organismo. En la década de 1990 se concretaron 4 acuerdos por un monto total de US$ 10 mil millones, mientras que en el año 2000 se otorgó el préstamo máximo hasta 2018, por casi US$ 22 mil millones. Durante los años siguientes, se establecieron 19 acuerdos Stand-By, 6 de Financiamiento Compensatorio, 2 de Servicios Ampliados y 1 de Servicio Financiero del Petróleo, diseñado en la crisis del petróleo de la década de 1970.

El acuerdo vigente, aprobado en 2022 por la gestión de Alberto Fernández y ratificado por el Congreso, corresponde a un Programa de Facilidades Extendidas por US$ 45 mil millones. Este plan fue concebido para refinanciar el préstamo Stand-By suscripto en 2018 por la administración de Mauricio Macri, con desembolsos trimestrales durante 30 meses y el cumplimiento de metas en déficit primario, aportes del BCRA y reservas netas. Antecedentes recientes incluyen el acuerdo Stand-By de 2003 durante la gestión de Néstor Kirchner, que entregó más de US$ 13 mil millones, y otro firmado por Eduardo Duhalde el mismo año, reflejando una trayectoria compleja y variada en la relación financiera entre Argentina y el FMI.

Una mirada retrospectiva: el legado del FMI

El Fondo Monetario Internacional nació en el contexto de la posguerra, en 1944, como parte del acuerdo de Bretton Woods para evitar futuros desequilibrios económicos que pudieran llevar a conflictos. En sus inicios, la institución se diseñó como un mecanismo de ayuda mutua entre naciones, brindando asistencia a países en crisis mediante fondos comunes. Con el tiempo, el FMI evolucionó de ser un instrumento para la reconstrucción a convertirse en un pilar del orden neoliberal, imponiendo políticas de privatización, austeridad y desregulación a cambio de sus préstamos, lo que generó fuertes críticas por el impacto social y económico de sus medidas.

A lo largo de su historia, el organismo ha transitado un camino lleno de controversias y dilemas éticos. Durante la crisis de 2007-2008, sus estrictas condicionalidades y su rigidez para ajustar las economías receptoras evidenciaron la fragilidad del sistema, como se vio en casos emblemáticos en Grecia, Ucrania y Venezuela. Además, su estructura de poder, basada en las contribuciones de cada país y con Estados Unidos como principal garante, ha sido señalada como un reflejo del dominio de la geopolítica en sus decisiones. En definitiva, el FMI sigue siendo un símbolo del poder financiero global, enfrentándose al desafío de adaptarse a un mundo en constante transformación sin repetir los errores del pasado.