Más de 30 jueces rechazan intento de Bullrich de influir en la justicia

Más de treinta magistrados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresaron su rechazo a la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por "mal desempeño" contra el juez Roberto Andrés Gallardo. Este cuestionamiento se originó a raíz de una medida cautelar dictada por Gallardo, que dispuso que la Policía de la Ciudad custodie la marcha de jubilados y que no se permita la intervención de las fuerzas federales.

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Los jueces cuestionan la intromisión del Ejecutivo

Los magistrados porteños advirtieron que la denuncia de la ministra Bullrich refleja una práctica creciente del Poder Ejecutivo Nacional de intentar influir en las decisiones judiciales. A través de una carta enviada a la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Karina Leguizamón, los jueces manifestaron su "profunda preocupación" por lo que consideran un intento de aleccionar y condicionar a la magistratura.

La autonomía porteña y la independencia judicial, en juego

En su carta, los jueces destacaron la importancia de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad pública, un principio consagrado en la Constitución. Argumentaron que la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en la labor de la justicia porteña pone en riesgo la independencia judicial, que debe ser respetada y defendida a toda costa.

Además, los jueces subrayaron que las decisiones judiciales deben ser evaluadas únicamente a través de los mecanismos procesales correspondientes y que no corresponde que un órgano del Ejecutivo emita juicios sobre el acierto o desacierto de una sentencia.

Solicitan un rechazo urgente de la denuncia

Como respuesta a la denuncia de Bullrich, los jueces pidieron al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que rechace la denuncia de manera urgente. Este pedido se une a las solicitudes previas realizadas por organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), que agrupa a magistrados de todo el país.

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El trasfondo de la controversia

La denuncia de Bullrich contra Gallardo se enmarca en un contexto político tenso, donde la relación entre el gobierno nacional y el poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires ha estado marcada por diversas tensiones. En este caso, el conflicto se originó cuando el juez Gallardo dispuso que la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del gobierno porteño, asumiera el control de la seguridad en las marchas de jubilados, limitando la intervención de las fuerzas federales, lo que generó un fuerte rechazo desde el Ejecutivo nacional.