Diputados apuntan a los “trolls de Milei” por incitar al caos institucional

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra usuarios de redes sociales que, según argumentan, difundieron mensajes de incitación a la violencia y apología del delito durante la sesión del Senado en la que se debatieron proyectos claves en materia previsional y de discapacidad.

La presentación fue realizada por los legisladores Hugo Yasky, Daniel Goyán, Sabrina Selva, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra y Santiago Cafiero, e identifica a los responsables de las cuentas de la red X conocidas como @Gordodan_, @ElTrumpista, @FranFijap y @elpittttt.

Según la denuncia, las personas detrás de estos perfiles serían Daniel Parisini, Franco Antunes, Luciano Cabrera y Pedro María Lantarón, quienes habrían realizado publicaciones que promueven delitos graves contra el orden institucional.

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Tuits bajo la lupa: tanques, milicias y amenazas

El eje de la denuncia gira en torno a los mensajes publicados el 10 de julio, fecha en la que el Senado debatía la nueva fórmula jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Entre las expresiones denunciadas, se destacan frases como:

“@elpittttt: Es ahora Javo: Metan todos los tanques adentro del Congreso”

“@ElTrumpista: El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”

“@FranFijap: Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”

Los diputados sostienen que estos mensajes constituyen “una instigación a cometer delitos, apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas”, en línea con los artículos 209, 212, 213 y 149 bis del Código Penal, y además invocan el artículo 36 de la Constitución Nacional, que castiga los atentados contra el orden democrático.

“No todo vale”: los límites de la libertad de expresión

En su presentación, los legisladores remarcan que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, y que pierde legitimidad cuando se utiliza para incitar a la violencia o amenazar a las instituciones democráticas.

“La instigación al atentado contra el orden constitucional reviste una gravedad excepcional que justifica la intervención del derecho penal”, sostienen los denunciantes.

Asimismo, advierten sobre la presunta cercanía de algunos de los implicados con figuras del Gobierno Nacional, señalando que tendrían “acceso privilegiado al presidente de la Nación o a altos funcionarios”, lo que agrava el impacto institucional de sus publicaciones.

La causa recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti

La denuncia fue sorteada y quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. En la presentación, los diputados solicitaron al juez o fiscal interviniente una serie de medidas de prueba e investigación, con el objetivo de establecer si se incurrió en delitos que vulneran el orden democrático y promueven la violencia institucional.

Por el tenor de los mensajes y por el contexto en el que fueron publicados, los legisladores piden una respuesta firme del Poder Judicial ante lo que consideran un peligroso antecedente en redes sociales, con discursos que podrían alterar el orden público y afectar la convivencia democrática.