El Gobierno avanza con la privatización nuclear y crece la resistencia judicial y científica
El plan de Milei para vender NA-SA estalla en polémica: alertas por seguridad nuclear, sospechas de tasación y una cautelar que ya complica el avance oficial.
Política16 de noviembre de 2025
Pamela Orellana
La ofensiva del Gobierno nacional para avanzar con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) desató en las últimas horas una ola de cuestionamientos públicos y una primera medida judicial concreta para intentar frenar el proceso.
Mientras la diputada nacional Gabriela Estévez presentó una cautelar para suspender la venta del 44% del paquete accionario, el físico e investigador del CONICET Diego Hurtado calificó la decisión oficial como un “escándalo de entrega de recursos” y un retorno a las políticas de desguace de los años 90.
“Equipo que gana no se toca”
Hurtado, exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuestionó con dureza la intención de privatizar una empresa que calificó como “estratégica” y clave para el desarrollo tecnológico del país. Recordó que NA-SA opera Atucha I, Atucha II y Embalse, y que el sector nuclear argentino no solo es superavitario, sino que exporta tecnología de punta gracias a décadas de inversión estatal y formación científica.
Para el investigador, desmantelar el área nuclear es “demencial”, sobre todo en un país que “desarrolla ciencia, es más independiente, no produce gastos, es superavitario y sin embargo la quieren privatizar”. Para graficar su posición, apeló a una metáfora futbolera: “equipo que gana no se toca”.
Hurtado sostuvo que la avanzada oficial está “codificada” en la Ley Bases y advirtió que el acuerdo de transferencia que impulsa el Gobierno “se va a estudiar en los próximos 100, 150 años como hoy hablamos del Pacto Roca-Runciman en la década infame”.
También apuntó directamente contra los responsables políticos del proyecto: “Caputo es un representante de los fondos buitres”, afirmó, vinculando la privatización con sectores financieros globales interesados en un “negocio rápido” y la explotación de recursos estratégicos como el litio.
Pese al panorama, el físico expresó confianza en la capacidad de recuperación del sector: recordó que, tras el desguace de los 90, el área nuclear “resucitó, salió de las cenizas” a partir de 2003 gracias a una decisión política. Y cerró con una convicción: “Lo vamos a recuperar”, pidiendo parar a una “clase dirigente que no pone un freno” a la entrega de la riqueza nacional.
La primera cautelar para suspender el proceso
En paralelo, Estévez presentó ante el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba la primera acción de amparo individual y colectiva contra el decreto 695/2025. La legisladora de Unión por la Patria advirtió que la privatización “desfinancia, desarticula y extranjeriza o al menos entrega una industria que posicionó a la Argentina como referente regional en energía limpia, medicina nuclear y desarrollo tecnológico”.
El planteo judicial afirma que el decreto es nulo por haberse dictado fuera del plazo de facultades delegadas por la Ley de Bases, que vencía el 9 de julio. “El Poder Ejecutivo incurre en un vicio de nulidad absoluta e insanable”, sostiene la presentación.
La cautelar también alerta sobre riesgos ambientales, tarifarios y de seguridad radiológica. NA-SA opera la “banda base” del sistema eléctrico y cualquier transferencia irregular podría generar un daño “irreversible” para más de 2,5 millones de hogares.
Tensiones por la valuación de NA-SA
El trámite de privatización quedó además bajo sospecha por la tasación. Un informe enviado por el Gobierno a la Bicameral reveló que el Tribunal de Tasaciones de la Nación no está habilitado para valuar activos financieros ni intangibles, por lo que se recomendaría delegar la tarea en un banco público como el BICE.
La desconfianza crece porque, según una valuación oficial realizada en 2017, solo Atucha II y sus activos rondaban los 4.858 millones de dólares. Para algunos miembros del TTN, el valor total actualizado de las centrales gestionadas por NA-SA estaría cerca de 13.000 millones, mientras que el Gobierno buscaría vender el 44% por apenas 1.000 millones, un esquema que los críticos comparan con maniobras de los años 90.
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