Nación evalúa un modelo de gestión privada para hospitales SAMIC bonaerenses
Pamela Orellana


En medio del conflicto abierto con la gestión de Axel Kicillof, el Gobierno nacional evalúa modificar el esquema de administración de los hospitales bonaerenses que integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y avanzar con un sistema de gestión privada bajo el argumento de una deuda millonaria que le adjudica a la Provincia. La discusión involucra a cinco hospitales ubicados en territorio bonaerense y vuelve a poner en foco el retiro del Estado nacional de áreas sensibles, como la salud pública.
Ante la imposibilidad de concretar el traspaso de la administración de los hospitales a la órbita provincial, en la Casa Rosada reconocen que están “evaluando todas las opciones” para redefinir el futuro de esas instituciones, que hoy funcionan bajo un esquema de gestión compartida entre Nación y la provincia de Buenos Aires. Entre las alternativas en estudio aparece el denominado “modelo español”, que prevé hospitales públicos gerenciados por privados, con financiamiento estatal para la atención de la población sin cobertura médica.
“Se están evaluando todas las opciones a seguir”, admitieron desde el Gobierno nacional, al tiempo que deslizaron que podría haber definiciones durante la primera quincena de enero.
El reclamo de Nación y la deuda en disputa
El conflicto se profundizó luego de las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que el gobierno bonaerense no habría enviado fondos para el mantenimiento de cinco hospitales SAMIC por un total de $507.064 millones.
Según detalló, la deuda correspondería al Hospital El Cruce en Florencio Varela, al Hospital Cuenca Alta en Cañuelas, al Hospital Bicentenario en Esteban Echeverría, al Hospital René Favaloro en Rafael Castillo y al Hospital Presidente Néstor Kirchner en Gregorio de Laferrere.
“Quiero recordar nuevamente las múltiples deudas que la provincia de Buenos Aires tiene con los hospitales SAMIC”, afirmó Adorni, y sostuvo que “las cifras adeudadas son tan elevadas que incluso hay hospitales que, a pesar de ser de gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado nacional”.

El funcionario remarcó que el presupuesto bonaerense asciende a 34 billones de pesos y cuestionó las prioridades del Ejecutivo provincial. En contrapartida, desde el gobierno de Kicillof desconocieron el monto informado por Nación y señalaron que no existe un desglose claro de cómo se construyó esa cifra.
Desde la Provincia también recuerdan que la administración bonaerense le reclama a la Nación una deuda mucho mayor, que estiman en alrededor de 15 billones de pesos, según ratificó días atrás el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
El “modelo español” y la avanzada privatizadora
En ese contexto, la hipótesis de avanzar con un esquema de gerenciamiento privado ganó fuerza en las últimas semanas. En el Poder Ejecutivo reconocen que hubo contactos entre el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y especialistas españoles vinculados a ese tipo de modelos sanitarios. “Está en estudio y ya viajó gente de España”, admitió un funcionario nacional.
Según trascendió, el esquema garantizaría la atención de la población vulnerable a través de un sistema de cápitas, aunque también contemplaría la eventual participación de la Nación en las ganancias del gerenciamiento privado, un punto que genera preocupación en el ámbito sanitario.
Los hospitales SAMIC son entes interjurisdiccionales, por lo que cualquier modificación en su funcionamiento requiere acuerdos entre Nación y Provincia. Sin embargo, desde La Plata advierten que no existe diálogo real y que cualquier intento de cambio sin consenso podría derivar en una disputa judicial o legislativa.
“No hay articulación ni voluntad de resolver los problemas. Hay una voluntad de prepotear”, señalaron desde el entorno del gobierno bonaerense, y advirtieron que cualquier modificación estructural debería pasar por el Congreso.

Un conflicto que excede a Buenos Aires
Desde el inicio de la gestión libertaria, el Gobierno nacional dejó en claro su postura de que los hospitales no deben ser nacionales y que cada provincia debe hacerse cargo de los establecimientos en su territorio. La única excepción reconocida es el Hospital Garrahan, al que consideran un centro de referencia nacional.
En ese marco, también aparece bajo análisis el futuro del hospital SAMIC de El Calafate, en Santa Cruz, que podría seguir un camino similar al de los bonaerenses.
Con la salud pública como telón de fondo, el conflicto entre Nación y Provincia suma un nuevo capítulo y vuelve a exponer el impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei sobre áreas críticas, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de hospitales clave para millones de bonaerenses.

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