Interna y malestar en ARS: trabajadores rechazan el aumento aceptado por la conducción
Tras movilizarse a la Gobernación en rechazo a la oferta del 4,5% aceptada por ATE Ensenada, el sector disidente del Astillero Río Santiago anunció nuevas protestas.
Política22 de enero de 2026
Pamela Orellana
Trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) protagonizaron una movilización hacia la Gobernación bonaerense en La Plata, expresando su rechazo al incremento salarial del 4,5% acordado por el gobierno de Axel Kicillof con los gremios estatales la semana pasada. La protesta de este miércoles generó caos vehicular en las inmediaciones de la Plaza San Martín y puso en evidencia la tensión creciente entre las bases y las conducciones sindicales.
La movilización fue liderada por ATE Ensenada y acompañada por organizaciones de izquierda. En paralelo, el sector disidente dentro de ARS, que quedó sin conducción tras la renuncia de Pedro Wasiejko en agosto pasado, ratificó su rechazo al acuerdo y exigió una mejora superior.
Además del rechazo al 4,5%, los trabajadores de ARS exigieron que las vacantes de personal se cubran con los hijos de los empleados que se van jubilando, un reclamo que refleja la preocupación por la continuidad laboral dentro del astillero. Este pedido fue formalizado durante la movilización y registrado por la delegación de ATE Ensenada ante los funcionarios provinciales.
La jornada también estuvo marcada por cruces entre los diferentes sectores del gremio, con insultos y algunos empujones, cuando los opositores a la conducción intentaron dialogar con los funcionarios del gobierno.
José “Pancho” Benegas, secretario general de ATE Ensenada, informó que los funcionarios provinciales se comprometieron a acelerar una respuesta y a gestionar una reunión con el gobernador. “Quedaron en darnos una respuesta lo más rápido posible. Los que estuvieron en la mesa asumieron el compromiso de trabajar para que el gobernador nos reciba”, aseguró Benegas.

Malestar gremial: críticas cruzadas
El acuerdo paritario firmado el viernes pasado ya enfrenta cuestionamientos de distintos sectores. Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires, admitió: “No deja de ser insuficiente”, pese a haber suscrito la oferta oficial.
El dirigente criticó además las estadísticas de inflación: “El INDEC lanza un resumen de 2,8%, pero vemos que en los alimentos y otros productos aumentan un 20% o 30%”. Arévalo también responsabilizó al gobierno nacional por la situación financiera de la provincia: “Los 15 billones de pesos que le robó a la Provincia”.
El sector docente tampoco quedó conforme. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la propuesta por considerarla insuficiente para recomponer salarios. Su presidenta, Liliana Olivera, detalló que un maestro de grado sin antigüedad percibirá en febrero un aumento real de 37.475 pesos de bolsillo.
Por su parte, SUTEBA Multicolor, corriente opositora dentro del gremio docente mayoritario, definió los haberes como “salario de pobreza” y alertó que para febrero quedarán muy por debajo de la línea de pobreza oficial del INDEC.
Calendario que aprieta al Gobierno
El aumento pactado roza el 28% interanual, incluyendo retroactivos de diciembre, pero queda 3,5 puntos por debajo de la inflación de 2025 (31,5%). En marzo, el incremento efectivo se reducirá a poco más del 3% al eliminarse el efecto de los retroactivos, lo que pone el foco en la negociación de febrero.
El calendario suma presión para Kicillof: el 5 de febrero se reabrirá la paritaria general con el compromiso de tomar el 4,5% como piso, mientras que el 2 de marzo arranca el ciclo lectivo. El gobernador apuesta a mantener su récord de seis años consecutivos sin paros al inicio de clases, pero la disconformidad creciente entre trabajadores y docentes plantea un escenario de alta tensión.
Por ahora, las bases de los gremios estatales y docentes ya anunciaron que volverán a movilizarse el 9 de febrero, fecha prevista para la reunión de la mesa técnica salarial, consolidando un enero marcado por la presión gremial y la disputa por recomponer ingresos en un contexto de restricciones financieras provinciales.

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